Constitución Española de 1978

Los trabajadores tienen derecho a la huelga para defender sus intereses, y la ley debe asegurar el funcionamiento de servicios esenciales.

Los españoles tienen derecho a solicitar algo por escrito, individual o colectivamente.

Los españoles tienen el deber y derecho de defender a su país, regulado por ley.

Exención del servicio militar por razones de conciencia, regulada por ley, con posible servicio alternativo.

Sistema para financiar al estado basado en la capacidad económica, justo e igualitario.

Uso de recursos del Estado, eficiente y económico, para atender necesidades.

Unión legal entre hombre y mujer con igualdad de derechos y deberes.

Obligaciones fiscales, establecidas por la ley para fines públicos

El heredero de la Corona de España, que la obtendrá tras el fallecimiento o abdicación del rey actual. Se le otorga esta dignidad desde su nacimiento o desde el llamamiento al trono.

Proceso para determinar quién ocupará el trono de España. Si todas las líneas de sucesión por derecho se extinguen, las Cortes Generales deciden el siguiente sucesor basados en los intereses del país.

Si una persona con derecho a la Corona se casa en contra de la prohibición del Rey y de las Cortes Generales, pierde su derecho a la sucesión, junto con sus descendientes.

Si el rey renuncia al trono o abdica, se necesita una ley específica para aclarar el orden de sucesión y resolver cualquier duda.

El término “Corona” se refiere al conjunto de las funciones, poderes y derechos del rey/reina como jefe del Estado

La mujer que es casada con el rey, no tiene funciones constitucionales. Excepto por lo que se refiere a la Regencia.

Gobierno temporal que se establece cuando el Rey es menor de edad, está incapacitado para ejercer sus funciones o cuando hay falta de un heredero inmediato. Se puede ejercer de forma individual o por un consejo de regentes.

La persona designada para ser responsable de la educación y cuidado del rey menor de edad. Puede ser el padre, la madre, un familiar o un individuo elegido por las Cortes Generales

La ley electoral establece las causas por las que una persona no puede ser diputada o senadora, como ser miembro del Tribunal Constitucional, alto cargo en la Administración del Estado o miembro de las Fuerzas Armadas.

Son incompatibles ser miembro del Tribunal Constitucional, alto cargo del Estado (excepto los miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, Magistrados, Jueces, Fiscales, militares profesionales y policías en activo, y miembros de las Juntas Electorales.

La validez de las actas y credenciales de los Diputados y Senadores se controla mediante un proceso judicial, según la ley electoral.

Los Diputados y Senadores no pueden ser perseguidos por las opiniones que expresan en su trabajo.

Los Diputados y Senadores solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito durante su mandato. Para procesarlos se necesita la autorización de su Cámara.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es el órgano judicial que juzga a los Diputados y Senadores.

Las Cámaras del Parlamento establecen sus propias normas internas (Reglamentos), aprueban su presupuesto y regulan el estatuto de sus trabajadores.

Los Presidentes de las Cámaras, elegidos por los miembros, tienen la máxima autoridad administrativa y de seguridad dentro de sus edificios.

Las conclusiones de las Cámaras no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales. Sin embargo, el resultado de la investigación se comunicará al Ministerio Fiscal para que tome las acciones oportunas.

Es obligatorio comparecer ante las Cámaras cuando se te requiera. La ley establece sanciones por incumplimiento de esta obligación.

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas por escrito. No se permiten presentaciones directas por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras pueden remitir las peticiones al Gobierno, que debe explicarse sobre su contenido.

Cada Cámara tiene una Diputación Permanente formada por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios. Sus funciones son: asumir las facultades de las Cámaras en caso de disolución o expiración del mandato, velar por sus poderes cuando no están reunidas y dar cuenta de sus actuaciones a la Cámara cuando está en sesión.

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas legalmente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

La Diputación Permanente tiene tres funciones principales: ejercer las facultades de las Cámaras en caso de disolución o expiración del mandato, velar por sus poderes cuando no están reunidas y dar cuenta de sus actuaciones a la Cámara cuando está en sesión.

Las Cámaras pueden recibir peticiones, pero solo por escrito. Pueden remitirlas al Gobierno, que está obligado a dar una explicación si las Cámaras lo demandan.

Las Diputaciones Permanentes son importantes porque garantizan el funcionamiento del Parlamento incluso cuando las Cámaras no están en sesión. Representan las funciones de las Cámaras en caso de disolución o expiración del mandato y velan por sus poderes.

Los miembros del Gobierno solo pueden ejercer las funciones propias del mandato parlamentario, no otras funciones públicas o actividades profesionales o mercantiles.

La ley regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno, definiendo sus roles y limitaciones.

El Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno después de cada renovación del Congreso de los Diputados, previa consulta con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria.

El candidato a la Presidencia expone su programa político ante el Congreso y solicita la confianza de la Cámara. La confianza se otorga por mayoría absoluta en la primera votación o por mayoría simple en una segunda votación.

Si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso después de dos meses, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones.

Los demás miembros del Gobierno son nombrados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

El Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, representa al Estado español en el ámbito internacional, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Si una persona con derecho a la Corona se casa en contra de la prohibición del Rey y de las Cortes Generales, pierde su derecho a la sucesión, junto con sus descendientes.