Desarrollo Legislativo: Derechos Fundamentales

Ley que regula la libertad de expresión y la cláusula de conciencia para los profesionales de la información.

Ley que regula el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas.

Ley que regula el derecho a formar asociaciones y clubes.

Ley que regula el derecho a participar en procesos de decisión política, como referéndums o iniciativas populares.

Ley que regula la tutela judicial de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948.

Los españoles, por nacimiento o naturalización y los extranjeros que cumplen los requisitos legales, tienen derechos y deberes en España.

La mayoría de edad se alcanza a los 18 años, según el Código Civil español.

Los extranjeros tienen derechos y obligaciones en España, como se detalla en la Ley Orgánica 4/2000.

El principio de igualdad ante la ley implica que todos somos iguales en derechos y obligaciones, sin distinción de sexo, raza, religión, etc.

El derecho a la vida es inviolable y está protegido por la Constitución Española, incluyendo el derecho a la muerte digna y la prohibición de la pena de muerte.

La Constitución española garantiza la libertad ideológica y religiosa, incluyendo el derecho a cambiar de religión o a no tener ninguna.

La libertad personal es un derecho fundamental que garantiza la inviolabilidad del cuerpo, exceptuando casos excepcionales como la detención legal.

La Ley Orgánica 2/1997 protege el derecho de los profesionales de la información a negarse a realizar tareas que atenten contra su conciencia. Es un derecho a no participar en algo que se considera éticamente incorrecto.

La Ley Orgánica 9/1983 regula el derecho a reunirse pacíficamente con un fin común y sin armas. Este derecho se puede ejercer en espacios públicos o privados.

La Ley Orgánica 1/2002 regula el derecho a crear grupos o asociaciones con fines comunes, desde clubs deportivos hasta asociaciones profesionales.

Esta ley regula el uso de referéndums, la iniciativa legislativa popular. Permite que el pueblo pueda participar directamente en la creación de leyes.

La Ley 1/1996 ofrece asistencia legal gratuita a personas que no pueden pagar un abogado. Es un derecho fundamental para asegurar la igualdad ante la justicia.

El artículo 10 de la Constitución Española reconoce la dignidad humana como un principio fundamental y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU, 10 de diciembre de 1948.

El artículo 11 de la Constitución define la nacionalidad española por nacimiento o naturalización.

El artículo 12 de la Constitución establece la mayoría de edad a los 18 años, teniendo en cuenta la Ley Orgánica 5/2000 sobre responsabilidad penal de menores.

El artículo 13 de la Constitución reconoce derechos y libertades a los extranjeros en España, regulados por leyes específicas como la Ley Orgánica 4/2000 y la Ley 12/2009 sobre asilo y protección subsidiaria.

El artículo 14 de la Constitución establece el principio de igualdad ante la ley, sin discriminación por sexo, raza, religión, etc., y está regulado por la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental, incluyendo la prohibición de la pena de muerte, y ha sido objeto de leyes adicionales como la eutanasia (Ley Orgánica 3/2021), la salud sexual y reproductiva (Ley Orgánica 2/2010), y la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra (Ley Orgánica 11/1995).

El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica y religiosa, incluyendo el derecho a cambiar de religión o no tener ninguna, amparado por la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa.

El artículo 17 de la Constitución reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, que protege la inviolabilidad del cuerpo, exceptuando casos de detención legal. Está respaldado por leyes como la Ley Orgánica 6/1984 del Habeas Corpus (procedimiento para proteger la libertad individual) y Ley Orgánica 4/2015 sobre seguridad ciudadana.