Gestión de Riesgos en Seguridad Bancaria

Posibilidad de que ocurra un evento que afecte negativamente la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos.

Riesgo que surge por la posibilidad de sanciones, multas o acciones legales por incumplimiento de las regulaciones.

Riesgo que surge por la posibilidad de daños a la reputación debido a malas prácticas o escándalos.

Riesgo que surge por posibles pérdidas financieras, como la caída de las inversiones o la falta de liquidez.

Riesgo que surge por la posibilidad de litigios, querellas o demandas penales.

Acciones que pueden afectar negativamente la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos.

Posibilidad de que una organización sea afectada por una amenaza.

Magnitud del impacto de una amenaza.

El regulador debe tener procedimientos claros y consistentes para implementar la regulación.

El personal del regulador debe actuar con profesionalismo y confidencialidad.

Las Organizaciones Autorreguladas (SRO) deben ser utilizadas por el regulador, pero solo según la dimensión y la complejidad del mercado.

Las SRO están bajo la supervisión del regulador y deben actuar con justicia y confidencialidad.

El regulador necesita amplios poderes de inspección, investigación y supervisión.

El sistema debe garantizar que los poderes del regulador sean utilizados de manera efectiva y creíble.

Los reguladores deben cooperar intercambiando información con sus equivalentes nacionales y extranjeros.

Se debe difundir información financiera y relevante para los inversores de manera completa, puntual y exacta.

Ley que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Decreto que reglamenta la Ley 23 de 2015, incluyendo la creación de perfiles financieros, operaciones inusuales y obligaciones para reportar operaciones sospechosas.

Este decreto reglamenta la creación del sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.

Decreto que también reglamenta la Ley 23 de 2015, incluyendo la creación de perfiles financieros, operaciones inusuales y obligaciones de reporte.

Conjunto de medidas y acciones realizadas por una institución financiera para prevenir y gestionar el riesgo de ser utilizado para actividades de lavado de dinero.

Proceso para verificar la identidad de un cliente y la fuente y naturaleza de sus fondos.

Acción de ocultar el origen de dinero obtenido de manera ilícita, haciéndolo parecer legal.

Una persona que controla o ejerce un poder de decisión en una persona jurídica.

Modificar o manipular información solicitada por las autoridades establecidas en la Ley 23 de 2015.

No cumplir con las medidas de seguridad especiales para clientes o servicios de alto riesgo.

No reportar a las autoridades lo establecido en la ley cuando se tiene la certeza o indicios de un delito.

Retrasar o negarse a proporcionar información, documentación o reportes solicitados por la SMV, UAF u otras autoridades.

No cumplir con el deber de congelar bienes preventivamente establecidos en la Ley 23 de 2015.

Omitir intencional o involuntariamente la aplicación de la política de conocimiento del empleado para su selección, perfil y capacitación, según la Ley 23 de 2015.

Resistirse, obstruir o no colaborar con las autoridades en sus investigaciones.

No entregar los informes de efectivo y cuasi-efectivo a la UAF a tiempo, el 30 de cada mes.

Cualquier otra acción que la SMV determine como infracción según su gravedad mediante acuerdo reglamentario.

Iniciar una relación comercial o prestar un servicio a un cliente que no cumple con los requisitos de debida diligencia.

Realizar una transacción con un cliente que no ha pasado los controles de debida diligencia.

Una infracción con consecuencias menos graves, que puede ser corregida con medidas menos severas.

Infraction que se considera un grave incumplimiento de las regulaciones y puede resultar en sanciones más severas.

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo debe ser notificada sobre las sanciones impuestas por la Ley 23 de 2015 y sus reglamentos.

Las autoridades deben recopilar estadísticas sobre la efectividad de la Ley 23 de 2015, incluyendo las supervisiones y sanciones aplicadas a los sujetos obligados.

Las autoridades tienen la responsabilidad de hacer cumplir la Ley 23 de 2015 y sus reglamentos, aplicando medidas y sanciones a los sujetos obligados cuando sea necesario.

Este paso del proceso sancionador se refiere a la investigación preliminar que se realiza antes de iniciar un procedimiento sancionador formal.

Durante esta etapa, se formula formalmente una acusación contra el sujeto obligado, detallando las infracciones a la Ley 23 de 2015 que se le imputan.

Este paso consiste en recopilar y evaluar las pruebas relevantes para determinar si el sujeto obligado es responsable de las infracciones a la Ley 23 de 2015.

En esta etapa, las partes involucradas (el sujeto obligado y las autoridades) presentan sus argumentos finales para defender sus posiciones.

Esta resolución es el documento oficial que determina si el sujeto obligado es culpable de las infracciones a la Ley 23 de 2015 y, de ser así, establece las sanciones que se aplicarán.