Derecho: Fuentes y Jurisdicción

El poder del Estado para hacer cumplir las reglas, utilizando la fuerza pública (policía, gendarmería) e instituciones educativas (escuelas, universidades).

El conjunto de normas que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos, o entre diferentes órganos del Estado.

El conjunto de normas que regulan las relaciones entre personas físicas o jurídicas, en igualdad de condiciones.

El poder que tiene un órgano del Estado para administrar justicia en un territorio.

La obligación de seguir las leyes para todos los que viven en un territorio, sin importar su nacionalidad o situación legal.

El conjunto de normas que regulan la conducta de las personas para organizar la sociedad.

Las instituciones que ayudan a formar a los ciudadanos, como la escuela, la universidad y la familia.

Las fuerzas de seguridad que protegen la sociedad y hacen cumplir las leyes.

La Constitución Nacional de Argentina establece la división de poderes y define las competencias del gobierno federal y las provincias.

Cada provincia de Argentina tiene su propia constitución, que define sus propias leyes y sistema judicial. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también posee su propia constitución.

La jurisdicción federal se encarga de los asuntos que afectan a toda la nación. En Argentina, la jurisdicción federal se aplica en casos como la ley de pesca, la ley de navegación, el transporte aéreo, los delitos de narcotráfico y la seguridad nacional.

La jurisdicción provincial se encarga de los asuntos que afectan a una provincia. En Argentina, la jurisdicción provincial se aplica en casos como la ley local, la administración provincial y la justicia provincial.

La jurisdicción nacional se encarga de los asuntos que afectan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En Argentina, la jurisdicción nacional se aplica en casos como la ley local, la administración de CABA y la justicia de CABA.

Las leyes que se aplican en Argentina están organizadas en un sistema jerárquico. La Constitución Nacional es la ley suprema. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, las leyes nacionales y las leyes provinciales también forman parte de este sistema.

La jurisdicción se determina en función de la materia, las personas involucradas o el lugar donde se cometieron los hechos.

Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico.

Se refiere a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios, de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas.

Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas.

Se trata de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad.

Es la interpretación de las leyes que realiza el juez mediante un fallo (sentencia) cuando las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos, presentan dificultad en la integración e interpretación de estas o existe un conflicto que requiere la intervención de un tercero imparcial cuyo veredicto tenga fuerza de ley.

También se le conoce como fuente indirecta que por sí mismas no crean el Derecho pero ayuda a interpretar y explicar una ley.

Se trata de una serie de normas que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas y la actividad de los funcionarios.

Tratados internacionales que se incorporan a la Constitución Nacional, otorgándoles la misma jerarquía que la propia Constitución. Se trata de acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos y complementan los derechos y garantías de la Constitución.

Conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que, al ser incorporados a la Constitución, forman parte del sistema jurídico y tienen el mismo rango que la Constitución Nacional. Estos tratados complementan los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

Tratados internacionales que no son incorporados a la Constitución, pero que son acuerdos entre estados para lograr un bien común. Estos tratados no tienen la misma fuerza que la Constitución, pero cumplen un rol importante en las relaciones internacionales.

Tratados internacionales que se suscriben con el Vaticano. Estos tratados regulan las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

Normas con rango similar a los tratados internacionales. Se establecen en organizaciones supranacionales como el Mercosur y rigen para sus estados miembros.

Normas dictadas por órganos legislativos nacionales o provinciales (como el Congreso o las legislaturas). Estas normas regulan las acciones de los ciudadanos y establecen derechos y obligaciones.

Normas que establecen la organización y funcionamiento de los sistemas legales. Estos códigos regulan los procedimientos legales que deben seguirse en los tribunales.

Conjunto de leyes que establecen reglas para la vida en sociedad, como el Código Civil y Comercial, el Código Penal, etc.

Son normas emitidas por el poder ejecutivo (presidente, gobernador o intendente) para responder a situaciones urgentes o excepcionales.

Son resoluciones que se toman en los tribunales y que contienen la decisión final de un juez o tribunal.

Son normas que emiten los ministros de Estado para implementar políticas y leyes dentro de sus áreas de responsabilidad.

Es la jerarquía de las normas jurídicas, donde las normas superiores tienen mayor rango y autoridad que las normas inferiores.

Es la capacidad de un juez para determinar si una norma es válida o no, basándose en la jerarquía legal y la Constitución.

Son normas que se emiten sin respetar la jerarquía legal y pueden ser declaradas inválidas.

El principio de buena fe indica que los derechos deben ejercerse sin malas intenciones ni engaños. Se busca evitar el abuso y garantizar una actuación honesta en el ejercicio de los derechos.

La mala fe se caracteriza por el actuar con intención de engañar o aprovecharse de la vulnerabilidad o ignorancia de otra persona. Implica actuar a sabiendas de que se está llevando a cabo un acto injusto.

El abuso de posición dominante ocurre cuando una empresa con gran poder económico en un mercado actúa de forma desfavorable para sus competidores, proveedores o clientes. Se busca evitar que empresas dominantes impongan condiciones injustas.

El orden público hace referencia a los intereses generales de la sociedad. Las leyes que protegen el orden público no se pueden dejar de lado por convenios particulares.

Las leyes que protegen el orden público no se pueden renunciar por convenios particulares. El orden público siempre prevalece sobre los acuerdos entre personas.

El ejercicio regular de un derecho propio no puede constituir un ilícito si se actúa dentro de los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

El ejercicio de los derechos debe ser compatible con el ordenamiento jurídico, es decir, no debe entrar en conflicto con las leyes o normas generales establecidas.

Las leyes que protegen el orden público, como las normas de defensa al consumidor, no se deben dejar de lado por acuerdos entre partes.