Funcionarios Interinos y Selección

Ley que reconoce los servicios prestados en la Administración Pública.

Ley que establece medidas para prevenir los riesgos en el trabajo.

Ley que regula el sistema de Seguridad Social para los funcionarios civiles del Estado.

Ley que regula las clases pasivas del Estado, es decir, los funcionarios que ya no están en activo.

Real Decreto sobre incompatibilidades para funcionarios públicos.

Reglamento que establece las normas disciplinarias para los funcionarios públicos.

Reglamento sobre el ingreso, la provisión de puestos y la promoción profesional de los funcionarios.

Reglamento que regula las situaciones administrativas de los funcionarios, como las licencias, permisos o excedencias.

Los funcionarios interinos son nombrados temporalmente para cubrir puestos de funcionarios de carrera, por razones de necesidad y urgencia.

Se establecen cuatro circunstancias para nombrar funcionarios interinos: plazas vacantes, sustitución transitoria, programas temporales y exceso de trabajo.

El plazo máximo para cubrir plazas vacantes con funcionarios interinos es de tres años.

La duración máxima de los programas temporales que justifican la contratación de funcionarios interinos es de tres años, ampliable a doce meses.

Los procedimientos de selección de funcionarios interinos deben ser públicos y regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

El nombramiento como funcionario interino no otorga la condición de funcionario de carrera.

La relación de interinidad termina de forma automática cuando se cubre el puesto con un funcionario de carrera, se suprimen los puestos o termina el plazo del nombramiento.

La finalización de la relación de interinidad no otorga derecho a compensación.

Las retribuciones del personal laboral se basan en la legislación laboral, el convenio aplicable y su contrato de trabajo. Se respeta el Estatuto en cuanto a las cantidades y aumentos de sueldo.

Las Administraciones Públicas pueden financiar planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan cobertura de jubilación con un porcentaje de la masa salarial.

Si no se realiza la jornada laboral completa, se deducirá proporcionalmente el salario, sin ser considerado una sanción.

Los empleados públicos tienen derecho a negociar sus condiciones de trabajo con sus representantes.

La negociación colectiva se define como el derecho a negociar las condiciones de trabajo en la Administración Pública.

El derecho de los empleados públicos a elegir representantes y formar órganos para dialogar con la administración.

El derecho a participar, a través de organizaciones sindicales, en los órganos de control de las entidades públicas.

La participación en órganos de control se realiza a través de los sistemas y órganos específicos que se detallan en este capítulo.

Las organizaciones sindicales más representativas pueden presentar recursos legales contra las decisiones de los órganos de selección.

El ejercicio de los derechos de participación debe respetar el contenido del Estatuto y las leyes complementarias.

Las condiciones de trabajo en la administración pública deben tener en cuenta los tratados internacionales ratificados por España.

La negociación colectiva, representación y participación del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Los convenios colectivos que afectan al personal laboral se garantizan, salvo excepciones por interés público.

Se refiere a las condiciones de trabajo que las administraciones públicas deben negociar con los sindicatos, como el calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, y la planificación estratégica de los recursos humanos.

Son las decisiones de las administraciones que afectan a su propia organización, las cuales no están sujetas a la negociación con los sindicatos.

Aunque no se negocien las decisiones de organización, si estas impactan las condiciones de trabajo de los funcionarios, la Administración debe negociarlas.

Se refiere a la regulación del ejercicio de derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos, así como al procedimiento de formación de actos y disposiciones administrativas. No está sujeta a negociación.

Se refiere a la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo, que no es negociable.

Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica no son temas negociables.

La regulación y determinación de los sistemas y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional no son temas negociables con los sindicatos.

Son acuerdos entre la Administración Pública y sindicatos sobre las condiciones de trabajo del personal.

los empleados públicos tienen derecho a disfrutar de un periodo de descanso retribuido de 22 días hábiles por año, o proporcionalmente si el tiempo de servicio fue menor.

Las administraciones públicas pueden ofrecer hasta 4 días adicionales de vacaciones a los funcionarios, según el tiempo de servicio.

Los sábados no se consideran días hábiles para el cálculo de las vacaciones.

Las vacaciones se pueden disfrutar aunque el año natural haya terminado, si se inició la licencia durante el año o si se produjo una situación que impidió iniciarlas (maternidad, incapacidad, etc.), siempre que no hayan pasado más de 18 meses desde el final del año.

El periodo de vacaciones anuales retribuidas no se puede cambiar por dinero.

Los empleados públicos tienen derecho a solicitar el pago económico de las vacaciones no disfrutadas si su relación laboral termina por causas ajenas a su voluntad, especialmente en casos de jubilación por incapacidad o fallecimiento.

El régimen de jornada, permisos y vacaciones del personal laboral está regido por la legislación laboral y el capítulo correspondiente de esta ley.

Los empleados públicos tienen deberes que cumplir, detallados en la legislación.