Competencia Judicial en Asuntos Criminales

Medios legales para impugnar resoluciones judiciales a través de reclamos por errores en la forma o por infracción de la ley.

Recurso que cuestiona una sentencia por errores en el procedimiento o en la forma.

Recurso usado para argumentar que la sentencia judicial violó una norma legal.

Procedimiento legal para revisar una sentencia judicial en casos específicos por nuevos datos.

Delitos con penas menores, sustituyendo a las "faltas" según la legislación actual.

Profesionales que sustituyen a los Secretarios judiciales en las funciones administrativas.

Aclaraciones y normas complementarias que amplían la ley.

La jurisdicción para casos penales no se puede delegar o cambiar.

Los tribunales comunes o generales conocen la mayoría de los casos penales, salvo excepciones.

Cuando hay acusados con jurisdicción especial, la ordinaria investiga inicialmente para luego pasar al juez especializado, a excepción de la prevención de delitos.

La jurisdicción ordinaria tiene la competencia para iniciar las primeras investigaciones de delitos cometidos por aforados, pero luego envía el caso al juez con jurisdicción especial.

Una vez terminada la investigación inicial, se envía el caso al juez especializado para que continúe el proceso.

Decisión de un juez de no seguir un caso, por no tener la competencia en él, lo que puede ser apelado.

Posibilidad de cuestionar la decisión de un juez de no seguir un caso ante el tribunal superior.

Juzgado que investiga los hechos de un caso para determinar si hay delito y quién lo cometió antes de un juicio.

Cita ante el juez para que las partes presenten sus argumentos.

Decisión escrita del juez sobre un asunto concreto.

Solicitud para remover a un auxiliar judicial (como un secretario) por motivos específicos.

Juez que lleva a cabo la fase inicial de investigación en un caso.

Gastos del proceso judicial, como los honorarios legales.

Persona que reemplaza a otro en una función u oficio cuando éste no puede ejercerla.

Una solicitud de evidencia que se rechazó, en contexto de un caso. Es la prueba que se negó.

Facilitar la asistencia y apoyo para que las personas con discapacidad puedan entender y ser entendidas, incluyendo interpretación de lenguaje de signos, y medios de apoyo a la comunicación oral, así como la participación de un profesional facilitador para las adaptaciones necesarias.

Posibilidad de una persona con discapacidad de ir acompañada por una persona de su elección en las interacciones con autoridades y funcionarios, desde el primer contacto.

Fuera de casos específicos para personas con discapacidad, no se prolongan o detienen procesos civiles o penales por notificaciones adicionales.

En delitos del artículo 57 del Código Penal, se asegura la comunicación a la víctima de los actos procesales que afecten su seguridad.

Las víctimas pueden ejercer la acción penal hasta el trámite de calificación del delito, o, si se personan después del plazo para formular acusación (escrito), hasta el inicio del juicio oral.

El Ministerio Fiscal puede denunciar en casos de menores, personas con discapacidad bajo protección, o desvalidas, incluso si la persona agraviada no lo hace.

La renuncia de la persona afectada no extingue la acción penal por delitos o faltas en los procedimientos de oficio.

La renuncia a la acción civil no afecta a otros que sí la reclamen, pudiendo continuar el proceso penal.

La acción civil se debe entablar junto con la acción penal, incluso si hay un acusador particular.

La persona afectada tiene derecho a decidir si renuncia a la restitución, reparación o indemnización.

Los menores de edad tendrán notificado su derecho a parte en el proceso, y su renuncia a la restitución, reparación, etc.

En procesos con personas con discapacidad, se deben hacer adaptaciones a la comunicación, comprensión e interacción.

Las comunicaciones con personas con discapacidad deben ser claras, sencillas y accesibles, utilizando medios como la lectura fácil.

Recurso para apelar decisiones del Juzgado municipal que rechazan una recusación.

Los representantes del Ministerio Fiscal no pueden ser recusados, pero deben abstenerse si hay causas de abstención según el artículo 54.

Motivos por los cuales un fiscal debe abstenerse de intervenir en un proceso, descritas en el artículo 54.

En caso de abstención del Fiscal del Tribunal Supremo o de las Audiencias, el Teniente Fiscal, y luego los Abogados Fiscales, lo reemplazan.

Mecanismo para reclamar ante el superior jerárquico si un Fiscal no se excusa cuando debería hacerlo según el artículo 54.

El superior inmediato evalúa la queja, sustituyendo al fiscal si la considera fundada, o permitiendo su intervención si no lo está.

Los Fiscales de las Audiencias Territoriales resuelven las quejas contra los Fiscales de las Audiencias de lo criminal.

Las quejas al Ministro de Gracia y Justicia se dirigen por las quejas contra el Fiscal del Tribunal Supremo.