TEST 3 LIBRO COMÚN: La Administración General del Estado: Organización y funcionamiento. La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público

¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?

Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de:

El nombramiento de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es competencia del:

El Jefe Superior de un Departamento Ministerial, después del Ministro, en el supuesto de que no exista un Secretario de Estado, es el:

¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?

¿Qué rango ostentan los Subdelegados del Gobierno?

indica cuál de las siguientes no es una de las competencias de los Secretarios de Estado:

Indica cuál de los siguientes no es un órgano directivo de la Administración General del Estado:

Según el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación, para la consecución de un resultado común, de:

A los Delegados del Gobierno de la Nación en las Comunidades Autónomas se refiere el siguiente artículo de la Constitución:

El Delegado del Gobierno de la Nación en una Comunidad Autónoma se nombra por el:

La propuesta del nombramiento del Delegado del Gobierno de la Nación en las Comunidades Autónomas corresponde al/a los:

El Consejo de Ministros, en el nombramiento de Subdelegados del Gobierno en las provincias:

Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, tienen nivel orgánico de:

Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de buena fe, confianza legítima y:

Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y:

Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de participación, objetividad y:

Señala cuál de los siguientes no es uno de los objetivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público:

De los siguientes, ¿cuál no es un requisito exigido para la creación de cualquier órgano administrativo?

En cuanto a la competencia de los órganos administrativos:

En referencia a los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a:

En relación a la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que:

En cuanto a la delegación de firma, es cierto que:

En relación a los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que:

En lo concerniente a la recusación, a la que se refiere el art. 24 de la LRJSP:

Los órganos activos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

Según el artículo 7 de la LRJSP, la Administración consultiva podrá articularse a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios:

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, conforme al artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es adecuada con relación a las mismas?

Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las encomiendas de gestión se podrán efectuar:

La sede electrónica, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es:

De acuerdo con el artículo 32 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de lo actos o disposiciones administrativas:

Establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de principios. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta en relación con tales principios?

Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas:

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente el siguiente criterio:

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer:

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán:

Las infracciones leves prescribirán:

¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves?

Señala la respuesta correcta respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones:

¿En qué caso, las sanciones administrativas de naturaleza pecuniaria, podrán implicar privación de libertad?

¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas muy graves?

Con carácter general, las infracciones graves prescribirán:

Interrumpirá la prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante:

El artículo 31 de la LPACAP, respecto a las sanciones, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se dispone que:

Una disposición administrativa sancionadora puede tener efectos retroactivos:

De acuerdo con el artículo 28 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:

Cuando la Administración debe indemnizar a un particular por un daño que le ha ocasionado al desarrollar legalmente un servicio público, estamos ante un supuesto:

Para estar obligado a indemnizar no es necesario que el daño sea:

Si un particular sufre una merma en su patrimonio como consecuencia de la actividad legal de la Administración Pública, estando obligado a soportarlo:

Se define como “dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”: