Contratos del Sector Público: Ley 9/2017 (LCSP)

• Estos apuntes cubren los contratos del sector público en España, basados en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y otras regulaciones.

Regulación de los Contratos del Sector Público

• La Ley 9/2017 incorpora las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE al ordenamiento jurídico español.
• El Real Decreto 817/2009 desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
• El Real Decreto 1098/2001 aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Objeto y Finalidad de la LCSP (Artículo 1)

• La LCSP busca regular la contratación del sector público, asegurando el acceso libre a licitaciones, transparencia, no discriminación e igualdad entre licitadores.
• También busca asegurar una utilización eficiente de los fondos públicos, salvaguardando la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa.
• La ley regula el régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
• Se busca que en toda contratación pública se incorporen de manera transversal criterios sociales y medioambientales.

Ámbito de Aplicación (Artículo 2)

• Se consideran contratos del sector público los contratos onerosos celebrados por las entidades enumeradas en el artículo 3 de la LCSP.
• Un contrato tiene carácter oneroso si el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto.
• También se incluyen los contratos subvencionados por entidades consideradas poderes adjudicadores.

Tipos de Contractos

• La calificación de los contratos se regula en el artículo 12 LCSP
• Contratos de obras: Regulados en el Artículo 13 LCSP, implican la ejecución de una obra o la realización de trabajos que modifiquen el terreno o mejoren el medio físico y natural.
• Contrato de concesión de obras: Regulado en el Artículo 14 LCSP, implican la realización de obras por el concesionario, con contraprestación en el derecho a explotar la obra o percibir un precio.
• Contrato de concesión de servicios: Regulado en el Artículo 15 LCSP, los poderes adjudicadores encomiendan, a título oneroso, a una o varias personas naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia.
• Contrato de suministro: Regulado en el Artículo 16 LCSP, tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
• Contrato de servicios: Regulado en el Artículo 17 LCSP, incluyen prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.
• Contratos mixtos: Regulados en el Artículo 18 LCSP, contienen prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Contratos Sujetos a Regulación Armonizada (Artículo 19)

• Estos contratos, debido a la entidad contratante, tipo y cuantía, están sujetos a las directrices europeas.
• Contratos de obras, concesión de obras y de concesión de servicios: 5.538.000 euros o más.
• Contratos de suministro (Art. 21 LCSP):
  • 143.000 euros si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • 221.000 euros para otros contratos de suministro.
• Contratos de servicios (Art. 22 LCSP):
  • 143.000 euros si son adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  • 221.000 euros si son adjudicados por otras entidades del sector público.
  • 750.000 euros si son servicios sociales u otros servicios específicos del anexo IV.
• Contratos subvencionados (Art. 23 LCSP): Contratos de obras y servicios subvencionados en más del 50% por entidades que son poderes adjudicadores.
  • Obras con valor igual o superior a 5.538.000 euros.
  • Servicios vinculados a obras con valor igual o superior a 221.000 euros.

Contratos Excluidos de Regulación Armonizada

• Los contratos que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica.
• Los contratos incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.
• Los declarados secretos o reservados, o aquéllos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.

Contratos Administrativos y Contratos Privados (Artículos 24, 25 y 26)

• Contratos administrativos: Celebrados por una Administración Pública, incluyen contratos de obra, concesión de obra, servicios, etc. Se rigen por la Ley de Contratos y supletoriamente por el derecho administrativo y privado.
• Contratos privados: Celebrados por las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los anteriormente definidos para los contratos administrativos.
• Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se rigen, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley de Contratos
• La jurisdicción contencioso-administrativa es competente en cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.

Órganos Competentes en Materia de Contratación

• Incluyen los órganos de contratación, los órganos de asistencia (mesas de contratación) y los órganos consultivos.

Órganos de Contratación Estatales (Artículo 323 LCSP)

• Los Ministros y Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado.
• Las Juntas de Contratación actúan como órganos de contratación con límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determine el titular del departamento.
• Las mesas de contratación asisten a los órganos de contratación en los procedimientos abiertos, restringidos, de diálogo competitivo, etc.

Requisitos para Contratar con la Administración (Artículo 65)

• Capacidad de obrar, no estar incurso en prohibiciones de contratar y acreditar solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
• La exigencia de la clasificación se regula en el artículo 77 LCSP que establece que la clasificación de los empresarios será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos para contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
• No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra algunas de las siguientes circunstancias, Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, asociación ilícita entre otras.

Encargos a Medios Propios (Artículo 32)

• Los poderes adjudicadores pueden organizar la prestación de servicios a través de otra persona jurídica que merezca la calificación jurídica de medio propio personificado
• Deben cumplir los siguientes requisitos:
• Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades.
• Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo
• Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
• La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.

Apuntes sobre la contratación en el sector público español según la Ley 9/2017 (LCSP). Se examinan las regulaciones, el objeto y la finalidad de la ley, así como los principios que rigen la contratación pública. Se incluye el acceso a licitaciones y la utilización eficiente de los fondos públicos.