Gestión del Registro de Infractores Ambientales

Registro de Infractores Ambientales

• El registro de infractores ambientales está regulado por el artículo 139 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.
• La gestión de este registro es responsabilidad del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental).

Funciones del OEFA

• El OEFA es el encargado de aprobar reglamentos para supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental mediante resolución de su Consejo Directivo.
• Se autoriza al OEFA a adecuar sus instrumentos de gestión conforme a la nueva normativa.

Disposiciones Transitorias

• Mientras se efectúa la transferencia de funciones de evaluación y fiscalización, las entidades actuales mantendrán sus funciones según sus propias normas.
• El OEFA debe coordinar la fiscalización ambiental con entidades competentes asegurando el respeto a los derechos ambientales.

Régimen Común de Fiscalización Ambiental

• El Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que realicen fiscalización ambiental.
• Este régimen establece principios y bases comunes para la fiscalización ambiental, promoviendo una intervención eficiente.

Responsabilidad Objetiva

• Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con normas y mandatos del OEFA.
• Esto implica que pueden ser sancionados sin necesidad de demostrar culpa.

Clasificación de Infracciones y Sanciones

• Las infracciones se clasifican en tres categorías: leves, graves y muy graves, basadas en su impacto en la salud y el ambiente.
• El Ministerio del Ambiente, a través del OEFA, aprobará una escala de sanciones aplicables a cada tipo de infracción, tomando como base criterios definidos por la normativa.

Contexto Legal

• La Ley 30011, publicada el 26 de abril de 2013, modifica artículos anteriores y regula el procedimiento de sanciones y fiscalización en materia ambiental.
• Se detalla la existencia del régimen de incentivos y del registro de buenas prácticas ambientales, que son supervisados por el OEFA y otras entidades de fiscalización.