Autonomía Financiera del Estado y la UE

Autonomía Financiera del Estado y la UE

• La UE puede establecer límites a la autonomía financiera de sus estados miembros para lograr estabilidad económica y cohesión.
• Los tratados de la UE otorgan competencias a la UE en áreas financieras como el control del déficit y la deuda pública.
• La Constitución Española, con la reforma de 2011, garantiza el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria de la UE, limitando el déficit al 3% y la deuda al 60% del PIB.
• El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los estados a respetar estos límites para la sostenibilidad financiera de la eurozona.
• Ejemplos de intervenciones de la UE para regular las finanzas de los estados miembros, como el "rescate financiero" durante la crisis de 2008, son posibles.
• Aunque los estados tienen libertad en impuestos y gastos internos, deben respetar las reglas de la UE sobre deuda y déficit.
• Estas normas pueden afectar las decisiones de los estados (reducir gastos públicos o aumentar impuestos).

Declaración de Inconstitucionalidad de una Norma

• Una norma declarada inconstitucional viola la Constitución y pierde validez desde su origen.
• El Tribunal Constitucional puede ajustar el efecto retroactivo según la seguridad jurídica y el impacto económico.
• Ejemplos incluyen la declaración de inconstitucionalidad de una ley fiscal, permitiéndole a los ciudadanos reclamar pagos realizados según dicha norma.
• La norma deja de aplicarse y las administraciones y jueces deben abstenerse de usarla.
• Acciones basadas en la norma inconstitucional pueden ser revisadas, especialmente si afectan derechos fundamentales.
• El Tribunal Constitucional puede limitar la retroactividad en casos de estabilidad social o económica.

Cuestión de Inconstitucionalidad

• Es un proceso mediante el cual jueces y tribunales consultan al Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad de una norma con la Constitución.
• Solo los jueces y tribunales pueden plantear la cuestión, no las partes del caso.
• Se requiere demostrar la afectación de la norma al caso concreto.
• El proceso judicial se suspende hasta la decisión del Tribunal Constitucional.
• Un ejemplo de ello sería un juez que encuentra que una ley que restringe los derechos laborales contradice la Constitución.

Principio de Igualdad

• El artículo 14 de la Constitución Española establece la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, u otra condición personal o social.
• Este principio exige que los tributos sean diseñados y aplicados sin discriminación, garantizando que todos aporten según su capacidad económica.
• Existen dos dimensiones: formal (igualdad ante la ley) y material (reducción de desigualdades a través de políticas).
• Una ley que impone impuestos diferentes a regiones sin justificación objetiva viola este principio.
• La igualdad no significa tratamiento idéntico, sino equitativo. Pueden existir diferencias justificadas (deducciones por discapacidad).

Principio de Capacidad Económica

• Los ciudadanos deben contribuir al gasto público en función de su capacidad económica, como indica el artículo 31 de la Constitución Española.
• Los tributos deben reflejar la situación económica del contribuyente (capacidad contributiva).
• Los impuestos deben ser progresivos, es decir, quienes más tienen, aportan más (proporcionalidad).
• Un ejemplo de esto sería que personas de altos ingresos paguen un porcentaje mayor en IRPF que personas con ingresos mínimos.

Principio de Progresividad

• Los impuestos deben aumentar proporcionalmente con la capacidad económica del contribuyente.
• Este principio permite una redistribución justa de los recursos, reduciendo desigualdades.
• Sistemas tributarios progresivos imponen tasas impositivas más altas a mayores ingresos y patrimonios.
• Los impuestos directos, como el IRPF, ejemplifican este principio por su vinculación con los ingresos.

Principio de No Confiscatoriedad

• Los impuestos no pueden ser excesivos para privar de recursos esenciales al contribuyente, garantizando el derecho a la propiedad y subsistencia (artículo 31).
• Los impuestos deben ser proporcionales y no absorber una renta o patrimonio desproporcionado.
• Se evalúa el impacto fiscal total (directos e indirectos) para asegurar que no es confiscatorio.
• Un impuesto que exija un 90% de la renta anual sería un ejemplo de violación al principio.

Carácter Retroactivo de las Leyes

• Las leyes tributarias en principio no son retroactivas para no afectar la seguridad jurídica de los contribuyentes.
• La retroactividad está permitida en casos excepcionales, como normas favorables al contribuyente o disposiciones transitorias justificadas.
• Retroactividad puede ser plena (aplicada a hechos anteriores) o limitada (a situaciones en curso).
• Ejemplos de retroactividad: eliminación de sanciones impuestas previamente.
• Retroactividad en reformas estructurales del sistema fiscal no pueden afectar negativamente a derechos adquiridos.

Jerarquía de Leyes Internacionales y Nacionales

• Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno (artículo 96).
• Los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias.
• En conflictos entre tratados y leyes, prevalece el tratado.
• La Constitución Española tiene jerarquía superior a los tratados.

Decreto Ley vs. Decreto Legislativo

• Decreto ley: Norma con rango de ley aprobada por el gobierno en situaciones de urgencia y necesidad.
• Es provisional y debe ser convalidado por el Congreso en 30 días.
• No puede regular materias reservadas a leyes orgánicas (derechos fundamentales, etc.)
• Decreto legislativo: Norma con rango de ley aprobada por el gobierno con delegación expresa del Congreso.
• Desarrolla, completa, o sistematiza la legislación existente.
• Tiene carácter permanente y se rige por la ley de bases o ley ordinaria.

Potestad de los Reglamentos

• Los reglamentos son normas del poder ejecutivo (gobierno u otras administraciones) que desarrollan, complementan o aplican las leyes.
• Tienen carácter subordinado a las leyes y deben respetar la Constitución.
• La potestad reglamentaria está distribuida en diferentes niveles de la administración (nacional, autonómica y local).
• Se dictan a través de reales decretos (nacional) y otras normas locales (ordenanzas).
• Los reglamentos no están por encima de las leyes y pueden ser declarados nulos por tribunales contencioso-administrativos.