50 Questions
¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?
Subsecretario
Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de:
Director General
El nombramiento de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es competencia del:
Consejo de Ministros
El Jefe Superior de un Departamento Ministerial, después del Ministro, en el supuesto de que no exista un Secretario de Estado, es el:
Subsecretario
¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?
El Delegado del Gobierno
¿Qué rango ostentan los Subdelegados del Gobierno?
Subdirector General
indica cuál de las siguientes no es una de las competencias de los Secretarios de Estado:
Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento
Indica cuál de los siguientes no es un órgano directivo de la Administración General del Estado:
Los Secretarios de Estado
Según el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación, para la consecución de un resultado común, de:
Garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia.
A los Delegados del Gobierno de la Nación en las Comunidades Autónomas se refiere el siguiente artículo de la Constitución:
El Delegado del Gobierno de la Nación en una Comunidad Autónoma se nombra por el:
Consejo de Ministros.
La propuesta del nombramiento del Delegado del Gobierno de la Nación en las Comunidades Autónomas corresponde al/a los:
Presidente del Gobierno de la Nación.
El Consejo de Ministros, en el nombramiento de Subdelegados del Gobierno en las provincias:
No interviene.
Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, tienen nivel orgánico de:
Subdirector General.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de buena fe, confianza legítima y:
Lealtad institucional.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y:
Proximidad a los ciudadanos.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de participación, objetividad y:
Transparencia de la actuación administrativa.
Señala cuál de los siguientes no es uno de los objetivos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público:
Regular los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
De los siguientes, ¿cuál no es un requisito exigido para la creación de cualquier órgano administrativo?
Identificación de los órganos con los que vayan a causar duplicación de competencias.
En cuanto a la competencia de los órganos administrativos:
La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
En referencia a los órganos administrativos, podrán delegar competencias relativas a:
El ejercicio de la potestad sancionadora.
En relación a la delegación de competencias entre órganos administrativos, no es cierto que:
Las competencias que se ejercen por delegación pueden ser delegadas.
En cuanto a la delegación de firma, es cierto que:
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.
En relación a los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que:
Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
En lo concerniente a la recusación, a la que se refiere el art. 24 de la LRJSP:
La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
Los órganos activos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
Instrucciones y Órdenes de servicio.
Según el artículo 7 de la LRJSP, la Administración consultiva podrá articularse a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios:
No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta.
Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, conforme al artículo 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es adecuada con relación a las mismas?
Para que surtan eficacia las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán siempre en el boletín oficial que corresponda
Conforme al artículo 11 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las encomiendas de gestión se podrán efectuar:
Con órganos de la misma o de distinta Administración.
La sede electrónica, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es:
Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
De acuerdo con el artículo 32 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de lo actos o disposiciones administrativas:
No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de principios. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta en relación con tales principios?
Participación, subjetividad y transparencia de la actuación administrativa.
Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas:
En otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos.
En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente el siguiente criterio:
Todas las respuestas son correctas.
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer:
Únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán:
A los tres años.
Las infracciones leves prescribirán:
A los seis meses.
¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves?
A los dos años.
Señala la respuesta correcta respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones:
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.
¿En qué caso, las sanciones administrativas de naturaleza pecuniaria, podrán implicar privación de libertad?
En ningún caso.
¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas muy graves?
A los tres años.
Con carácter general, las infracciones graves prescribirán:
A los dos años.
Interrumpirá la prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante:
Más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
El artículo 31 de la LPACAP, respecto a las sanciones, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se dispone que:
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.
Una disposición administrativa sancionadora puede tener efectos retroactivos:
Cuando favorezca al presunto infractor.
De acuerdo con el artículo 28 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
Cuando la Administración debe indemnizar a un particular por un daño que le ha ocasionado al desarrollar legalmente un servicio público, estamos ante un supuesto:
Incluido en la teoría de la indemnización.
Para estar obligado a indemnizar no es necesario que el daño sea:
General.
Si un particular sufre una merma en su patrimonio como consecuencia de la actividad legal de la Administración Pública, estando obligado a soportarlo:
No tiene derecho alguno a indemnización.
Se define como “dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”:
Sede electrónica.
Este cuestionario explora las funciones y categorías de los cargos en las Comunidades Autónomas de España, centrándose en los Delegados del Gobierno, Secretarios Generales Técnicos y Jefes de Servicio. Pon a prueba tus conocimientos sobre la jerarquía de estos cargos gubernamentales.
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