Law 39/2015: Procedural Rights and Capacities Explained

16 Questions

¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 39/2015?

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas.

¿Cuándo entró en vigor la Ley 39/2015?

2 de octubre de 2016.

¿A quiénes aplica la Ley 39/2015?

Al sector público, incluyendo la administración general del estado, las comunidades autónomas, la administración local y el sector público institucional.

¿Qué significado tienen los interesados en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015?

Personas que directamente solicitan o resultan afectadas por un procedimiento administrativo.

¿A qué edad se adquiere la capacidad de obrar según la Ley 39/2015?

A los 18 años o a los 16 años de manera anticipada.

¿Quiénes están sujetas a la Ley 39/2015 supletoriamente?

Las universidades privadas.

¿A qué se refiere la capacidad jurídica?

A la capacidad de administrar bienes y obligaciones.

¿Qué permite la capacidad de obrar según las normas civiles?

Actuar ante las administraciones públicas.

¿En qué consiste la mayoría de edad en España?

En alcanzar los 18 años.

¿Quiénes pueden actuar ante las administraciones públicas sin necesidad de representación legal?

Los menores de edad emancipados.

¿Qué tipos de poderes pueden registrarse en los registros electrónicos de apoderamientos?

Poder general para actuar en cualquier procedimiento administrativo.

¿Qué se busca con la Ley 39/2015?

Impulsar la digitalización de la administración pública y eliminar procesos en papel.

¿Qué ocurre si varias partes interesadas participan en un procedimiento administrativo?

Las acciones se realizan con el representante designado explícitamente o con la primera parte listada

¿Durante cuánto tiempo tienen validez los poderes registrados en el registro?

Cinco años

¿Qué información debe contener un registro de apoderamientos?

Información como datos del poderdante y apoderado, fecha de inscripción del poder, período otorgado, y tipo de poder conferido

¿Cómo puede acreditarse la representación en procedimientos administrativos?

Mediante comparecencia personal o electrónica

Study Notes

Joe Fernandez, abogado y profesor de derecho, ofrece un curso gratuito sobre la Ley 39/2015 en un formato diferente en el que explica los artículos de manera detallada.
El objetivo principal de la Ley 39/2015 es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluidos los sancionadores y de reclamación de responsabilidad.
La Ley 39/2015 se publicó el 2 de octubre de 2015 en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 2 de octubre de 2016.
La norma se aplica al sector público, incluyendo la administración general del estado, las comunidades autónomas, la administración local y el sector público institucional.
El sector público institucional incluye organismos públicos, entidades de derecho público vinculadas a las administraciones públicas y entidades de derecho privado vinculadas a las administraciones públicas.
Las universidades públicas también están sujetas a la Ley 39/2015, regidas primero por su normativa específica y supletoriamente por esta ley.
Los interesados en el procedimiento administrativo son definidos en los artículos 3 y siguientes, donde se explica la capacidad de obrar y el concepto de interesado.
La capacidad de obrar se adquiere a los 18 años o a los 16 años de manera anticipada, permitiendo a las personas realizar actos jurídicos por sí mismas.
Existe la capacidad jurídica, que es inherente a toda persona desde su nacimiento, y la capacidad de obrar, que se obtiene al alcanzar la mayoría de edad.- Capacidad jurídica se refiere a la habilidad de administrar bienes y obligaciones, mientras que la capacidad de obrar permite actuar y hacer valer derechos ante las administraciones públicas.
Las personas con capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles pueden actuar ante las administraciones públicas, incluyendo los menores de 18 años emancipados.
Los menores de edad pueden actuar ante las administraciones públicas sin necesidad de representación legal, siempre que el ordenamiento jurídico lo permita.
La mayoría de edad en España es a los 18 años, pero una persona puede ser incapacitada si se considera que no tiene la capacidad mental necesaria para administrar sus bienes.
El concepto de "interesado" en un procedimiento administrativo incluye a quienes promueven el acto, a los que tienen interés legítimo afectado por la decisión, y a las asociaciones representativas de intereses.
La representación en procedimientos administrativos puede ser realizada por personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar, debiendo acreditarse la representación para ciertos actos.
La representación puede acreditarse mediante diferentes medios válidos en derecho, como poderes notariales o comparecencia personal o electrónica.
Las administraciones públicas pueden habilitar a personas autorizadas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados.
Los registros electrónicos de apoderamientos permiten comprobar la representación válida de quienes actúan en nombre de un tercero, debiendo estar conectados entre sí para garantizar su interoperabilidad.
Los registros de apoderamientos deben contener información como los datos del poderdante y apoderado, fecha de inscripción del poder, período de tiempo otorgado, y tipo de poder conferido.- Tipologies of powers that can be registered in electronic registries: general power for acting on behalf of the principal in any administrative procedure, general power for acting on behalf of the principal in any administrative procedure before a specific administration or entity, and power for acting on behalf of the principal for specific specified tasks.
Each autonomous community will approve the types of power of attorney models inscribable in the registry for actions before their respective administrations.
Powers of attorney are granted electronically through electronic signature systems or in person at registration assistance offices.
The purpose of Law 39/2015 is to digitalize public administration and eliminate paper processes, encouraging electronic submissions with digital certificates.
Powers registered in the registry have a maximum validity of five years from the date of registration, and can be revoked or extended by the principal at any time before the end of the term.
Requests for registration, revocation, extension, or termination of powers must be directed to any registry, with the information being recorded in the relevant administrative registry for validity.
In case of multiple interested parties in a procedure, actions will be carried out with the representative or the interested party explicitly designated, or if not designated, with the first listed party.
During the instructional phase of a non-publicized procedure, if individuals with legitimate and direct rights are identified who may be affected by the resolution, they must be informed about the procedure.
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Learn about the detailed explanation of the articles in Law 39/2015 by lawyer and law professor Joe Fernandez. Explore topics such as procedural rights, legal capacities, representation in administrative procedures, and digitalization of public administration.

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