Conceptos Clave de la Constitución Española 1978

El principio de que la Constitución española se basa en la unidad de España como país, pero también reconoce el derecho a la autonomía de las diferentes regiones.

El derecho de las regiones de España a tener un cierto grado de autogobierno dentro de la estructura general del Estado.

Las regiones de España, como Cataluña, Andalucía y Galicia, que tienen un estatus especial dentro de la Constitución.

El concepto de que todas las regiones de España deben colaborar y apoyarse mutuamente, reconociendo que todas forman parte de un solo país.

El principio que establece que la soberanía o poder supremo reside en el pueblo español, es decir, que es el pueblo quien tiene el poder de elegir a sus representantes y de participar en el gobierno.

La forma de gobierno en España basada en la combinación de una monarquía (un rey como jefe de estado) y un sistema parlamentario (un gobierno elegido por el Parlamento).

La capital de España.

El concepto de que la Constitución española se coloca por encima de cualquier otra ley, asegurando que ninguna ley puede contradecirla.

El idioma oficial de España es el castellano.

Todos los españoles tienen el derecho de usar el idioma castellano.

Las comunidades autónomas pueden tener otras lenguas oficiales, además del castellano.

La diversidad lingüística de España es un valor cultural importante.

Las personas tienen libertad para crear y realizar sus propias actividades, siempre que cumplan la ley y la Constitución.

El funcionamiento del Estado debe ser democrático, basado en la participación ciudadana.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son libres de defender los intereses de sus miembros.

El Estado debe promover las condiciones para asegurar la libertad e igualdad de todos.

Un estado de excepción que se declara en situaciones de graves alteraciones de la normalidad, como catástrofes o calamidades, y que limita algunos derechos y libertades.

Un estado de excepción más grave que el estado de Alarma, que se declara cuando hay una amenaza al funcionamiento de las instituciones o se restringen los derechos y libertades de los ciudadanos.

El estado de excepción más severo, que se declara en situaciones de insurrección o actos de fuerza contra la soberanía o integridad territorial de España.

El tiempo máximo que puede durar un estado de Alarma es de 15 días.

La duración máxima del estado de excepción es de 30 días, prorrogable por otros 30 días.

El principio de legalidad dicta que la organización militar debe basarse en las leyes. Es decir, no puede haber militares o fuerzas militares que no estén regulados por una ley.

Las normas militares deben ser públicas para que todos las conozcan y puedan cumplirlas. La transparencia es esencial para la legitimidad y el buen funcionamiento del sistema.

Las leyes militares deben ser aplicadas solo a partir del momento en que entran en vigor. No se pueden aplicar normas retroactivamente para sancionar actos que ocurrieron antes de su promulgación.

El poder dentro de las fuerzas armadas está organizado jerárquicamente, con diferentes niveles de autoridad y responsabilidad. Este sistema garantiza una cadena de mando clara y ordenada.

Las fuerzas armadas deben ser democráticas, es decir, deben estar sometidas a la Constitución y al control del poder legislativo y del pueblo. Esto asegura que los militares no se conviertan en una fuerza autónoma o que actúen de forma arbitraria.

El principio de seguridad jurídica establece que los ciudadanos y los poderes públicos están obligados a respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Las elecciones generales al Congreso de los Diputados deben celebrarse entre 30 y 60 días después de que finalice el mandato parlamentario.

El Congreso debe convocar una sesión para debatir y votar un Decreto-ley en el plazo de 30 días tras su publicación.

El plazo para que el Senado vote un proyecto de ley urgente es de 20 días. En los proyectos no urgentes, el plazo es de 2 meses.

El Rey tiene 15 días para sancionar una ley tras su aprobación por las Cortes Generales.

La moción de censura debe presentarse al Congreso y no puede ser votada hasta que transcurran 5 días después de dicha presentación.

Se permite la presentación de mociones de censura alternativas durante los dos primeros días desde la presentación de la primera.

La Constitución Española de 1978 es la ley suprema de España, que establece las bases del ordenamiento jurídico y político del país. Establece los derechos fundamentales de los ciudadanos y determina la organización del Estado.

La Constitución Española de 1978 entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, tras ser aprobada por referéndum.

La Constitución Española de 1978 ha sido modificada en dos ocasiones, en 1992 y 2011, mediante un proceso de reforma establecido en la propia Constitución.

El Título Preliminar de la Constitución Española contiene las bases fundamentales del ordenamiento jurídico y político de España, incluyendo la forma de Estado y sus principios básicos.

España se define como un Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce la soberanía popular y garantiza la igualdad ante la ley.

La Bandera de España es un símbolo nacional con tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que las rojas.

El Título I de la Constitución Española se centra en los derechos y deberes fundamentales de las personas, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El Título II de la Constitución Española trata sobre la Corona, que es el símbolo de la unidad de la Nación Española y representa el poder ejecutivo del Estado.

El Título III de la Constitución Española se ocupa de las Cortes Generales, que son el órgano legislativo del Estado y representan la voluntad del pueblo.

Las Cortes Generales están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado, que comparten la función de legislar y controlar al gobierno.

El Título IV de la Constitución Española habla del Gobierno, que es el órgano ejecutivo del Estado encargado de aplicar las leyes y dirigir la Administración.

El Título VI de la Constitución Española se centra en el Poder Judicial, que es independiente del gobierno y se encarga de administrar justicia.

El Título VII de la Constitución Española se refiere a la economía y la hacienda, incluyendo el sistema fiscal y la gestión de los recursos del Estado.

El Título VIII de la Constitución Española trata sobre la organización territorial del Estado, incluyendo el sistema de autonomías y las relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

El Título IX de la Constitución Española se dedica al Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y de resolver conflictos de competencia entre las instituciones del Estado.