Estado de Derecho en México

La Cámara de Diputados, con 500 miembros, es la encargada de aprobar leyes federales. Se compone de 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional.

El proceso de creación de una ley federal sigue seis pasos, tal como se detalla en el Artículo 72 de la Constitución Mexicana.

El Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, es responsable de aprobar adiciones o reformas a la Constitución.

El Presidente de la República, los diputados, senadores y las Legislaturas de los Estados pueden presentar iniciativas de ley y reformas constitucionales.

El sistema de control constitucional mexicano incluye el Amparo Contra Leyes, la Acción de Inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional, cada uno con diferentes órganos, procedimientos y alcances.

La concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona o grupo de personas, sin rendición de cuentas ni marco legal.

La frase de Luis XIV "El Estado soy yo" representa la máxima expresión del absolutismo.

La lucha entre el absolutismo y el constitucionalismo, que duró siglos, aún persiste en formas como las dictaduras.

Un Estado donde las leyes son el fundamento del gobierno y la sociedad.

El marco que equilibra las relaciones entre el poder y la comunidad, con leyes como base.

La supremacía de la ley, el sistema jurídico de normas, la legalidad administrativa, la separación de poderes, la protección de los derechos humanos y el control de constitucionalidad de leyes.

Una forma de control para asegurar que las leyes se ajusten a la Constitución.

La ley como expresión de la voluntad general, el poder de las leyes.

Es la norma fundamental del Estado que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización del gobierno y la separación de poderes.

Se refiere a las leyes dictadas por el Congreso de la Unión, las cuales son de ámbito nacional y deben ser aplicadas en todo el territorio mexicano.

Son normas que tienen un rango jerárquico menor a las leyes federales y que regulan materias específicas.

Son leyes que son elaboradas por los Congresos estatales y que regulan asuntos específicos de cada estado.

Son leyes que son elaboradas por los ayuntamientos y que regulan temas locales.

Son normas que se establecen para regular una ley específica.

Es el principio que establece que la Constitución es la ley suprema del país y que todas las demás normas deben acatarla.

Es la condición de que una ley sea aceptada y seguida por la sociedad.

La motivación de las acciones de las autoridades públicas debe justificarse tanto por la existencia de normas que respaldan su actuación como por la aplicación adecuada de esas normas a las circunstancias particulares del caso.

La existencia de una norma jurídica que permite a la autoridad actuar en un determinado caso. Se exige que la norma sea aplicable a la situación específica.

Los requisitos que la ley establece para que una acción de la autoridad sea válida. Se deben cumplir todas las condiciones antes de tomar cualquier decisión.

El derecho que tiene cualquier persona a ser escuchada cuando se le quiere quitar algo. Incluye el derecho a presentar pruebas, argumentos y a que se le notifique la decisión final.

El concepto de legalidad se asegura de que el ejercicio del poder se someta a la ley. La Garantía de Audiencia es un ejemplo de cómo se garantiza la legalidad en las decisiones que afectan a la vida de las personas.

Procedimiento legal que permite a los titulares de poderes públicos (federal, estatal y municipal) desafiar la constitucionalidad de las acciones u omisiones del poder ejecutivo, legislativo o judicial de otro nivel de gobierno.

Acción legal que permite a diferentes actores (parlamentarios, procurador, partidos políticos, comisiones de derechos humanos) impugnar la constitucionalidad de una ley o tratado.

Un procedimiento legal para resolver disputas entre el gobierno federal y el estado o entre diferentes estados, asegurando que las acciones del gobierno se ajusten a los principios constitucionales.

El poder de un órgano judicial para interpretar la Constitución y sus normas, teniendo el poder de obligar a otros a cumplirla.

El poder que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver disputas sobre la interpretación de la Constitución, asegurando que sus normas se apliquen de manera uniforme.

La adición del artículo 105 a la Constitución, permitiendo la resolución de controversias constitucionales entre los diferentes niveles de gobierno.

El proceso por el cual los municipios pueden interponer controversias constitucionales, protegiendo sus competencias y autonomía.

Situación en la que las normas sociales no se cumplen, ya sea por falta de conocimiento, desinterés o corrupción.

Comportamientos negativos en una sociedad que influyen en la gente para romper las normas, como la corrupción o la falta de interés de las autoridades.

Separación clara y efectiva de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para evitar abusos y garantizar la independencia.

El poder que corrompe, pero el poder absoluto corrompe totalmente.

Situación en la que un poder del Estado controla a los demás, por ejemplo, mediante la designación de funcionarios o el control presupuestal.

El presidente de la República tenía un poder excesivo y los demás poderes estaban sometidos a su control.

La independencia del poder legislativo y judicial permite que se controle mejor la actuación del Ejecutivo.

Procesos legales para revisar la constitucionalidad de las leyes, que fueron implementados en 1994.