Test Your Knowledge of the New Spanish Law on Public Sector Contracts

La ley aprobada por las Cortes Generales tiene como objetivo adaptar la legislación de contratos públicos a las normativas internacionales y europeas, en particular a las tres nuevas Directivas comunitarias de 2014.

Estas Directivas buscan incrementar la eficiencia del gasto público, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública y permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

La nueva Ley establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

También se busca simplificar los trámites y reducir la burocracia para los licitadores y mejorar el acceso para las PYMES.

Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas».

La Ley incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia.

La nueva Ley sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador.

La regulación de los contratos de las Administraciones Públicas sigue siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato que se haga por una entidad del sector público.

La distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios, es el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema de la regulación de los contratos públicos contenido en la presente Ley.

La Ley busca conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación calidad-precio.

La eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad son los objetivos fundamentales de la Ley.La Ley de Contratos del Sector Público se ha estructurado en un Título Preliminar y cuatro libros sucesivos, y se han introducido novedades a lo largo de todo su articulado. Se mantiene la existencia de tres niveles de aplicabilidad de la Ley respecto de las entidades del sector público que configuran su ámbito. En la regulación del contrato de concesión, se suprime la figura del contrato de gestión de servicio público y surge la nueva figura de la concesión de servicios, que se añade dentro de la categoría de las concesiones. La Ley establece que determinados contratos que antes se calificaban como de gestión de servicios públicos, pero en los que el empresario no asumía el riesgo operacional, pasan ahora a ser contratos de servicios. Los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios. La regla general en la regulación del contrato mixto es que al contrato mixto se le aplican, según los casos, las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.El nuevo texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece una regulación más clara y homogénea en materia de contratación pública en España, que se adapta a la normativa europea y busca fomentar la competencia, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Entre sus principales novedades destacan la supresión de la figura del contrato de colaboración público privada, la ampliación del recurso especial en materia de contratación, la regulación de las consultas preliminares del mercado, la introducción de nuevas etiquetas y certificaciones para acreditar el cumplimiento de requisitos, la definición y cálculo del coste del ciclo de vida y de las ofertas anormalmente bajas, y la obligación de tomar medidas adecuadas para luchar contra la corrupción y prevenir los conflictos de intereses en los procedimientos de licitación. Además, se establecen requisitos más estrictos para las entidades que tengan la consideración de "medio propio" de la Administración, se aumentan los casos de prohibición de contratar y se simplifica el régimen comunitario de publicidad de los contratos.La nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye novedades en cuanto a los procedimientos de adjudicación de contratos, como la introducción del procedimiento abierto simplificado y la eliminación del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía. También se establece un régimen de modificación del contrato en línea con las Directivas comunitarias y se regula la contratación centralizada. En cuanto al ámbito de aplicación, se ha extendido a entidades no sujetas como partidos políticos y organizaciones sindicales, y se han incluido consideraciones sociales, medioambientales y de innovación y desarrollo en los criterios de adjudicación y en las condiciones especiales de ejecución. Además, se exigen certificados de gestión medioambiental a las empresas licitadoras y se reserva la ejecución de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Por último, se establecen tres órganos colegiados a nivel estatal para dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza y combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en materia de contratación pública y la Oficina de Supervisión de la Contratación.