¿Conoces la Ley de Potestad Sancionadora y Responsabilidad Patrimonial?

Principios de la potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Capítulo III:

• La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido reconocida por una norma con rango de Ley y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
• Las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
• Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves.
• Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
• Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar privación de libertad.

Capítulo IV:

• Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en relación con su vida, libertad, propiedad o cualquier otro derecho o interés legítimo.
• La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se hará efectiva en los términos y condiciones previstos en las leyes.
• La responsabilidad patrimonial será exigible cuando se produzca un daño que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.Resumen de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas

1. La Ley establece la obligación de las Administraciones Públicas de indemnizar a los particulares por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor o cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño.

2. El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

3. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por lesiones sufridas en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos, siempre que se establezca así en los propios actos legislativos.

4. La responsabilidad del Estado legislador puede surgir en caso de que los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional y el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

5. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

6. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

7. En caso de gestión conjunta entre varias Administraciones públicas, todas ellas responderán de forma solidaria frente al particular en todo caso.

8. La Administración correspondiente exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

9. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables.

10. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la CompetResumen de responsabilidad patrimonial y penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas

11. La Administración es responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados por su personal en el ejercicio de sus funciones.

12. La responsabilidad patrimonial se exigirá cuando haya una relación directa entre la actuación del personal y el daño causado.

13. La Administración instruirá el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial en caso de dolo, culpa o negligencia graves.

14. El procedimiento se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. El procedimiento incluirá trámites de alegaciones, práctica de pruebas, audiencia y propuesta de resolución.

16. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

17. La responsabilidad penal del personal se exigirá de acuerdo con la legislación correspondiente.

18. La responsabilidad civil derivada del delito también será exigida.

19. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial.

20. La determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal puede ser necesaria para fijar la responsabilidad patrimonial.

21. La Administración también puede instruir procedimiento para exigir responsabilidad a otras autoridades y personal a su servicio.

22. La responsabilidad patrimonial y penal del personal es importante para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficacia de la Administración.