Financiación de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha

• El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades competencias exclusivas en asistencia y servicios sociales, incluyendo la protección y ayuda a menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y otros grupos necesitados.
• La Ley 39/2006 del Estado establece que la capacidad económica para acceder a las prestaciones de dependencia se basa en la renta y el patrimonio del solicitante, y que los beneficiarios participarán en la financiación según el tipo de servicio y su capacidad económica.
• El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acuerda los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
• La Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha (14/2010) y la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (7/2014) prevén la participación de los usuarios en la financiación de los servicios sociales.
• El Decreto 1/2019 regula la capacidad económica de los beneficiarios y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Castilla-La Mancha.

Finalidad del Decreto

• El decreto regula la participación de las personas beneficiarias en la financiación de los servicios del SAAD en Castilla-La Mancha.
• Mejora y actualiza la aplicación actual de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios.
• Establece criterios de uniformidad y equidad para la diversa tipología de servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y fija los costes de referencia de los mismos.

Participación Económica y Criterios

• El catálogo de servicios del SAAD se integra en el sistema público de servicios sociales, aplicable a personas en situación de dependencia y a quienes no lo están.
• El mismo régimen de participación económica se aplica a todos los usuarios de estos servicios, independientemente de su situación de dependencia.
• La participación económica se basa en la capacidad económica personal, el tipo y el coste del servicio.
• Para servicios en centros de la Consejería competente, se aplica la Ley 9/2012, que define los precios públicos para servicios prestados en régimen de derecho público y de solicitud voluntaria.

Precios Públicos y Subvenciones

• Los precios públicos pueden ser inferiores al coste si existen razones sociales, benéficas, culturales o de interés público acreditadas, siempre que se consignen las dotaciones necesarias en el presupuesto autonómico.
• La participación económica del beneficiario debe ser inferior al coste real de los servicios, favoreciendo a personas con rentas bajas.
• Se establecen precios públicos que no cubren el coste real de los servicios debido a su naturaleza social.
• En servicios prestados por entidades privadas o locales en colaboración con la Consejería, no se pueden establecer condiciones de participación distintas a las de este decreto.

Novedades y Mejoras Introducidas

• Se mantiene la continuidad de los criterios de participación existentes.
• Se establece la gratuidad de servicios como teleasistencia (básica y avanzada), promoción de la autonomía personal (Sepap-MejóraT), atención temprana, centros ocupacionales para personas con discapacidad, ayudas técnicas y capacitación sociolaboral para personas con discapacidad.
• Se incrementa la cantidad mínima garantizada para gastos personales en atención residencial, con mayor cuantía para personas con discapacidad.
• Se reduce el porcentaje de participación si el beneficiario percibe una prestación de naturaleza y finalidad análogas.

Modificaciones a otros Decretos

• Se modifican el Decreto 186/2010 y el Decreto 52/2021 para adaptarlos a la normativa vigente y a las necesidades de gestión de centros y servicios especializados.

Principios de Buena Regulación

• El decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en la Ley 39/2015.
• Se han realizado trámites de consulta pública, audiencia e información pública.

Consultas Realizadas

• Se consultó al Consejo Regional de Municipios, al Consejo de las Personas Mayores, al Consejo Asesor de Servicios Sociales, a la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social y al Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha.

Aprobación

• El decreto fue propuesto por la Consejera de Bienestar Social, oído el Consejo Consultivo, y aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de octubre de 2024.