Gestión del Agua en Comunidades Autónomas

Las autonomías que se crearon con el artículo 151 de la Constitución, y por la Disposición Transitoria 2ª, tienen derecho a competencias en todo lo que no esté reservado al Estado. En temas de agua, esto significa que las comunidades autónomas pueden gestionar la regulación y administración de las cuencas internas, siempre que estén completamente dentro de su territorio.

Ellas pueden gestionar la planificación de las aguas, la supervisión de los cauces, la protección de las comunidades de usuarios, y establecer reglas y finanzas para la gestión del agua.

Las autonomías pueden tener funciones de gestión similares a las del Estado en las cuencas internas, como la planificación hidrológica, la gestión de aguas y cauces, la protección de usuarios y la administración financiera. Sin embargo, la aprobación final de los planes de gestión del agua siempre la tiene el Estado.

Las competencias de las Comunidades Autónomas no se limitan a la gestión de las cuencas internas y se relacionan con diferentes áreas como la gestión del dominio público hidráulico.

Las diferentes áreas que se encargan del agua deben coordinarse para evitar confusiones y garantizar una gestión coherente.

Las competencias de las autonomías en materia de agua se detallan en sus Estatutos de Autonomía. Esto define qué pueden y qué no pueden hacer en la región.

La Ley de Aguas de España establece las directrices y los principios generales para la gestión del agua en todo el país, incluyendo los roles del Estado y las autonomías.

La ley básica del Estado sobre el agua se aplica tanto a la gestión del Estado como a la gestión de las cuencas internas por las autonomías.

El artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) reconoce el derecho de las personas físicas y jurídicas a tener acceso a información relacionada con el agua.

La Directiva 03/2004 y el Convenio Aarhus, incorporados a la legislación española a través de la Ley 27/2006, amplían el derecho a la información en materia ambiental.

Las Administraciones Públicas (AAPP) tienen la responsabilidad de brindar información ambiental a los ciudadanos, ayudarles a encontrarla y proporcionar una lista de las autoridades que cuentan con esta información.

La Ley 27/2006 establece que la Administración Pública debe proporcionar información ambiental a los ciudadanos, incluso si no se la solicitan.

Existen excepciones legales a la obligación de brindar información ambiental, pero la decisión de negarla se debe justificar y ponderar los intereses en presencia, y las excepciones deben interpretarse de forma restrictiva.

La Directiva Marco de Aguas (DMA), incorporada al TRLA por la Ley 62/2003, establece un marco de actuación para la política de aguas a nivel comunitario.

La Ley 62/2003 modificó el TRLA con el fin de incorporar las directrices de la DMA en la legislación española. Introdujo nuevos artículos y reformó otros.

La Ley 62/2003 modificó los artículos 16, 35, 36, 40, 41 y 42 del TRLA e introdujo los artículos 16 bis, 36 bis y 40 bis.

La Ley 10/2005 obliga al Gobierno a establecer las condiciones básicas para la reutilización de aguas, especificando la calidad requerida para las aguas depuradas en función de sus usos.

El titular de la autorización o concesión de reutilización de agua es responsable de cubrir los costes para alcanzar la calidad requerida en cada momento.

La reutilización de agua requiere una concesión, excepto para aquellos que ya poseen autorización de vertido, quienes necesitan una autorización complementaria.

La ORDEN ARM 1312/2009 establece sistemas para controlar el uso de agua del dominio público hidráulico, los retornos y los vertidos.

La ORDEN ARM 1312/2009 obliga a los usuarios de agua del dominio público a instalar y mantener sistemas de medición de consumo y retorno de agua.

La ORDEN MAM 85/2008 define las normas para la toma de muestras y el análisis de aguas residuales.

Las normas reglamentarias que desarrollan la Ley de Aguas se adaptan a nuevos requerimientos y cambios legales introducidos en la Ley de Aguas.

Las Órdenes Ministeriales complementan la Ley de Aguas y regulan aspectos específicos del uso y protección del dominio público.

Es el título administrativo que otorga el derecho al uso privativo de las aguas, aplicando los principios de publicidad y concurrencia.

Se utiliza para permitir el uso común especial de las aguas, con publicidad y concurrencia si el uso del recurso afecta a otros.

Se utiliza para los usos comunes especiales de navegación, flotación y pastos, sin afectar a otros usuarios.

Se establece una relación bilateral entre el usuario y la administración para controlar que el uso del agua se realiza de acuerdo a las condiciones del título administrativo otorgado.

La administración controla que el uso del agua sea conforme al título administrativo otorgado, autoriza modificaciones, sanciona incumplimientos y puede retirar el título.

El Servicio de Control y Vigilancia, integrado por los Guardas Fluviales y los funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales, se encarga de la vigilancia e inspección del uso del agua.

Confederaciones, Guardia Civil, Administraciones Autonómicas y Comunidades de Usuarios colaboran para mejorar la vigilancia del uso del agua.

El intercambio de información entre las Comunidades Autónomas es esencial para facilitar la colaboración en la vigilancia del uso del agua.

Son acciones prohibidas por la Ley de Aguas que pueden resultar en sanciones.

Se refiere a la acción de verter sustancias que contaminan o dañan la calidad del agua, sin la autorización necesaria.

Consiste en no cumplir con las normas o acciones obligatorias establecidas en la Ley de Aguas.

La extracción de agua subterránea sin la autorización correspondiente.

La falta de presentación de una declaración o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, para realizar una actividad.

La presentación de información incorrecta o incompleta en la declaración responsable.

Se clasifica en cuatro niveles (leves, menos graves, graves y muy graves) dependiendo de la gravedad de la infracción.

Dependiendo del tipo de infracción, la Ley de Aguas establece multas con diferentes montos.

La gestión del dominio público hidráulico por parte de la administración incluye la gestión de la información sobre los títulos administrativos y la atención de las solicitudes de información por parte de los ciudadanos.

La administración responsable del dominio público hidráulico hace uso de sus poderes para cobrar impuestos, sancionar infracciones y expropiar terrenos si es necesario.

Los Organismos de Cuenca cobran tasas por la utilización de los bienes del dominio público hidráulico y por la descarga de aguas residuales.

El canon del artículo 112 del TRLA se paga por la ocupación, utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico y se destina a la protección y mejora de los recursos hídricos.

El valor de la ocupación se determina por el valor de mercado de terrenos contiguos, la utilización por el valor de la utilización o beneficios obtenidos, y el aprovechamiento por el valor de los materiales consumidos o la utilidad que reporte.

El canon por la utilización de aguas para la producción de energía eléctrica también se destina a la protección y mejora del dominio público hidráulico.

La gestión del dominio público hidráulico requiere que la administración tenga la autoridad para aplicar las normas y regular las actividades relacionadas con el agua.

El dominio público hidráulico es un bien público que debe ser gestionado de forma sostenible para garantizar su uso para las generaciones futuras.