Estado de Derecho en México

Un sistema donde los poderes del gobierno se controlan mutuamente para evitar que uno se vuelva demasiado poderoso.

La idea de que los poderes del gobierno deben ser independientes, para que puedan funcionar de manera eficiente y evitar abusos.

El poder del Ejecutivo para detener una ley aprobada por el Legislativo.

El poder del Ejecutivo para solicitar que el pueblo vote sobre una ley aprobada por el Legislativo.

El principio que establece que las acciones del gobierno deben estar autorizadas por la ley.

Un acto del gobierno que limita temporalmente un derecho de una persona.

Un acto del gobierno que elimina definitivamente un derecho de una persona.

El control que ejerce el poder judicial sobre los demás poderes del gobierno para asegurar que actúen de acuerdo a la ley.

Las normas generales, en forma de decretos, que el Presidente de México puede emitir, según la Ley Fundamental, para llevar a cabo tratados internacionales.

La Ley Fundamental otorga al Presidente la facultad de dictar normas generales, bajo la forma de decretos, para poner en práctica los tratados internacionales.

Los tratados internacionales en México son considerados como ley suprema, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución.

El Presidente de México tiene la facultad de ejecutar los tratados internacionales, sujeto a la aprobación del Senado de la República.

Los reglamentos de leyes son normas generales que elabora el Ejecutivo Federal para garantizar el cumplimiento preciso de la ley.

El artículo 89, fracción I de la Carta Magna, otorga al Ejecutivo Federal la facultad de emitir reglamentos de ley.

Los reglamentos de ley son jerárquicamente inferiores a las leyes, ya que son creados para precisar su cumplimiento.

El Ejecutivo Federal es el órgano responsable de crear los reglamentos de ley, mientras que las leyes son aprobadas por el Congreso.

Se refiere a la necesidad de que existan fundamentos legales concretos para que una autoridad pública actúe. Es como tener un manual de instrucciones claro que justifique cada paso.

Evalúa si la autoridad ha considerado cuidadosamente todos los requisitos establecidos por la ley para tomar una decisión o emitir una norma. Es como revisar que se cumplan todas las reglas antes de jugar un juego.

Se refiere al derecho de una persona a ser escuchada y defendida en un proceso legal, antes de que se le prive de un derecho o bien. Es como tener la oportunidad de hablar antes de que te quiten un juguete.

Incluye etapas como la demanda, la respuesta a la demanda, la presentación de pruebas, los argumentos y la decisión final. Es como un juicio con pasos específicos para que ambos lados se presenten.

Aunque no siempre se estipule en la ley, la SCJN ha decidido que la autoridad administrativa tiene la obligación de ofrecer la posibilidad de defensa legal. Es como tener un derecho a la defensa, incluso si no está escrito en una regla.

La mención específica de las leyes que otorgan a la autoridad el poder de actuar, incluyendo la Constitución, las leyes y los reglamentos administrativos. Debe ser detallada, citando incluso apartados, fracciones o incisos específicos. La autoridad tiene la obligación de indicar dónde se encuentra dicha facultad para hacer lo que está haciendo.

La explicación de los hechos o circunstancias que justifican la aplicación de una norma en un caso particular, es decir, cómo la norma abstracta se traduce en una acción concreta. Se basa en la conexión entre los hechos específicos del caso y las hipótesis de la norma.

Se refiere a la facultad que tiene la autoridad para intervenir en la vida de un individuo o restringir sus derechos. Se relaciona con el poder que la autoridad tiene para afectar la esfera jurídica del gobernado.

Es la obligación que tiene la autoridad de explicar claramente dónde está su poder para actuar en un determinado caso. Se centra en la transparencia de la aplicación de la ley.

Es la obligación del gobernado de aceptar las consecuencias de la aplicación de la ley, siempre y cuando la autoridad haya justificado su actuación de forma adecuada.

La autoridad debe actuar de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos por la ley para realizar ciertas acciones. Se trata de cumplir con la forma que la ley prescribe para la actuación.

Es la obligación de la autoridad de cumplir con los requisitos legales para emitir actos o normas. El juez debe comprobar que se han cumplido los requisitos para la emisión del acto, sin anular la discrecionalidad que la ley otorga a la autoridad.

Refleja la obligación de la autoridad de seguir los pasos establecidos en el proceso legislativo al emitir leyes. Los argumentos relacionados con la violación de estos pasos pueden utilizarse como base para una controversia constitucional.

Un mecanismo legal para resolver disputas entre los poderes del gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) cuando hay un conflicto en sus competencias. Se busca proteger el equilibrio entre los poderes.

Las Controversias Constitucionales están incluidas en la Constitución Mexicana desde 1917, pero no se reguló un procedimiento específico para resolverlas hasta 1995.

Antes de 1995, se usaba el Código Federal de Procedimientos Civiles para resolver las Controversias Constitucionales, pero este código no era apropiado para este tipo de conflicto, lo que llevó a que muchas se archivaran sin resolverse.

Antes de 1995, el Presidente de México era quien resolvía las Controversias Constitucionales, ya que el partido político dominante en el país tenía mucha influencia. Este sistema no era adecuado porque el Presidente no era la autoridad constitucional para resolver este tipo de conflicto.

La resolución de Controversias Constitucionales estaba sujeta a la voluntad del Presidente, quien tenía un poder muy grande. La Suprema Corte de Justicia, la autoridad legal para ello, no tenía la oportunidad de intervenir.

El sistema político en México antes de 1995 se basaba en un partido único, lo cual permitía al Presidente ejercer un poder absoluto. Esto impedía que la Suprema Corte de Justicia cumpliera con su función de resolver los conflictos entre los poderes.

Las Controversias Constitucionales ayudan a proteger el equilibrio entre los poderes del gobierno al evitar que uno de ellos tenga un poder excesivo.

Las Controversias Constitucionales son un medio para garantizar que los poderes del gobierno actúen dentro de las competencias que les otorga la Constitución. Esto busca evitar que uno de ellos usurpe las funciones de los demás.

Un estado que se rige por un conjunto de leyes, principios y valores que limitan el poder del gobierno y protegen los derechos de los ciudadanos.

La existencia de leyes que determinan cómo debe funcionar el estado, pero sin un compromiso real con la protección de los derechos y la libertad.

La idea de que la ley debe prevalecer sobre el poder arbitrario.

Un estado donde el poder del gobierno se deriva del consentimiento de los gobernados. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en el gobierno y a solicitar sus derechos.

El conjunto de leyes que regulan las relaciones entre el estado y los ciudadanos. Incluye la Constitución, las leyes, la jurisprudencia de los tribunales y las normas que protegen los derechos humanos.

Las controversias sobre el origen y la naturaleza de la ley que se desarrollaron durante la Edad Media.', 'term': 'Controversia sobre la ley - Edad Media', 'hint': 'Debate sobre la ley entre aquellos que creen que la ley proviene de la voluntad del gobernante y aquellos que creen que se basa en principios universales.', 'memory_tip': 'Imagina dos personas discutiendo, una con una corona y la otra con un libro, cada uno con diferentes ideas sobre la ley.'}, {

Un estado en donde los derechos y libertades individuales son garantizados y protegidos por la ley.