Tema 11 - Transparencia

Cualquier persona o entidad física o jurídica con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.

El derecho a acceder a la información pública está limitado por lo especificado en la Ley de Transparencia 19/2013 y el resto del ordenamiento jurídico.

La Ley 39/2015, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, garantiza el derecho a la información pública.

Se debe seguir el procedimiento establecido en la Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para solicitar información.

Los reglamentos de la Administración determinan qué órganos son responsables de gestionar las solicitudes de información.

Las personas tienen derecho a impugnar las decisiones de la Administración sobre el acceso a la información.

El acceso a la información debe proteger la privacidad de las personas y garantizar que ciertos datos no sean divulgados.

En algunos casos, solo se puede acceder a parte de la información solicitada.

El derecho de acceso a la información pública está limitado para proteger la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención y sanción de delitos, igualdad de las partes en los procesos judiciales, funciones administrativas de vigilancia, intereses económicos, política económica, secreto profesional, protección del medio ambiente, entre otros.

La aplicación de limitaciones al derecho de acceso debe ser justificada, proporcionada al objeto de protección y considerará las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior.

Las solicitudes de acceso a información que incluyen datos personales especialmente protegidos se rigen por la Ley Orgánica 15/1999 y la legislación básica de acceso a la información pública.

En general, se permite el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, siempre que la protección de datos personales o otros derechos constitucionalmente protegidos no prevalezcan.

La solicitud se dirigirá al órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia.

Se puede presentar por cualquier medio que permita verificar la identidad, la información solicitada, la dirección de contacto y la modalidad de acceso preferida (si aplica).

Se registrará la solicitud oral en formato electrónico, incluyendo la información requerida.

Las unidades responsables y las oficinas de información prestarán asistencia para facilitar el acceso.

El solicitante no necesita justificar su petición, pero puede exponer sus motivos.

Si la solicitud es demasiado vaga, se le pedirá al solicitante que la concrete.

Se

No se admitirán a trámite las solicitudes de

Si se solicita información que puede afectar los derechos o intereses de terceros, estos tienen 15 días para presentar sus alegaciones.

El solicitante debe ser informado de la posibilidad de que terceros presenten alegaciones y que el plazo para dictar resolución se suspende hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo para su presentación.

El plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública es de un mes desde su recepción.

El plazo para resolver se puede ampliar por un mes más si el volumen o complejidad de la información solicitada lo justifican.

Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya notificado una resolución expresa, la solicitud se considera desestimada.

Las resoluciones pueden inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial, y fijar la modalidad de acceso a la información.

Las resoluciones que inadmiten a trámite las solicitudes, deniegan el acceso, conceden el acceso parcial, conceden el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada o permiten el acceso a pesar de la oposición de un tercero deben ser motivadas.

Si la mera indicación de la existencia o no de la información supone una limitación al derecho de acceso, se debe desestimar la solicitud.

Se refiere a información que ayuda o complementa otra información principal, como notas, borradores u opiniones. Ej: un borrador de un informe oficial.

Es la información que necesita ser procesada o editada antes de ser divulgada. Ej: Datos brutos que necesitan ser organizados en un informe.

Se aplica cuando la solicitud se dirige a un órgano que no posee la información y no se sabe quién es el responsable. Ejemplo: Si se pide un documento a la oficina de impuestos, pero ellos no lo tienen, deben indicar a quién dirigirse para obtenerlo.

Una solicitud de información pública puede ser rechazada si la información es repetitiva o se pide de forma abusiva sin justificación. Ejemplo: si se pide la misma información varias veces sin motivo

Si se solicita información sobre muchas personas, se puede rechazar la solicitud si se requiere un tiempo excesivo para notificar a todos, especialmente si se ponen en riesgo sus datos personales.

Cuando una solicitud se envía al órgano equivocado, este debe remitirla al competente en un plazo máximo de cinco días.

Si un órgano no conoce al competente para resolver una solicitud, debe indicar quién cree que es.

Si la información solicitada fue creada o generada por otro órgano, la solicitud se reenvía a este.

Cuando una solicitud de acceso a la información pública afecta a un tercero que se ha opuesto, el acceso solo se podrá realizar una vez transcurrido el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o se haya resuelto confirmando la negativa.

La resolución que concede el acceso a la información pública debe indicarle expresamente al interesado que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.

El acceso a la información pública se debe realizar preferentemente por vía electrónica, a menos que no sea posible o el solicitante haya expresado otro medio.

Si la información ya ha sido publicada, la resolución solo debe indicarle al solicitante cómo puede acceder a la misma.

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa. Esto significa que se puede recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La resolución debe ser notificada al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. La notificación debe incluir la posibilidad de recurrir la resolución.

La información solicitada se debe proporcionar en la modalidad solicitada, siempre que esto sea posible. No obstante, se puede otorgar una alternativa si la modalidad solicitada no es posible o resulta excesivamente gravosa.

El acceso a la información pública está limitado cuando las condiciones de seguridad del lugar donde se encuentra la información no lo permiten, como la seguridad de los documentos o la preservación de los soportes originales.