Conceptos Generales del Derecho

El centro de imputación de derechos y deberes, siempre asociado a la vida humana. Es decir, quién tiene derechos y obligaciones.

Cualquier bien, material o inmaterial, que está sujeto al poder jurídico del sujeto de derecho. Es decir, sobre lo que se ejercen los derechos.

La relación entre dos o más personas que está regulada por una norma de derecho. Es el vínculo entre sujetos y objetos.

La conducta que la ley exige. Es una obligación externa a la persona, impuesta por la sociedad.

La acción que la ley permite y protege, el derecho de una persona es una obligación para los demás.

Una teoría que considera que las normas jurídicas provienen de una autoridad soberana, otorgándole a esta el poder exclusivo de crear Derecho.

Escuela que considera que el Derecho es un producto del "espíritu del pueblo" (Volksgeist), manifestándose como un fruto espontáneo de la voluntad popular.

Propone que el Derecho es un fenómeno que surge de la acción de diversos factores de la conciencia colectiva y se desarrolla en relación con la vida social.

Define el Derecho como la conducta de los hombres, una interferencia o la posibilidad de interferencia en la conducta de otros.

La fuente principal del Derecho en el historicismo jurídico, que refleja la conciencia jurídica de la comunidad.

La función del Estado en el historicismo jurídico, con el objetivo de regular las relaciones interpersonales.

La función de los juristas en el historicismo jurídico, que analizan y buscan la coherencia entre las diferentes fuentes del Derecho.

La finalidad del Derecho, según la teoría sociológica, es resolver los conflictos que surjan entre los miembros de la sociedad.

Es una herramienta utilizada para evaluar si una medida estatal limita los derechos fundamentales de manera justa y necesaria.

Se utiliza para analizar la legitimidad de las medidas estatales que pueden afectar los derechos fundamentales o los bienes constitucionales.

El principio de proporcionalidad está establecido en el artículo 200 de la Constitución, enfatizando la coherencia y armonía en la interpretación constitucional.

El princípio de proporcionalidad no solo protege los derechos fundamentales, sino también otros bienes constitucionales que pueden verse afectados por medidas estatales.

La violación del principio de proporcionalidad afecta directamente al derecho fundamental o bien constitucional que se viole.

La Constitución de 1993 es una norma jurídica con contenido dispositivo y es suprema en el ordenamiento jurídico.

La Constitución se aplica a todos los poderes públicos y privados, así como a la sociedad en su conjunto.

La Constitución es la norma que preside el ordenamiento jurídico, con el poder de invalidar cualquier norma que la contradiga.

Ningún acto del Estado, ni de la sociedad, puede vulnerar la Constitución, ya que es la norma suprema.

Un razonamiento jurídico debe ser coherente y lógico para que la decisión sea válida.

La conclusión de un razonamiento jurídico debe ser la consecuencia lógica de las premisas.

La justificación externa se refiere a que el razonamiento jurídico esté libre de contradicciones internas.

La justificación externa es importante para controlar la arbitrariedad en la decisión jurídica.

El principio de necesidad en el ámbito de los derechos fundamentales implica que una restricción a estos derechos solo es justificable si no existe otro medio alternativo igualmente efectivo o más efectivo para alcanzar el objetivo deseado, y que sea menos restrictivo para el derecho en cuestión.

En el contexto penal, el principio de necesidad implica que el derecho penal debe ser un recurso de última instancia, solo utilizado para las violaciones más graves, ya que afecta gravemente los derechos fundamentales del individuo.

La aplicación de sanciones penales debe ser la última opción, solo cuando otros medios menos restrictivos no puedan proteger los bienes jurídicos o controlar las conductas.

La intervención penal debe ser proporcional a la gravedad del delito. Se debe considerar si la pena aplicada es realmente necesaria para la protección social y la prevención del delito.

El sistema penal debe ser fragmentario, solo centrándose en las violaciones más graves. No debe intervenir en áreas que pueden ser reguladas por otros medios.

Es necesario evaluar la eficacia real de otras medidas menos lesivas antes de recurrir a la intervención penal. Se busca que la pena sea efectiva y no un simple castigo.

La sanción penal debe ser el último recurso, solo aplicable cuando otras medidas no alcanzan la protección social y la regulación de la conducta.

La intervención penal debe ser proporcionada, solo interviniendo en casos graves y evitando la hipertrofia del sistema penal.

Es el examen que determina si la medida estatal tiene una relación causal directa con el objetivo constitucional que se busca alcanzar. Se asegura que la medida sea adecuada para lograr el fin deseado.

Un fin de relevancia constitucional es un objetivo que está protegido por la Constitución. Este fin debe ser importante para el bienestar de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales.

Se refiere a que la medida estatal debe ser necesaria para alcanzar el fin deseado y que no haya otra opción menos restrictiva para lograr el mismo objetivo. La medida no debe ser excesiva o desproporcionada.

Es el principio que limita la creación de leyes que puedan afectar derechos fundamentales. Implica que una ley solo es válida si protege o respeta los derechos básicos de las personas.

Significa que las leyes que limitan derechos fundamentales deben aplicarse solo cuando la acción o comportamiento de una persona cause daño o peligro a un bien jurídico importante.

Este principio busca que la medida estatal que limita un derecho fundamental esté justificada por el beneficio que genera para el fin constitucional. Debe haber un balance entre la restricción del derecho y la realización del objetivo.

Este principio establece que la autoridad estatal debe analizar la magnitud de la restricción a un derecho fundamental y compararla con el grado en que se alcanza el fin constitucional. El límite impuesto al derecho no debe ser excesivo en relación al objetivo perseguido.

Este principio establece que la medida estatal que limita un derecho fundamental debe ser la más eficiente y menos restrictiva posible, buscando alternativas que no afecten tanto a los derechos de los individuos.