Implicaciones Ambientales en Construcción

Son terrenos bajos que se inundan debido a las mareas, olas o filtración del agua de mar. Algunos ejemplos son marismas, albuferas, marjales y esteros.

Incluye arenas, gravas y guijarros. También abarca escarpes, bermas y dunas, hasta donde sea necesario para proteger la playa y la costa.

Es la zona adyacente a la costa que, debido a la acción del mar, presenta características particulares.

Es la franja de 12 millas náuticas que se extiende desde la línea de costa.

Es el área que se extiende más allá del mar territorial, hasta las 200 millas náuticas.

Son bienes que pertenecen al Estado, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

La Administración del Estado tiene la obligación de investigar la situación de los bienes y derechos que podrían pertenecer al dominio público marítimo-terrestre.

Nadie puede tener propiedad privada dentro del dominio público marítimo-terrestre, incluso si se ha ganado terreno al mar.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un documento que evalúa el impacto ambiental de un proyecto. No decide si el proyecto se aprueba o no, pero sí informa sobre su viabilidad ambiental y las medidas necesarias para minimizar el impacto.

La DIA es un documento obligatorio para la autoridad que aprueba o autoriza un proyecto. La autoridad debe tener en cuenta la información de la DIA al tomar su decisión.

La Evaluación Ambiental (EA) es un proceso que integra los aspectos ambientales en la planificación de planes y programas públicos. Este proceso busca asegurar la transparencia y participación ciudadana.

La EA incluye un proceso de participación pública para evaluar los efectos ambientales de un plan o programa. Se realiza un informe ambiental que se considera al aprobar el plan.

La normativa europea, estatal y autonómica exige la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para planes y programas públicos que pueden afectar significativamente el medio ambiente.

La legislación urbanística exige que los planes urbanísticos se sometan a una EAE. Este proceso incluye un informe de sostenibilidad, consultas y una memoria ambiental.

Se someten a EAE todos los planes supramunicipales y los planes generales, parciales y especiales, ya que estos planes son la base de proyectos futuros.

La EAE es un proceso que integra el medio ambiente en la toma de decisiones sobre planes y programas públicos. Este proceso busca asegurar la sostenibilidad y la participación ciudadana.

El terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

Fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas bajas.

Terreno que limita con el cauce del río y está situado por encima de él.

Franja lateral de 100 metros de ancho a cada lado del cauce, donde se regulan las actividades para proteger el río.

Franja lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con 5 metros de ancho, reservada para vigilancia, pesca y salvamento.

El terreno que ocupan las aguas de un lago o laguna, en su nivel máximo.

El terreno cubierto por las aguas de un embalse superficial, cuando alcanzan su mayor nivel.

La superficie necesaria para la calzada, los arcenes, los elementos de protección medioambiental o funcionales, incluyendo estacionamientos, así como una franja variable con medidas mínimas: 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas, y 3 en el resto de las carreteras del sistema viario autonómico.

Esta zona está destinada a la construcción, conservación y explotación de la vía, y se requiere autorización para cualquier actividad.

En casos excepcionales, se pueden realizar obras o instalaciones en la zona de dominio público si un servicio de interés general lo requiere.

Una franja de terreno que rodea la zona de dominio público y protege su funcionamiento.

En autopistas y autovías la zona de protección es de 50 metros, mientras que en el resto de las carreteras es de 25 o 18 metros.

La nueva construcción de edificios está prohibida en la zona de protección del dominio público.

En la zona de protección se permite la reparación y mejora de edificaciones existentes, siempre que no supongan un aumento de volumen.

Rutas o itinerarios por donde tradicionalmente ha discurrido el tránsito ganadero, consideradas bienes de dominio público de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.

La administración pública tiene el poder de evitar demoliciones e interrumpir cualquier tipo de obra o intervención en un bien cultural.

Si el dueño de un bien cultural no lo cuida, la administración puede arreglarlo y cobrarle los gastos después.

Si el dueño de un bien cultural quiere venderlo, la administración tiene derecho a comprarlo antes que otros.

Si el dueño de un bien cultural no lo cuida, la administración puede expropiarlo por el bien público.

La Ley 4/1998 y sus modificaciones protegen el patrimonio cultural valenciano.

El patrimonio cultural valenciano incluye objetos y construcciones de valor histórico, artístico, arqueológico, etc.

El patrimonio cultural valenciano abarca objetos dentro de la Comunidad Valenciana y fuera de ella, si representan la cultura valenciana.

El patrimonio cultural valenciano incluye objetos o lugares de diferentes tipos, como históricos, artísticos o arqueológicos.

La Ley de Contratos del Sector Público es la norma fundamental para la contratación pública en España. Establece las reglas generales para la contratación pública, pero debe complementarse con las directivas europeas.

Las regiones autónomas pueden desarrollar su propia legislación sobre contratación pública, pero deben armonizarla con la ley estatal. Esta normativa sirve para adaptar la ley general a las circunstancias locales.

Hay una normativa específica para los servicios públicos esenciales como el agua, la energía, el transporte y los servicios postales.

Las Directivas europeas establecen un conjunto de reglas mínimas para la contratación pública en los países de la Unión Europea. Las normas nacionales deben cumplir con estos estándares.

La Administración pública debe contratar bienes, servicios y obras de forma transparente, justa y eficiente. Esto significa que las empresas deben tener las mismas oportunidades de participar en la contratación.

Las empresas que contratan con la Administración deben ser seleccionadas por la mejor oferta, no por favoritismos. Esto significa que se debe tener en cuenta la calidad de la oferta, el precio y otros criterios relevantes.

El control de las contrataciones públicas busca garantizar que los contratos se celebren de forma legal y que se ejecuten correctamente.

La transparencia es fundamental en la contratación pública. Los datos sobre los contratos deben estar disponibles para el público, lo que aumenta la confianza y la participación.