Adjudicación Directa: Contratos Menores

Los contratos menores son contratos públicos cuyo valor estimado es inferior a un determinado límite (40.000 € para obras y 15.000 € para suministros o servicios).

Los contratos menores se adjudican directamente a un empresario sin necesidad de un proceso de licitación formal.

Para adjudicarse un contrato menor, el empresario debe tener capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

En los contratos menores, el órgano de contratación debe emitir un informe justificando la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de los umbrales.

Para contratos menores con pago a través del sistema de anticipos de caja fija y un valor estimado inferior a 5.000 €, no se requiere el informe justificativo.

La información de los contratos menores se publica al menos trimestralmente, incluyendo su objeto, duración, importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.

Los contratos menores se ordenan por la identidad del adjudicatario al publicarse.

La información publicada sobre los contratos menores incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros están exentos de ciertos requisitos de contratación si el sistema de pago utilizado es el de anticipo de caja fija u otro similar para pagos menores.

Es un proceso utilizado por las administraciones públicas para adjudicar contratos. Se basa en acuerdos previos con empresas para fijar las condiciones y adjudicaciones durante un período determinado.

Es una técnica de racionalización de la contratación para compras de uso corriente que se realiza de forma electrónica. Permite la participación de cualquier empresa que cumpla los criterios de selección.

Permite a entidades públicas centralizar la contratación de obras, servicios y suministros a través de servicios especializados, facilitando la gestión y optimizando la asignación de recursos.

Es un procedimiento administrativo para adjudicar contratos que permite acelerar el proceso cuando existe una necesidad urgente o por razones de interés público.

Es un procedimiento administrativo para adjudicar contratos que se aplica en situaciones extraordinarias, en las que la administración necesita actuar con rapidez para evitar un daño o riesgo inminente.

Un procedimiento de adjudicación de contratos que se caracteriza por su rapidez, la cual se logra mediante la reducción de los plazos de los trámites administrativos necesarios.

Se refiere a la reducción a la mitad de los plazos establecidos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato en la tramitación de urgencia.

En la tramitación de urgencia, los expedientes gozan de preferencia para su despacho, lo que significa que se les da prioridad en el procesamiento.

Los plazos para la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto de los contratos de obras, suministros y servicios SARA no pueden ser inferiores a 15 días.

Los plazos para la presentación de solicitudes en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios SARA no pueden ser inferiores a 15 días.

Establece un plazo mínimo de diez días para la presentación de proposiciones en contratos de obras, suministros y servicios SARA.

Incluye la ley de contratación del sector público (LCSP) que establece las normas para la contratación pública en España.

Se refiere a los contratos que se adjudican a través de varios procesos de licitación separados.

Se refiere a los contratos que se adjudican dentro de un acuerdo marco.

Los órganos unipersonales o colegiados que tienen la responsabilidad de gestionar la contratación pública en las Administraciones Públicas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, es responsable de la compra centralizada de bienes y servicios para el sector público estatal.

Las Juntas de Contratación actúan como órganos de contratación para ciertos tipos de contratos, con límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos determinados por el titular del departamento.

En determinadas situaciones, la contratación pública requiere una autorización expresa del Consejo de Ministros o de los Ministros y Secretarios de Estado, en función del importe estimado del contrato.

Los contratos públicos se adjudican normalmente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio.

El procedimiento abierto es uno de los métodos para adjudicar contratos públicos, donde se invita a todos los interesados a presentar ofertas.

El procedimiento restringido se utiliza para adjudicar contratos públicos, donde un número limitado de proveedores preseleccionados son invitados a presentar ofertas.

Las licitaciones con negociación, donde el órgano de contratación dialoga con los proveedores para mejorar sus propuestas, se utilizan para adjudicar contratos públicos en casos específicos.

El diálogo competitivo es un procedimiento de adjudicación de contratos públicos que permite a los proveedores colaborar con el órgano de contratación para desarrollar soluciones innovadoras.

Los contratos menores se adjudicarán directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.

Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.

En los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, el plazo para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten información adicional es de 4 días, en lugar de 6, antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, siempre que el procedimiento sea abierto o restringido.

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización, en el procedimiento abierto simplificado.

En la tramitación de emergencia, no es necesario tramitar un expediente de contratación ni seguir los requisitos formales establecidos en la ley. Tampoco es preceptivo que exista crédito adecuado y suficiente.

Si el contrato se celebra por la Administración General del Estado, se dará cuenta al Consejo de Ministros en un plazo máximo de treinta días.

Una vez adoptado el acuerdo de inicio, la ejecución de las prestaciones no podrá superar un mes. Si se excede este plazo, la contratación requerirá un procedimiento ordinario.

La contratación pública se define como la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades públicas, mediante un procedimiento reglado y oneroso.

La contratación pública representaba casi un 16% del PIB de la Unión Europea en 2017, y en torno a un 20% del PIB de España.

La Constitución Española (artículo 149.1.18ª) y las Directivas europeas sobre contratación pública (2014/24/UE, 2014/25/UE y 2014/23/UE) son las principales regulaciones de la contratación pública.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento español las Directivas europeas sobre contratación pública.

Se establecen tres niveles de aplicabilidad en función del tipo de entidad del Sector público que contrate: Sector Público, Poderes Adjudicadores y Administraciones Públicas.

Según su objeto, se clasifican en contratos de obras, concesiones de obras y servicios, suministro, servicios y contratos mixtos.

Se clasifican en contratos sujetos a Regulación Armonizada (SARA), no SARA y contratos menores, según su valor estimado.

Los contratos pueden ser administrativos o civiles, según el régimen jurídico aplicable.