Estatuto autonomía I

Título Preliminar: La Comunidad de Castilla y León

• Castilla y León es una comunidad histórica y cultural con origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla.
• Contribuyó decisivamente a la formación de España y ejerce su derecho al autogobierno dentro del marco constitucional.
• Como región de Europa, Castilla y León asume los valores de la Unión Europea y defiende los derechos reconocidos en su ordenamiento jurídico.
• El territorio comprende los municipios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
• Una ley aprobada por mayoría de dos tercios de las Cortes fijará la sede o sedes de las instituciones básicas.
• La Junta determinará la ubicación de los organismos y servicios de la Administración, considerando descentralización, eficacia, coordinación y tradición histórico-cultural.
• La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural son valores esenciales que recibirán especial protección y apoyo.
• Se fomentará la creación de entidades dedicadas a la protección de estos valores.
• El castellano es parte del patrimonio histórico y cultural más valioso de la región.
• La Junta fomentará su uso correcto en educación, administración y cultura, promoviendo su aprendizaje internacional en colaboración con las Universidades.
• El leonés tendrá protección específica por su valor patrimonial, regulándose su protección, uso y promoción.
• La lengua gallega gozará de respeto y protección en los lugares donde se utilice habitualmente.
• Los símbolos de identidad exclusiva son el blasón, la bandera, el pendón y el himno.
• La fiesta oficial de la Comunidad es el 23 de abril.
• El blasón es un escudo cuartelado con un castillo de oro sobre gules y un león rampante de púrpura sobre plata, timbrado por corona real abierta.
• La bandera es cuartelada con los símbolos del blasón y ondea a la derecha de la bandera española en actos oficiales.
• El pendón es el escudo cuartelado sobre fondo carmesí tradicional.
• Cada provincia y municipio conservarán sus banderas y emblemas tradicionales.
• El himno y los demás símbolos se regularán por ley específica.
• La protección jurídica de los símbolos es la que corresponde a los símbolos del Estado.

Título I: Derechos y principios rectores

Capítulo I: Disposiciones generales

• Son ciudadanos de Castilla y León los españoles con vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios.
• Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Castilla y León, así como sus descendientes inscritos como españoles, gozarán de los derechos de participación en los asuntos públicos.
• Los ciudadanos tienen los derechos y deberes establecidos en la Constitución Española, tratados internacionales sobre derechos humanos, el ordenamiento de la Unión Europea y el Estatuto de Autonomía.
• Los poderes públicos promoverán la libertad e igualdad, removiendo obstáculos y facilitando la participación en la vida política, económica, cultural y social.
• Los derechos y principios no alteran la distribución de competencias ni crean títulos competenciales nuevos.
• Ninguna disposición puede reducir o limitar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.

Capítulo II: Derechos de los castellanos y leoneses

• Los ciudadanos originarios de Castilla y León que residan en otras Comunidades Autónomas o fuera de España, así como sus asociaciones y centros sociales, tienen derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Castilla y León.
• Una ley de las Cortes regulará el alcance y contenido de este reconocimiento.
• La Comunidad podrá suscribir convenios con otras Comunidades Autónomas y solicitar al Estado previsiones en tratados internacionales.
• En el marco constitucional y de la legislación estatal, los derechos reconocidos a los ciudadanos de Castilla y León se extenderán a los extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad.
• Los poderes públicos promoverán la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes.
• Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes, en los términos establecidos en la Constitución, el Estatuto y las leyes.
• Tienen derecho a ser electores y elegibles en las elecciones legislativas autonómicas.
• La ley promoverá la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el acceso a los mandatos representativos autonómicos.
• Los ciudadanos tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes.
• Tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares sobre decisiones políticas de competencia autonómica, respetando el artículo 149.1.32.ª de la Constitución Española.
• Todas las personas tienen derecho a dirigir peticiones a las Instituciones y Administraciones Públicas de la Comunidad en relación con asuntos de su competencia.

Capítulo III: Deberes de los castellanos y leoneses

• Contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica.
• Conservar y proteger el medio ambiente y hacer un uso responsable de los recursos naturales.
• Colaborar en situaciones de catástrofes y emergencia.
• Respetar, cuidar y proteger el patrimonio cultural.
• Hacer un uso responsable y solidario de los bienes y servicios públicos.
• Cualquier otro deber establecido por ley de Cortes.

Capítulo IV: Principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León

• Los poderes públicos deben orientar sus actuaciones según la Constitución y el Estatuto.
• Deben promover y adoptar medidas para garantizar:
  • La prestación de servicios públicos de calidad.
  • El crecimiento económico sostenible orientado a la cohesión social y territorial.
  • La creación de empleo estable y de calidad, la seguridad y salud laboral y la formación permanente.
  • El fomento del diálogo social.
  • El desarrollo de la actividad empresarial, la economía social y el cooperativismo.
  • La promoción de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica.
  • La proyección exterior de las empresas de Castilla y León.
  • El ejercicio del derecho de los ciudadanos a vivir y trabajar en su tierra.
  • La lucha contra la despoblación.
  • La modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales.
  • El apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario.
  • La plena integración de los jóvenes en la vida pública.
  • La protección integral de las familias.
  • El acceso a una vivienda digna.
  • La garantía del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado.
  • La protección de los consumidores y usuarios.
  • La protección y difusión de la riqueza cultural y patrimonial.
  • El fomento de la presencia cultural, económica y social de Castilla y León en el exterior.
  • La promoción de un sistema educativo de calidad.
  • El apoyo a las Universidades y el estímulo a la excelencia en la investigación.
  • La incorporación de Castilla y León a la sociedad del conocimiento.
  • La garantía del derecho a recibir información plural y veraz.
  • La no discriminación y el respeto a la diversidad de los colectivos étnicos, culturales y religiosos.
  • El fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, el voluntariado y la participación social.
  • La promoción de la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y el civismo democráticos.

Capítulo V: Garantías de los derechos y principios estatutarios

• Los derechos reconocidos vinculan a los poderes públicos y a los particulares, siendo exigibles judicialmente.
• La regulación esencial de los derechos debe realizarse por ley de las Cortes de Castilla y León.
• Los principios rectores informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, siendo exigibles ante la jurisdicción según lo determinen las normas que los desarrollen.
• El Procurador del Común es el Alto Comisionado de las Cortes para la protección y defensa de los derechos constitucionales y estatutarios frente a la Administración de la Comunidad, entes locales y organismos dependientes.
• Una ley de las Cortes regulará las competencias, organización y funcionamiento de esta institución.
• El Procurador del Común colaborará y coordinará sus funciones con las del Defensor del Pueblo.

Título II: Instituciones de autogobierno de la Comunidad

• Las instituciones básicas son:
  • Las Cortes de Castilla y León.
  • El Presidente de la Junta de Castilla y León.
  • La Junta de Castilla y León.
• Son instituciones propias el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.

Capítulo I: Las Cortes de Castilla y León

• Las Cortes representan al pueblo de Castilla y León y ejercen los poderes y atribuciones correspondientes.
• Las Cortes son inviolables.
• Están compuestas por Procuradores elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio.
• La circunscripción electoral es la provincia, asignándose un número mínimo de tres Procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes.
• La convocatoria de elecciones la realiza el Presidente de la Junta.
• La legislación electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Procuradores.
• Las Cortes se eligen por cuatro años.

Capítulo II: El Presidente de la Junta de Castilla y León

• El Presidente ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella.
• Preside la Junta, dirige sus acciones y coordina las funciones de sus miembros.
• Es elegido por las Cortes de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
• Al comienzo de cada legislatura o en caso de dimisión, fallecimiento, pérdida de la condición de Procurador, inhabilitación o incapacidad permanente, las Cortes elegirán al Presidente por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en la segunda.
• Si en dos meses ningún candidato obtiene la confianza de las Cortes, éstas se disuelven automáticamente y se convocan nuevas elecciones.

Capítulo III: La Junta de Castilla y León

• La Junta es la institución de gobierno y administración de la Comunidad.
• Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
• Está compuesta por el Presidente, los Vicepresidentes y los Consejeros.
• Una ley de Castilla y León regulará la organización, composición, atribuciones y el estatuto personal de sus miembros.
• El Presidente nombra y separa libremente a los miembros de la Junta.
• Puede delegar funciones ejecutivas y de representación en los Vicepresidentes y demás miembros.

Capítulo IV: Relaciones entre las Cortes de Castilla y León y la Junta de Castilla y León y su Presidente

• El Presidente y la Junta son políticamente responsables ante las Cortes de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
• El control de la acción política y de gobierno se ejerce por las Cortes en la forma que su Reglamento establezca.
• El Presidente puede plantear ante las Cortes la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
• La tramitación se regirá por el Reglamento de las Cortes y se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Procuradores.
• La Junta y su Presidente cesarán si las Cortes niegan su confianza.
• Las Cortes pueden exigir la responsabilidad política de la Junta mediante la aprobación por mayoría absoluta de una moción de censura.
• Ésta debe ser propuesta por al menos el 15% de los Procuradores e incluir un candidato a Presidente de Castilla y León.
• El Presidente puede acordar la disolución anticipada de las Cortes, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación de la Junta.

Capítulo V: El Poder Judicial en Castilla y León

• En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de acuerdo con la legislación del Estado:
  • Delimitar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su sede.
  • Ejercer las facultades normativas, ejecutivas y de gestión en relación con la creación, el diseño y la organización de las oficinas judiciales y unidades administrativas, así como respecto al personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.
  • Ejercer las facultades normativas, ejecutivas y de gestión que tenga atribuidas en relación con los organismos e instituciones colaboradores de la Administración de Justicia, incluidos los servicios de medicina forense y de toxicología.
  • Proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de Justicia dentro del marco de sus competencias.
  • De manera general, ejercer aquellas otras competencias que le reconozca o atribuya la legislación del Estado.