Expropiación Forzosa: Fundamentos y Evolución

Fundamentos de la Expropiación Forzosa

• La expropiación forzosa se activa cuando hay conflicto entre el interés público y el privado, dando prevalencia al primero.
• Se requiere un procedimiento legal para transferir el derecho expropiado, asegurando una justa indemnización.
• Las enmiendas a las leyes de expropiación reflejan cambios en la amplitud del interés público y avances técnicos para un procedimiento más eficiente y garantías al individuo.
• La ley actual, promulgada en 1879, necesita ser actualizada debido a las transformaciones en la administración y la sociedad.
• La legislación existente carece de suficiente flexibilidad y agilidad para responder a las necesidades urgentes, como se evidenció con la Ley de 1939 durante la reconstrucción nacional.

Evolución del Interés Público y la Función Social

• El concepto liberal original de expropiación se ha expandido con la conciencia social del Estado moderno.
• El artículo 32 del Fuero de los Españoles introduce la expropiación por interés social, lo cual reconoce la función social de la propiedad.
• Esta ampliación exige una nueva configuración de la expropiación para empoderar a la Administración en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
• Se ha aplicado una concepción más amplia de la expropiación a la legislación vigente, particularmente en materia de colonización e interés social.

Ámbito de Aplicación y Figuras Afines

• Se necesita revisar el ámbito de la expropiación para acoger las notables ampliaciones que han ocurrido por legislación especial.
• Algunos ejemplos son la expropiación de participaciones en capital social y la consorcio o arrendamiento forzoso.
• La legislación busca un estatuto legal básico para todas las formas de acción administrativa que impliquen una lesión individualizada por razones de interés general.

Responsabilidad por Daños Causados por la Administración

• Existe la oportunidad de corregir la falta de una norma legal sobre responsabilidad por daños causados por la Administración.
• La legislación de régimen local ya incorpora criterios progresivos, y se puede usar la Ley de Expropiación Forzosa para abordar supuestos importantes de lesión patrimonial privada.

Eficacia y Garantías en el Procedimiento

• La ley está enfocada en la eficacia, para que la transmisión de derechos no impacte negativamente la medida.
• Se necesita un sistema de garantías para los interesados, asegurando un justo equilibrio.
• Se busca eliminar obstáculos procesales y evitar el uso malicioso de mecanismos reconocidos.

Estructura del Procedimiento y Aligeración de Trámites

• La Ley de 1879 se estructura en cuatro fases: declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, justiprecio, pago y toma de posesión.
• Los requisitos de la acción protegen al individuo contra una lesión jurídica excesiva derivada de la expropiación.
• Se pretende aligerar el requisito de legalidad, entendiendo la autorización implícita en actos previos de órganos competentes.

Declaración de Utilidad Pública e Interés Social

• La Ley de 1879 ya exceptuaba ciertas obras realizadas según la Ley de Obras Públicas de requerir formalmente una ley para la utilidad pública.
• Se busca agotar las posibilidades de autorización implícita, haciendo referencia al cumplimiento de los requisitos que condicionan la aprobación del proyecto.
• Para bienes muebles, la utilidad pública se declara de manera expresa o por acuerdo del Consejo de Ministros.

Necesidad de Ocupación de Bienes o Adquisición de Derechos

• Se valora la experiencia de la Ley de 1939, que integra la declaración de urgencia y la necesidad de ocupación.
• En este proceso sumario se dan notificaciones, se levanta un acta previa, se realiza un depósito y se ocupa el inmueble en plazos rigurosos.
• Se considera que la apreciación de la necesidad de ocupación es una garantía fundamental para el particular, dado que protege la concurrencia del interés general.
• Se incorpora la Ley de 1939, atendiendo a actualizar la legislación y evitar que la acción administrativa se vea frenada por la legislación.

Justiprecio

• La fijación de la indemnización es el problema central de la ley.
• Se requiere una tercera estimación pericial, pero no era el procedimiento ideal y empíricamente se acude en defecto de reglas tasadas.
• Al renunciar a lo automático, se vuelve a ponderar las circunstancias específicas.

Órgano de Tasación

• El "tercer perito" reduce la función del órgano que formaliza la resolución.
• La función del órgano debe ser pasiva y generar peritajes que consideran los intereses de las partes comprometidas.
• La permanencia, reiteración en los criterios y conocimiento de la economía local debe constituir la objetivación de las tasaciones en forma de criterios generalizados.

Jurados Provinciales de Expropiación

• Dicho Jurado reúnen las funciones de pericial y judicial, permanecen en la función y hay colegiación.
• Está condicionado por el acierto que presida en la composición de estos y las cargas burocráticas.
• El artículo treinta y dos explica su composición a través del Magistrado.
• La Ley fija los plazos para fijar la indemnización y agilizar el procedimiento (artículos 30-37).

Pago y Toma de Posesión

• Los artículos 37, 39, 40 y 41 han sido respetados en su contenido
• Se ha considerado el derecho de reversión, reconocido en el artículo 43
• Se busca remitir los efectos económicos, supeditando el ejercicio del derecho a la notificación.

Procedimientos Especiales

• La ley reconoce que la expropiación se puede valer de ciertos supuestos.
• El criterio es regularse por normas especiales o remitirse a la legislación general.
• Los preceptos han sido redactados considerando los supuestos peculiares o generalizando las fórmulas.
• El criterio es arbitrar y dejar intacta la legislación vigente.

Expropiación de Grandes Zonas

• La regulación está comprendida en el volumen de obra que acomete la Administración (Título III, Capítulo 1).
• Está enfocada a no multiplicar los procedimientos, sino a valorar la unidad.

Expropiación por Interés Social

• El Titulo III, Capítulo II considera la expropiación por el incumplimiento de la función social de la propiedad.
• Las garantias obligadas y la posibilidad insólita insólita en el concepto clásico de la expropiación, puede referir sus beneficios a particulares por razones de interés social.

Expropiación con Traslado de Poblaciones

• Son motivadas por obras públicas en gran medida y de cierta envergadura; (Capítulo V del Título III).
• Se refiere al sistema de garantías, traslados en en masa y exige un desarrollo reglamentario muy cuidadoso.

Procedimiento Expropiatorio

• En este la valoración atiende la parte de los bienes o derechos según el Capítulo I del Título II.
• Sigue normas generales, pero tiene algunas particularidades.

Valor Artístico, Histórico y Arqueológico

• En estos casos hay tasación pericial conformada por 3 académicos
• Reconoce porcentajes de participación acorde a la legislación.

Indemnizaciones por Ocupación Temporal y Otros Daños

• Estas se dan por alteraciones de redacción.
• Se configura como supuesto de ocupación por el caso de que la Administración (atendiendo la finalidad social del bien), no haga la expropiación,
• Este supone compensación por daños.

Indemnización por Daños por la Administración

• Se limita las lesiones que van a los bienes o derechos de la Ley de Expropiación
• La responsabilidad se basa en la privación jurídica por lo útil que fue la acción administrativa.

Sobre las Garantías Jurisdiccionales

• La Ley ha apreciado la necesidad de configurar expropiación, teniendo en cuenta el campo que hay.
• Se hace cargo de garantizar desarrollos con un sistema eficaz de garantías, ya consagradas en el artículo 32 del Fuero de los Españoles.

Protección Jurídica

• En caso de nulidad del expropiatorio, las Administraciones deben formalizarse conforme a los intereses de los dañados.
• Prevalece la forma y condiciones del artículo 139 de la Ley 30/1992.
• La norma aplica a las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Detalles Finales

• La Ley comenzó a los cuatro meses de su promulgación.
• Dentro de los seis meses que siguieron la entrada se expide el Reglamento general acorde a la Ley .
• FRANCISCO FRANCO expidió tal determinación.