¿Conoces la Ley de Procedimiento Administrativo Común en España?

ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos.

Se ha aprobado una ley para proteger los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas.
Se propone una reforma integral y estructural para ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones.
Se impulsa simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares del Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados.
La Constitución establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad.
El artículo 105 de la Constitución establece que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
La presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no agota las competencias estatales y autonómicas para establecer especialidades.
La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 fue la primera regulación completa del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico.
La Ley 30/1992 supuso un hito clave de la evolución del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional.
La Ley 11/2007 estableció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
La reforma busca una economía competitiva con Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles.El Gobierno español ha aprobado una nueva Ley de Procedimiento Administrativo que establece las bases para la actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito electrónico. La nueva ley pretende terminar con la dispersión normativa existente, reforzar la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento. La ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. El título preliminar establece la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. El título I regula las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. Además, dedica parte de su articulado a la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra.La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece una serie de novedades en cuanto a la relación electrónica entre ciudadanos y Administraciones Públicas, incluyendo la obligación de contar con un registro electrónico general y de mantener un archivo electrónico único de los documentos finalizados. También se regula el régimen de validez y eficacia de las copias y se introducen medidas para garantizar la seguridad jurídica de los interesados en la notificación electrónica. El procedimiento administrativo común se simplifica y se unifican los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial. Además, se incrementa la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.general, se busca mejorar la planificación normativa ex ante para asegurar la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación y evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor. La Ley establece disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, incluyendo la adhesión de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a los registros y sistemas establecidos por la Administración General del Estado. También se establecen especialidades por razón de la materia, como las actuaciones y procedimientos en materia tributaria y aduanera, Seguridad Social y Desempleo, tráfico y seguridad vial, y extranjería. Se modifica la Ley reguladora de la jurisdicción social para exceptuar ciertos procesos del requisito de conciliación o mediación previas y establecer requisitos para demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público. También se establecen excepciones al agotamiento de la vía administrativa y se establecen efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. Finalmente, se modifica el artículo sobre la celebración del juicio.