Derechos Fundamentales y su Protección

Los derechos fundamentales son aquellos derechos que por su importancia se reconocen en la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico: la Constitución. Se caracterizan por su carácter universal.

No existen derechos fundamentales al margen de la Constitución. Para introducir un nuevo derecho fundamental es necesario reformar la Constitución.

Los derechos fundamentales son

La tutela judicial directa (sin esperar al desarrollo legislativo) para los derechos fundamentales.

La vinculación de todos los poderes públicos, incluido el legislador, a los derechos fundamentales.

Los derechos reconocidos únicamente a nivel legislativo como derechos subjetivos no constitucionalizados. No vinculan al legislador, por lo que pueden ser suprimidos.

Los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Se reconocen en una norma con rango de ley.

Los derechos reconocidos en los Estatutos de Autonomía. Estos derechos no se consideran derechos subjetivos, según algunas interpretaciones.

Los derechos fundamentales son derechos inherentes a la persona que se reconocen y protegen en la Constitución.

La Constitución Española clasifica los derechos fundamentales en distintas categorías, como los derechos y libertades públicas, los derechos sociales y los derechos de participación.

Los derechos fundamentales se diferencian de los derechos constitucionales y los principios rectores de la política social y económica en su naturaleza jurídica y su ámbito de aplicación.

La interpretación de los derechos fundamentales debe ser realizada de forma amplia y progresiva, teniendo en cuenta su contenido esencial y su aplicación en la vida real.

El contenido esencial de un derecho fundamental es el núcleo irreductible que no puede ser limitado o restringido.

Los derechos fundamentales pueden ser ejercidos por las personas físicas, incluyendo mayores de edad y extranjeros.

El sujeto pasivo de los derechos fundamentales son los poderes públicos (Estado) y, en algunos casos, los particulares.

Los deberes constitucionales son obligaciones que tienen los ciudadanos para con la sociedad, como el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos o el deber de respeto a la Constitución.

Los derechos que están protegidos por el artículo 53 de la Constitución Española, con la mayor protección y las mayores garantías.

Los derechos que están protegidos por el artículo 53 de la Constitución Española, con una protección intermedia.

Los derechos que están protegidos por el artículo 53 de la Constitución Española, con la menor protección y las menores garantías.

Los derechos que obligan a los poderes públicos a no intervenir en la vida privada de los ciudadanos, como la libertad de expresión o la libertad de religión.

Los derechos que obligan a los poderes públicos a hacer algo en beneficio de los ciudadanos, como el derecho a la educación o el derecho a la salud.

Garantías que otorgan al artículo 53 de la Constitución Española para los derechos de protección reforzada.

Garantías que otorgan al artículo 53 de la Constitución Española para los derechos de protección ordinaria.

Garantías que otorgan al artículo 53 de la Constitución Española para los derechos de protección atenuada.

La nacionalidad española no puede ser retirada a un español de origen, aunque puede renunciarla voluntariamente.

España puede firmar acuerdos de doble nacionalidad con países iberoamericanos y otros que han tenido o tienen un vínculo especial con España.

Para tener doble nacionalidad, se necesita un tratado entre España y el otro país.

La doble nacionalidad no implica disfrutar plenamente de ambas nacionalidades de forma simultánea para evitar fraudes.

En caso de doble nacionalidad, la nacionalidad predominante es la del país con el que la persona tiene más conexiones y donde reside habitualmente.

Los extranjeros en España tienen garantizadas las libertades públicas, según las leyes y tratados españoles.

Los tratados y leyes no limitan los derechos de los extranjeros a los que reconocen. El TC asegura que todos gozan de los derechos fundamentales.

La ciudadanía europea complementa la nacionalidad de cada país, añadiendo derechos y obligaciones en el ámbito de la Unión Europea.

La adquisición de la nacionalidad española por residencia se concede a quienes cumplen ciertos requisitos, entre ellos la residencia legal y continuada en España durante un período determinado.

Para obtener la nacionalidad española por residencia, la persona debe haber residido legalmente en España durante 10 años. Este plazo se reduce a 5 años para aquellos con determinadas características, como ser un refugiado o tener un ascendiente o descendiente español.

Además de la residencia, la persona que solicita la nacionalidad española por residencia debe demostrar una buena conducta cívica y un grado de integración suficiente en la sociedad española.

Si la persona que solicita la nacionalidad española por residencia es menor de edad, debe demostrar que ha estado sujeto legalmente a algún tipo de tutela o cuidado por parte de un ciudadano o institución española durante dos años.

Para que la pérdida de la nacionalidad española se concrete, deben transcurrir tres años desde que la persona adquiere la nacionalidad extranjera o desde su emancipación.

Si la persona solicita la nacionalidad española por matrimonio con un ciudadano español, debe haber estado casada con él o ella durante un año y no estar separada legalmente o de hecho.

Los hijos nacidos fuera de España de un padre o madre, abuelo o abuela que originalmente fueran españoles pueden obtener la nacionalidad española.

El derecho de excepción debe ser interpretado de manera restrictiva, solo en casos excepcionales y de forma limitada.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) permite la suspensión de algunas obligaciones en situaciones de crisis, pero no de todos los derechos. Algunos derechos son absolutamente intocables, incluso en situaciones extremas.

El CEDH establece que el derecho a la vida no puede ser suspendido en situaciones de crisis, excepto en casos de pena de muerte por crímenes de guerra. Sin embargo, España ha abolido la pena de muerte en todas las circunstancias, incluyendo los crímenes de guerra.

La tortura, tratos degradantes, la esclavitud y la servidumbre personal son prácticas prohibidas por el CEDH, incluso en situaciones de crisis o emergencia.

El derecho de excepción se declara para solucionar una situación de crisis o anormalidad que afecta al funcionamiento normal del país o de una región.

El estado de alarma se declara cuando se produce una situación de crisis grave, como catástrofes, epidemias, interrupción de servicios esenciales, escasez de productos básicos, etc.

El Gobierno declara el estado de alarma mediante un decreto con un plazo máximo de quince días, requiere aprobación del Congreso para su prórroga. El decreto especifica la zona geográfica afectada.

El estado de alarma no suspende los derechos fundamentales, solo permite ciertas restricciones para manejar la crisis.