Estado Constitucional y Atributos

Conjunto de normas que regulan la vida en sociedad y son exigibles por una autoridad.

Conjunto unitario, coherente y completo de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad.

Origen de las normas jurídicas.

Leyes, costumbre y principios generales del derecho.

Cumplimiento de los requisitos formales para la creación de una norma.

Capacidad de la norma para regular efectivamente el comportamiento social.

Normas inferiores deben respetar a las superiores.

Cada órgano legisla en su ámbito.

El conjunto de principios y normas que rigen la organización y funcionamiento del Estado, garantizando los derechos de los ciudadanos.

Se refiere a la autoridad máxima del estado, que no puede ser limitada por ninguna otra ley.

La Constitución establece un sistema de separación de poderes para evitar abusos y garantizar la libertad.

La Constitución garantiza derechos fundamentales a los ciudadanos, como la libertad de expresión o la igualdad.

El pueblo es la fuente del poder político y participa en la toma de decisiones a través de elecciones.

Las leyes y actuaciones del gobierno se basan en la Constitución, con un control de constitucionalidad.

Se refiere a la incorporación de derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución, para garantizar un nivel de vida digno.

El pueblo elige a sus representantes a través de elecciones periódicas, quienes gobiernan en su nombre.

Es la organización política que integra un territorio, un pueblo e instituciones que regulan la convivencia.

Es la capacidad del estado de tomar decisiones dentro de su territorio sin injerencias externas.

Significa que todos los poderes dentro del estado deben acatar las normas legales, incluso el propio estado.

Un estado centralizado que concentra el poder en un solo gobierno, sin autonomía para las regiones.

Un estado que reconoce la autonomía de las regiones, con poderes propios y descentralización.

Un estado que se basa en un contrato social entre ciudadanos y gobernantes, con derechos fundamentales garantizados.

Es una norma con rango de ley creada por el Gobierno en base a una autorización expresa del Parlamento.

Son directrices para el Gobierno que le permiten desarrollar textos articulados.

Aglomeran textos legales existentes, creando una norma única.

Es un documento que regula el funcionamiento del Congreso.

Es un tratado que requiere autorización previa de las Cortes Generales.

Estos tratados necesitan autorización previa de las Cortes Generales.

Pueden ser aprobados directamente por el Gobierno.

Es la aplicación de un tratado internacional sin necesidad de una ley interna.

Entidades territoriales con competencias determinadas, pero bajo el control del gobierno central.

Combina la unidad nacional con autonomía regional. La Constitución Española garantiza la descentralización.

Reparto de competencias entre el gobierno central y las entidades territoriales. Ambas tienen autonomía legislativa.

Unión de estados independientes mediante acuerdos. La soberanía reside en los estados, no en la confederación.

El Tribunal Constitucional protege los derechos fundamentales.

Garantiza que las leyes no violen la Constitución.

Protege los derechos reconocidos por tratados internacionales.

La Constitución Española es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y ningún tratado internacional ni ley interna puede contradecirla.

El Derecho comunitario europeo es un conjunto de normas que rigen la Unión Europea. Se compone de dos tipos principales: el Derecho originario, que establece los fundamentos de la UE, y el Derecho derivado, que son normas emanadas de los órganos de la UE.

Los tratados fundacionales de la UE, como los Tratados de Roma y Maastricht, forman parte del Derecho originario. Son tratados ratificados por los Estados miembros, incluyendo España, que se adhirió en 1986.

El Derecho derivado de la UE se compone de normas emanadas de los órganos de la UE, como el Consejo o la Comisión. Estas normas pueden ser reglamentos, directivas o decisiones.

Los reglamentos son normas de aplicación general y directa en todos los Estados miembros, sin necesidad de ser transpuestos en el ordenamiento jurídico nacional. Ejemplo: el reglamento de protección de datos.

Las directivas son normas que obligan a los Estados miembros a alcanzar un objetivo determinado, pero dejan a cada Estado la facultad de decidir cómo implementarlo. Ejemplo: la directiva de igualdad de género.

Las decisiones son actos normativos que obligan a destinatarios específicos (personas, empresas o estados). Ejemplo: una decisión que autoriza la realización de un proyecto concreto.