Investigación de Cibercrímenes en Derecho Penal

El anonimato online permite que los cibercriminales oculten sus identidades reales tras direcciones IP, dificultando la investigación y la identificación del autor.

Los ciberdelitos pueden cruzar fronteras, dificultando la cooperación entre países para investigar y enjuiciar a los autores.

El cibercrimen se refiere a cualquier actividad ilegal que se produce en el ciberespacio, usando ordenadores o redes como herramientas.

Investigar ciberdelitos es más complejo que investigar delitos tradicionales porque se requiere identificar al autor detrás de una dirección IP y rastrear sus acciones online.

La información que se recopila durante la investigación de un delito, como evidencia digital, registros de actividad, etc.

Las empresas que proporcionan servicios de Internet, como proveedores de acceso a internet, pueden ser claves para identificar a usuarios y rastrear información.

Las autoridades deben coordinarse para investigar y enjuiciar ciberdelitos que cruzan fronteras.

Es necesario investigar al titular de un sistema informático para determinar quién lo utilizó para cometer el delito.

Conjunto de normativas que regula la conservación de datos relacionados con las comunicaciones electrónicas y redes públicas.

Proveedores de acceso a internet (ISPs) que gestionan la conexión a la red.

Información digital que identifica la ubicación de un dispositivo conectado a internet.

Identificar al dueño de una conexión a internet a partir de su dirección IP.

Autorización judicial para acceder a datos de un usuario de internet.

Obtener información de servidores fuera de la jurisdicción nacional.

La ley exige la conservación de datos para facilitar las investigaciones criminales.

Se refiere a la producción, posesión y distribución electrónica de pornografía infantil.

Incluye la reproducción y distribución de obras protegidas por derechos de autor sin autorización.

Establecen procedimientos para salvaguardar la evidencia digital en casos relacionados con delitos informáticos.

Busca armonizar las normas procesales y de investigación relacionadas con la evidencia digital.

Permite solicitar a personas o proveedores de datos el acceso a información crucial para la investigación.

Permite obtener información en tiempo real sobre el tráfico de datos para la investigación.

Procedimiento que facilita la colaboración entre países para la investigación de delitos con evidencia digital.

La distribución o difusión pública a través de Internet, teléfono u otras tecnologías de la información o comunicación de contenidos con el propósito de promover o facilitar, entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de productos, preparados o sustancias, o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios que puedan generar riesgo para la salud, se considera un delito penal.

Las autoridades judiciales tienen la autoridad para ordenar la eliminación de contenidos dañinos difundidos en línea, la interrupción de servicios que los ofrecen o el bloqueo del acceso a dichos contenidos, incluso cuando estos se originan en el extranjero.

El derecho a la intimidad digital se refiere al derecho del usuario a controlar la información personal y familiar que se almacena en archivos de datos.

Se considera una infracción administrativa la recolección ilícita de datos personales con fines informáticos o la creación clandestina de archivos o bancos de datos personales con fines de automatización.

La Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales establece las normas para la protección de la información personal en España.

El artículo 197.2 del Código Penal castiga a quien, sin autorización y en perjuicio de tercero, se apodere, utilice o modifique datos reservados de carácter personal o familiar registrados.

La LO 8/2021 castiga a quienes promueven, fomentan o incitan el suicidio de menores o personas con discapacidad a través de Internet, teléfono u otras tecnologías de la información y comunicación.

La LO 8/2021 castiga a quienes promueven, fomentan o incitan la autolesión de menores o personas con discapacidad a través de medios digitales.

Las autoridades pueden ordenar quitar contenido online, bloquear servicios o direcciones web extranjeras que promueven la autolesión o el suicidio en menores o personas con discapacidad.

La LO 8/2021 amplía la protección legal a menores y personas con discapacidad en el ámbito digital, castiga la incitación al suicidio y a la autolesión a través de la red.

El artículo 143 bis del Código Penal castiga la difusión de contenidos online que promueven, fomentan o incitan al suicidio de menores o personas con discapacidad.

El artículo 156 ter del Código Penal castiga la difusión de contenidos online que promueven, fomentan o incitan la autolesión de menores o personas con discapacidad.

La LO 8/2021 busca proteger a los menores y personas con discapacidad frente a delitos digitales agresivos.

La LO 8/2021 incluye nuevas herramientas digitales y legales para combatir delitos que incitan a la autolesión o al suicidio en menores y personas vulnerables.

Los delitos que se cometen utilizando TICs presentan una complejidad especial en su investigación, requiriendo conocimientos específicos en la materia. Por ejemplo, la falsificación, donde las tecnologías digitales juegan un papel fundamental.

Se refiere a delitos como las injurias y calumnias contra funcionarios públicos que se cometen a través de las TICs. Para que se consideren delitos específicos relacionados con las TICs, la utilización de las tecnologías debe ser un factor decisivo en su ejecución y complicar la investigación criminal.

Amenazas y coacciones cometidas a través de las TICs. La utilización de las tecnologías digitales debe ser fundamental en la ejecución del delito y generar dificultad en la investigación.

El delito contra la integridad moral se produce cuando la utilización de las TICs es fundamental para su ejecución y complica la investigación.

Delitos de apología o incitación a la discriminación, odio y violencia, o negación o justificación de genocidios realizados mediante las TICs. La utilización de las tecnologías digitales debe ser central y dificultar la investigación.

Cualquier otro tipo de delito donde la utilización de las TICs sea esencial para su ejecución y genere una dificultad significativa en la investigación. En estos casos, la tecnología digital debe ser un factor determinante y complejo para la investigación.

En los casos donde la actividad delictiva se lleva a cabo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la investigación puede volverse particularmente compleja. Necesitamos comprender cómo se utilizan las TICs para cometer los delitos a fin de desarrollar estrategias de investigación eficaces.

Los ciberdelincuentes a menudo aprovechan las ventajas que ofrecen las TICs para cometer los delitos. Por ejemplo, los criminales pueden usar el anonimato en línea para ocultar su identidad, lo que dificulta la investigación.