4. Contratación con Consumidores

Persona física que realiza una compra o contratación de bienes o servicios para un fin personal, fuera de cualquier actividad profesional o empresarial.

Las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúan con un propósito no lucrativo y fuera de un ámbito comercial o empresarial, también se consideran consumidores.

Los sujetos que adquieren bienes o servicios para mejorar su organización empresarial o profesional no son considerados consumidores.

Los sujetos que adquieren bienes o servicios para incorporarlos en un proceso de producción, comercialización o prestación a terceros no son considerados consumidores.

El concepto de consumidor se analiza en el momento de la celebración del contrato, independientemente de la eventual utilización posterior del bien o servicio.

El uso mixto (personal y profesional) de un bien o servicio no invalida la condición de consumidor, siempre que la finalidad principal sea personal.

El conocimiento o la especialización del consumidor en el ámbito del contrato no afecta su condición.

El concepto de consumidor se aplica al ámbito del contrato y no a la persona individualmente considerada.

El precio total de un producto o servicio, incluyendo impuestos, tasas y gastos adicionales.

Consentimiento explícito del consumidor para pagar por servicios adicionales. No puede ser una opción predeterminada en la contratación electrónica.

Prohibición de cobrar al consumidor por el uso de ciertos medios de pago (p. ej., tarjetas) una tarifa que supere el costo real que el vendedor soporta.

Información sobre la fecha, forma de pago, entrega y ejecución del contrato.

Obligaciones del vendedor de proporcionar información relevante al consumidor antes de la firma del contrato.

Ampliación del plazo para ejercer el derecho de desistimiento en caso de incumplimiento de la obligación de información.

La información publicitaria tiene un carácter vinculante. Es decir, el vendedor debe cumplir con lo anunciado.

Un proceso para resolver disputas entre consumidores y empresas fuera de los tribunales.

Es un órgano administrativo que gestiona el proceso de arbitraje de consumo.

Cuando un profesional decide unirse al sistema de arbitraje de consumo.

La Junta Arbitral decide si el caso se puede llevar a arbitraje.

Un documento que resuelve la disputa y que es obligatorio para las partes.

Personas físicas que, debido a sus características personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que limita su capacidad para ejercer sus derechos como consumidores.

Cualquier persona física o jurídica, ya sea pública o privada, que actúe en el mercado con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Protección contra riesgos a la salud o seguridad del consumidor, protección de sus intereses económicos y sociales, indemnización por daños y reparación de perjuicios.

Prácticas comerciales engañosas o abusivas que pueden perjudicar al consumidor.

Cláusulas abusivas en los contratos que dan ventaja desproporcionada al empresario y perjudican al consumidor.

La ley busca proteger a los consumidores de la manipulación y la vulneración.

La Ley de Consumidores protege a los consumidores frente a prácticas desleales o abusivas.

La información publicitaria es vinculante para el empresario si cumple con ciertos requisitos.

La publicidad debe ser informativa y veraz para ser vinculante.

Si un contrato firmado tiene condiciones más ventajosas para el consumidor que la publicidad, las condiciones del contrato prevalecen.

La publicidad es vinculante incluso si el contrato contiene una cláusula que la excluya, a menos que la cláusula sea fruto de una deliberación conjunta entre las partes.

El empresario está obligado a cumplir con las condiciones ofrecidas en la publicidad vinculante.

Si el empresario no cumple con las condiciones de la publicidad vinculante, el consumidor puede reclamar por incumplimiento contractual.

El contrato debe ser documentado por escrito en papel o un soporte duradero.

La documentación del contrato sirve para informar al consumidor de sus derechos y obligaciones.

El consumidor puede cancelar un contrato sin dar una razón específica.

El plazo para ejercer el derecho de desistimiento depende del tipo de producto o servicio. Normalmente, se tienen 14 días naturales a partir de la recepción del producto o la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor debe enviar un documento de desistimiento y devolver los bienes recibidos si los hay.

El consumidor no tiene que pagar por el ejercicio del derecho de desistimiento, excepto por los costes directos de devolución.

La voluntad del consumidor debe estar clara para que una compra se considere válida. No se puede asumir el consentimiento por silencio o falta de rechazo expreso.

No se pueden enviar productos o servicios sin que el consumidor los haya solicitado y obligarlo a pagarlos. La falta de respuesta del consumidor no es un consentimiento.

En los contratos de tracto sucesivo, deben evitarse los plazos de duración excesiva o los obstáculos para terminar el contrato. El consumidor tiene derecho a terminar el contrato sin sanciones desproporcionadas.

El derecho de desistimiento es la facultad del consumidor para desligarse de un contrato ya celebrado, sin necesidad de causa, sin gasto alguno para él y en el plazo marcado por la ley. Tiene efectos retroactivos, pero no debe confundirse con el desistimiento unilateral de la teoría general de obligaciones.