Apuntes Ciencia Política Examen Final PDF

APUNTES CIENCIA POLÍTICA I LECCIÓN 1. LA CIENCIA POLÍTICA Y EL ESTADO ————CHAT GPT RESUMEN———— Capítulo 1: ¿Qué es política? El primer capítulo define la política y sus características fundamentales, destacando su papel en la gestión de los conflictos sociales. 1. Definición de política:...

APUNTES CIENCIA POLÍTICA I LECCIÓN 1. LA CIENCIA POLÍTICA Y EL ESTADO ————CHAT GPT RESUMEN———— Capítulo 1: ¿Qué es política? El primer capítulo define la política y sus características fundamentales, destacando su papel en la gestión de los conflictos sociales. 1. Definición de política: La política es una actividad colectiva que regula los conflictos sociales dentro de una comunidad. Su objetivo principal es adoptar decisiones vinculantes que afectan a todos los miembros, utilizando mecanismos de regulación obligatoria y, en caso necesario, el uso de la fuerza. 2. El conflicto como base de la política: ◦ Origen de los conflictos sociales: ▪ Las comunidades humanas generan tensiones debido a las desigualdades en la distribución de recursos, roles y oportunidades. ▪ Estas desigualdades pueden ser económicas, educativas, culturales, de género o territoriales. ◦ El papel de la política: ▪ La política busca gestionar estas tensiones, no siempre resolviéndolas, pero sí evitando la desintegración social. ▪ La política actúa como un "seguro colectivo" que protege a las comunidades frente al caos y los conflictos descontrolados. 3. Fronteras variables de la política: ◦ Evolución histórica: ▪ Algunos temas que hoy forman parte del ámbito político (derechos laborales, igualdad de género) no lo fueron en el pasado. ▪ Otros, como la penalización del adulterio o la homosexualidad, han salido del ámbito político en muchas sociedades modernas. ◦ Proceso de politización: ▪ La politización ocurre cuando un conflicto social se traslada al escenario público, demandando decisiones vinculantes respaldadas por instituciones. ▪ Etapas: 1. Identificación del problema. 2. Conciencia colectiva y demandas. 3. Movilización de recursos y apoyos. 4. Reclamo público de decisiones obligatorias. 4. Definiciones clásicas de política: ◦ Control sobre personas y recursos (Maquiavelo, Dahl): Poder para imponer decisiones. ◦ Actividad institucional (Weber): Relacionada con el ejercicio del poder en estructuras formales como el Estado.  ◦ Búsqueda del bien común (Aristóteles, Locke): Promoción del interés general y redistribución de valores. ◦ Defensa frente a amenazas externas (Schmitt, Spencer): Preparación para la guerra y gestión de conflictos externos. Capítulo 2: ¿Qué es poder político? El segundo capítulo profundiza en el concepto de poder, destacando su papel central en la política. 1. Relación entre política y poder: ◦ La política no puede entenderse sin el poder, ya que este es el medio para imponer decisiones y regular conflictos. ◦ Las decisiones políticas, para ser efectivas, necesitan capacidad de coacción respaldada por la autoridad. 2. Definiciones de poder: ◦ Poder como recurso: ▪ Se percibe como algo que se posee o controla. ▪ Ejemplo: "El poder está en manos de tal grupo o persona". ◦ Poder como relación: ▪ Surge de la interacción entre individuos o grupos, donde unos logran influir sobre otros. ▪ Ejemplo: Un líder que persuade a sus seguidores para actuar de cierta manera. 3. Manifestaciones del poder político: ◦ Fuerza: Uso de coacción física para imponer decisiones. ◦ Influencia: Capacidad de persuadir a otros para que acepten una determinada acción o idea. ◦ Autoridad: Poder legitimado y aceptado por la comunidad. 4. La legitimidad como base del poder político: ◦ El poder político es más estable y efectivo cuando se percibe como legítimo. ◦ Tipos de legitimidad (según Weber): ▪ Tradicional: Basada en costumbres y prácticas históricas. ▪ Carismática: Derivada de la personalidad y liderazgo de un individuo. ▪ Legal-racional: Fundamentada en normas y leyes establecidas. Capítulo 3: Las tres dimensiones de la política Este capítulo analiza las dimensiones que conforman la política y su funcionamiento como sistema. 1. Las tres dimensiones de la política: ◦ Estructura:  ▪ La política como un conjunto de instituciones formales, como el Estado. ▪ Las estructuras políticas pueden entenderse como máquinas (rígidas y predecibles), organismos (adaptables) o mercados (competitivos). ◦ Proceso: ▪ La política incluye la interacción, negociación y toma de decisiones entre actores. ▪ Ejemplo: Las campañas electorales o el debate parlamentario. ◦ Resultado: ▪ Las decisiones finales o políticas públicas que impactan directamente en la comunidad. 2. El sistema político: ◦ Concepto propuesto por David Easton para entender la interacción de los elementos políticos: ▪ Inputs: Demandas y apoyos de la ciudadanía. ▪ Outputs: Decisiones y acciones realizadas por las instituciones políticas. ▪ Retroalimentación: Efectos de las decisiones en la sociedad, que generan nuevas demandas o apoyos. 3. Importancia del enfoque sistémico: ◦ Permite analizar cómo interactúan los diferentes elementos de la política. ◦ Ayuda a identificar problemas, tensiones y posibles soluciones dentro del sistema político. ————APUNTES———— La política es una actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo con el objetivo de regular los conflictos entre distintos grupos, y cuyo resultado se concreta en la adopción de decisiones por parte de las autoridades que son vinculantes para todos los miembros. El origen de los conflictos que la política debe resolver se encuentran en la existencia de diferencias sociales o desigualdades entre los miembros de una comunidad. En política, la armonía social es una situación excepcional o utópica, siendo algunos de los conflictos clásicos de la política la división de clases o los conflictos étnico-culturales. Por ello, la ciencia política lo que busca es el análisis, la comprensión y la verificabilidad de la teoría y la práctica política. Existen otras consideraciones a las que también hace referencia el término política, como puede ser el control sobre personas y recursos, la actividad desarrollada a través de instituciones estatales, o la defensa de la comunidad ante una amenaza exterior. Los miembros de una sociedad toman unos determinados roles políticos y adquieren una conducta que puede afectar de manera remota o directa a la gestión de los conflictos que ocurren en la comunidad (acción política). Estos miembros reciben el nombre de actores políticos. La política se manifiesta por medio del poder político, la capacidad de tomar decisiones o influir en ellas. Puede ser entendido tanto como un recurso del que unos disponen para imponer su voluntad como una situación de ventaja de unos actores sobre otros a la hora de relacionarse y en la que los segundo han de acoplarse. El poder político legítimo es mucho más sólido debido al respaldo social. Dicha legitimidad es la capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone; se trata de justificar la intervención. Hay un total de tres aspectos a la hora de analizar el poder político: fuerza, que es la capacidad para negar o limitar a otros el acceso a determinados bienes u oportunidades; influencia, que es la capacidad de persuadir a otros de abandonar o adoptar determinada conducta y postura sobre un tema por medio de argumentos y datos; y autoridad, que se utiliza en el sentido de autoritas, como derecho a ordenar y ser obedecido, lo cual implica una relación de supra-subordinación. Según el punto de vista que adoptemos a la hora de hablar de política, distinguimos entre: política como estructura (polity), política como proceso (politics), y política como resultado (policy). La comunidad política es la forma que adopta el poder en una sociedad, distinguiendo a un grupo de personas vinculadas por una división política del trabajo. Nacen así las estructuras de autoridad, modelos formales e informales con los que el poder es organizado y distribuido. En la teoría clásica del estado la soberanía es un poder final e ilimitado que rige a la comunidad política. En las democracias actuales se expresa el momento político fundacional en el que los ciudadanos, permiten a los poderes públicos que ejerzan como tales. Esto nos lleva a hablar muchas veces de soberanía popular: el pueblo como soberano. El pueblo, dentro de su concepción política, ha ido pasando por varias etapas a lo largo de la historia; el pueblo como entidad jurídico-política (Revolución Francesa), que expresa una idea niveladora e igualitaria en el que los ciudadanos integran unos limites historio-geográficos comunes (nación) y una organización política propia (Estado); el pueblo como unidad cultural (Romanticismo), donde se pone énfasis en destacar la dimensión cultural del mismo, siendo este el principal vinculo de unificación e integración de todos los individuos que lo conforman; y el pueblo como masas populares (durante el siglo XIX), en el que las clases marginales irrumpen en el panorama política con el objetivo de reafirmarse como clase social. Si nos fijamos en el politólogo David Easton, un sistema político es el conjunto de comportamientos comunes e instituciones políticas a través de las cuales la sociedad adopta decisiones que se consideran de obligado cumplimiento por la mayor parte de sus componentes. Se refiere a la sociedad política organizada de una forma específica; es un concepto que engloba instituciones varias, estructuras diversas y valores múltiples. También hace referencia a un sistema de análisis y a un procedimiento de observación. Con institución política, hacemos referencia a conductas, acciones, o comportamientos regularizados que gobiernan en un área crucial de la vida y que dura en el tiempo. La adopción de decisiones se orienta en torno a distintos modos: a través de valores como principios que orientan la acción, por medio de normas o a través de reglas de decisión social. Si nos centramos en las reglas de decisión y en que consisten, podemos destacar cuatro principios que estructuran las elecciones sociales: la unanimidad, la lotería, la mayoría y la proporcionalidad. Las autoridades son las estructuras destinadas a tomar decisiones legitimadas y vinculantes a todos los miembros de la comunidad, ya que tienen un carácter legal, coactivo y forzoso. LECCIÓN 2. EL ESTADO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA ————CHAT GPT RESUMEN———— Capítulo 5: La política antes del Estado Este capítulo explora las formas de organización política que existieron antes de la formación del Estado moderno. Analiza cómo las sociedades han gestionado sus conflictos y mantenido la cohesión social sin estructuras estatales formales. 1. Diez mil años de organización política Sociedades primitivas y tribales: ◦ Estructura: Pequeñas comunidades basadas en lazos de parentesco y cooperación mutua. ◦ Gestión de conflictos: Resolución a través de mediadores, consejos de ancianos o líderes respetados. ◦ Propiedad y recursos: Compartición de recursos esenciales; poca acumulación de riqueza individual. Evolución hacia sociedades más complejas: ◦ Agricultura y asentamientos permanentes: Surgimiento de la propiedad privada y acumulación de recursos. ◦ Especialización del trabajo: Desarrollo de roles más definidos y diferenciación social. ◦ Aumento de desigualdades: Diferenciación de estatus y poder entre individuos y grupos. 2. ¿Por qué cambian las estructuras políticas? Factores internos: ◦ Desigualdades sociales: Aumento de diferencias económicas y de poder. ◦ Conflictos internos: Tensiones derivadas de la competencia por recursos y posiciones. Factores externos: ◦ Interacción con otras sociedades: Comercio, guerras y alianzas que influencian las estructuras internas. ◦ Innovaciones tecnológicas: Cambios en la producción y comunicación que requieren nuevas formas de organización. Adaptación a nuevas necesidades: ◦ Las sociedades cambian sus estructuras políticas para gestionar nuevas complejidades y desafíos. 3. Autonomía de la política y concentración de la coacción Autonomía de la política: ◦ La política puede desarrollarse de manera independiente de otras esferas sociales (económica, religiosa). ◦ La creación de normas y leyes propias para gestionar conflictos. Concentración de la coacción:  ◦ Centralización del poder para aplicar y hacer cumplir las decisiones políticas. ◦ Desarrollo de instituciones que monopolizan el uso legítimo de la fuerza (ej. líderes tribales, jefes). 4. Tipología ideal de estructuras políticas antes del Estado Jefaturas y liderazgo informal: ◦ Líderes carismáticos o ancianos con influencia moral y social. ◦ Sin control formal sobre la fuerza o la coerción. Consejos colectivos: ◦ Decisiones tomadas de manera consensuada por grupos de líderes. ◦ Enfoque en la mediación y la resolución pacífica de conflictos. Descentralización del poder: ◦ Distribución del poder entre diferentes grupos o clanes. ◦ Evitación de la concentración excesiva de poder en una sola entidad. Capítulo 6: El Estado como organización política Este capítulo se centra en el Estado moderno, sus características esenciales, su legitimación y evolución histórica. Analiza cómo el Estado ha pasado de formas absolutas a liberales y las crisis que enfrenta en el contexto contemporáneo. 1. Rasgos esenciales del Estado Soberanía: ◦ Autoridad suprema e independiente dentro de un territorio definido. ◦ Capacidad de emitir leyes y decisiones vinculantes sin interferencias externas. Territorio: ◦ Delimitación geográfica clara donde el Estado ejerce su autoridad. ◦ Inclusión de fronteras reconocidas internacionalmente. Población: ◦ Conjunto de individuos que habitan en el territorio del Estado. ◦ Derechos y deberes definidos por las leyes estatales. Capacidad de coacción: ◦ Monopolio del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y ejecutar las leyes. ◦ Presencia de instituciones como el ejército y la policía. 2. ¿Cuándo nace el Estado? Teorías sobre el origen del Estado: ◦ Teoría del contrato social: El Estado surge de un acuerdo entre individuos para ceder parte de su libertad a cambio de seguridad y orden (Hobbes, Locke, Rousseau). ◦ Teoría de la conquista: El Estado se forma a través de la conquista y dominación de un grupo sobre otro. ◦ Teoría evolucionista: El Estado evoluciona naturalmente a partir de estructuras sociales más simples. Factores determinantes: ◦ Necesidad de gestionar recursos y conflictos en sociedades más grandes y complejas.  ◦ Desarrollo de instituciones centralizadas para la administración y la justicia. 3. Legitimación del Estado Fuentes de legitimidad: ◦ Tradicional: Basada en costumbres, heredades y la continuidad histórica. ◦ Carismática: Derivada del liderazgo personal y la admiración hacia líderes específicos. ◦ Legal-racional: Fundamentada en leyes y procedimientos establecidos. Importancia de la legitimidad: ◦ Mantiene el orden y la obediencia de la población. ◦ Evita la resistencia y el conflicto interno. Legitimidad vs. legalidad: ◦ Legalidad: Adherencia a las leyes establecidas. ◦ Legitimidad: Aceptación y reconocimiento social del poder del Estado. 4. Evolución del Estado Estado absoluto o soberano sin límites: ◦ Concentración total del poder en una sola entidad o persona. ◦ Ejemplos históricos: Monarquías absolutas en Europa. Estado liberal: aparición del ciudadano: ◦ Separación de poderes y reconocimiento de derechos individuales. ◦ Limitación del poder estatal mediante constituciones y leyes. ◦ Fomento de la democracia representativa. Política de masas y crisis del Estado liberal: ◦ Auge de movimientos sociales y participación ciudadana. ◦ Desafíos al Estado liberal por la globalización y nuevas formas de poder. ◦ Crisis de legitimidad y necesidad de reformas para adaptarse a nuevos contextos. 5. Crisis y transformación del Estado liberal Desafíos contemporáneos: ◦ Globalización y pérdida de control sobre fronteras nacionales. ◦ Emergencia de actores no estatales (multinacionales, ONGs). ◦ Cambios tecnológicos y de comunicación que alteran la dinámica de poder. Respuestas del Estado: ◦ Adaptación de estructuras y políticas para mantener la cohesión y la legitimidad. ◦ Implementación de políticas de gobernanza y cooperación internacional. Futuro del Estado: ◦ Posibles transformaciones hacia modelos más flexibles y descentralizados. ◦ Integración de nuevas formas de participación ciudadana y control social. Capítulo 10: Los elementos constitutivos del Estado: población, territorio, soberanía Este capítulo profundiza en los componentes fundamentales que constituyen un Estado, analizando cada uno de ellos y su interrelación para definir la estructura y funcionamiento del Estado moderno. 1. Elementos básicos de la arquitectura estatal  Población: ◦ Definición: Conjunto de individuos que habitan en el territorio del Estado. ◦ Características: ▪ Diversidad étnica, cultural y social. ▪ Derechos y deberes definidos por las leyes estatales. ◦ Nacionalidad vs. ciudadanía: ▪ Nacionalidad: Pertenencia a una nación basada en la identidad cultural y étnica. => Podemos hablar de Cataluña como nacionalismo ▪ Ciudadanía: Estatus legal que otorga derechos y responsabilidades dentro del Estado. Territorio: ◦ Definición: Área geográfica delimitada donde el Estado ejerce su autoridad. ◦ Componentes: ▪ Territorio interno: Suelo, aguas interiores, espacio aéreo. ▪ Territorio externo: Mar territorial, espacio aéreo internacional. ◦ Importancia: ▪ Definición de fronteras y control sobre recursos naturales. ▪ Base para la soberanía y la autoridad estatal. Soberanía: ◦ Definición: Autoridad suprema e independiente para gobernar dentro del territorio. ◦ Tipos de soberanía: ▪ Soberanía interna: Control absoluto sobre asuntos internos del Estado. ▪ Soberanía externa: Reconocimiento internacional de la autoridad del Estado. ◦ Legitimación de la soberanía: ▪ Basada en la aceptación y reconocimiento tanto interna como externamente. 2. Construcción de naciones y fabricación de Estados Nación: ◦ Definición: Comunidad de personas que comparten una identidad cultural, histórica y lingüística. ◦ Nacionalismo: ▪ Movimiento que busca la autodeterminación y la unificación de una nación. Estado: ◦ Definición: Entidad política con población, territorio y soberanía. ◦ Estado-nación: ▪ Estado que coincide geográficamente con una nación. ▪ Facilita la cohesión social y la legitimidad del Estado. Desafíos en la construcción del Estado-nación: ◦ Pluralismo étnico y cultural. ◦ Movimientos separatistas y conflictos interétnicos. ◦ Integración de diversas identidades en un marco estatal común. 3. Ajuste entre Estado y Nación un Compatibilidad y tensiones: ◦ Estado-nación: Mayor cohesión y legitimidad. # ◦ Estados plurinacionales: Desafíos en la gestión de diversidad cultural y étnica. Políticas de integración: ◦ Promoción de la identidad nacional. ◦ Reconocimiento de minorías y autonomía cultural. Ejemplos: ◦ Estados fuertemente nacionalistas: Francia, Japón. ◦ Estados plurilingües y plurietnicos: Estados Unidos, Brasil, India. 4. Espacio delimitado y capacidad de coacción - Delimitación territorial: ◦ Importancia de las fronteras claras para el reconocimiento internacional. ◦ Control y defensa del territorio frente a amenazas externas. Monopolio de la violencia: ◦ Teoría de Max Weber: El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ◦ Instituciones encargadas de aplicar y mantener el orden (ejército, policía). Capacidad de coacción: ◦ La fuerza como último recurso para mantener la obediencia y la cohesión social. ◦ Uso de la fuerza no es intrínsecamente negativo, sino necesario para la implementación de decisiones políticas. 5. Estado vs. sociedad Distinción entre Estado y sociedad: ◦ Estado: Institución política con poder coercitivo. ◦ Sociedad: Conjunto de individuos y relaciones sociales sin estructura coercitiva formal. Interrelación: ◦ La sociedad provee las bases para la legitimidad y el funcionamiento del Estado. ◦ El Estado regula y organiza las relaciones sociales dentro de la sociedad. Desafíos contemporáneos: ◦ Globalización y erosión de la soberanía estatal. ◦ Influencia de actores no estatales en la política y la gobernanza. Apuntes de Ciencia Política: Resumen del Capítulo 11 - Las Reglas del Juego: Instituciones y Constituciones 1. De la práctica a la institución Evolución de la práctica a la formalización institucional: ◦ Las instituciones políticas nacen de la necesidad de regular de manera estable las interacciones y decisiones colectivas. ◦ Inicialmente, las reglas surgen de prácticas informales, tradiciones o costumbres, pero con el tiempo se consolidan en normas y estructuras formales. Definición de institución:  ◦ Conjunto de normas, reglas y prácticas que organizan el poder político, regulan conflictos y orientan la toma de decisiones. ◦ Ejemplos: parlamentos, gobiernos, tribunales, partidos políticos. Ventajas de la institucionalización: ◦ Estabilidad y previsibilidad: Reducen la incertidumbre en la toma de decisiones. ◦ Legitimidad: Refuerzan la aceptación social del sistema político. ◦ Continuidad: Las instituciones persisten más allá de los individuos que las integran. 2. Las reglas del juego: las constituciones Definición de constitución: ◦ La constitución es la norma suprema que organiza y limita el poder del Estado, establece los derechos fundamentales de los ciudadanos y define las reglas básicas de la convivencia política. Funciones de la constitución: ◦ Establecer los principios fundamentales: ▪ Define los valores esenciales del Estado (ej. democracia, justicia, igualdad). ◦ Organizar el poder político: ▪ Estructura los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo, judicial). ▪ Delimita competencias y regula la interacción entre ellos. ◦ Garantizar derechos y libertades: ▪ Protege los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al poder estatal. ◦ Proveer mecanismos de resolución de conflictos: ▪ Establece procedimientos para resolver disputas constitucionales y políticas. Tipos de constituciones: ◦ Rígidas: Difíciles de modificar; requieren procedimientos especiales para su reforma (ej. Estados Unidos, España). ◦ Flexibles: Pueden ser modificadas con facilidad mediante leyes ordinarias (ej. Reino Unido). Contenido de las constituciones: ◦ Declaración de derechos y deberes. ◦ Organización de los poderes del Estado. ◦ Procedimientos para la reforma constitucional. 3. Dinámica política y reglas constitucionales Interacción entre constitución y política: ◦ Aunque las constituciones establecen un marco general, la política cotidiana opera dentro de estas reglas adaptándolas a contextos cambiantes.  ◦ Las instituciones interpretan y aplican la constitución en situaciones concretas. Tensiones entre estabilidad y cambio: ◦ La constitución busca proporcionar estabilidad, pero debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a nuevos desafíos. ◦ Ejemplo: Reformas constitucionales para incluir derechos emergentes como el acceso a internet. El papel de los tribunales constitucionales: ◦ Actúan como árbitros para garantizar que las leyes y decisiones políticas se ajusten a los principios constitucionales. ◦ Ejemplo: Declarar inconstitucional una ley que viole derechos fundamentales. 4. Instituciones y legitimidad Relación entre instituciones y legitimidad: ◦ Las instituciones fortalecen la legitimidad del sistema político al garantizar transparencia, participación y respeto por las normas. ◦ La desconfianza en las instituciones puede llevar a crisis de legitimidad, afectando la estabilidad del sistema político. Desafíos contemporáneos: ◦ Globalización: Impacto de actores y normas internacionales sobre las instituciones nacionales. ◦ Tecnología: Necesidad de adaptarse a los cambios en comunicación y participación ciudadana. ◦ Crisis de confianza: Aumento del escepticismo ciudadano hacia instituciones tradicionales como parlamentos y partidos políticos. 5. La importancia de las instituciones en la democracia Reglas claras y equitativas: ◦ La existencia de reglas bien definidas es crucial para garantizar la competencia justa entre actores políticos. ◦ Las instituciones democráticas deben asegurar igualdad de oportunidades y respeto por los resultados. Garantías para la ciudadanía: ◦ Las instituciones y constituciones son esenciales para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. ◦ Funcionan como un contrapeso frente al abuso de poder. Mecanismos de adaptación: ◦ Para mantener su relevancia, las instituciones deben evolucionar con las demandas sociales y los cambios en el entorno político y económico. ————APUNTES———— El Estado es la forma de organización política más extendida en la actualidad, viéndose delimitado en la autonomía de la política y la concentración de la coacción. Si nos centramos en la construcción del Estado, es un proceso gradual de expropiación de los medios de dominación política: producción legal, administración de justicia, recaudación fiscal, recursos militares y relación diplomática; anteriormente estaban en manos de señores feudales, cooperaciones ciudadanas y jerarquías eclesiásticas. A lo largo del siglo XV y XVI se dan una serie de condiciones que provocan la aparición del Estado: - Económicas: consolidación del comercio. - Culturales e ideológicas: El Renacimiento, que difunde una determinada visión del mundo clásico y de sus organizaciones políticas. - Administración de la coacción. Se va imponiendo una visión monopolística de que solo al estado y al monarca que lo personifica le corresponde crear ley y aplicarla si es necesario mediante la violencia. Cabe destacar algunos de los rasgos esenciales que caracterizan al Estado: delimita la política como un ámbito diferenciado respecto del parentesco familiar, donde la política crea y mantiene sus propios circuitos de decisión; tiende a la maxima institucionalización de la política; reivindica la exclusiva de la coacción para lo que cuenta con un doble monopolio; y entiende que su capacidad de regulación de conflictos tiene como marco de actuación un territorio delimitado. Todo Estado cuenta con tres elementos básicos: - Territorio. Se trata de la configuración física sobre la que se erige la estructura jurídica del Estado. El territorio tiene una dimensión geográfica, económica, etc. En la dimensión política el territorio es el ámbito en el que se ejerce la soberanía. - Soberanía. El concepto clásico implicaba que el soberano era la autoridad suprema del Estado que no estaba sujeto a límites. Un soberano por encima de la ley sin límite alguno. - Población. Por un lado, parece estar muy ligado a las impresiones demográficas o estadísticas. Por otro lado, se entiende como un pueblo el conjunto de población caracterizado por una similitud hacia dentro y una disimilitud hacia fuera en lo étnico- cultural. Los miembros de la comunidad estatal están caracterizados por tener una serie de ciertos derechos y estar sujetos a determinadas obligaciones. El Estado, como organización política a lo largo de la historia, cuenta con distintos principios organizativos como la legitimidad, el tipo de soberanía, los derechos, el tipo de mandato, o el tipo de monarquía. Otra forma de entender la evolución de los modelos de organización política es a través de los que Valles llama rasgos de evolución del Estado, como la creación del Derecho, o el estatuto reconocido al individuo. El Estado Absoluto es un tipo de Estado basado en el absolutismo como ideología inspiradora. Nace en Europa y se convierte en la principal forma de Estado durante la Edad Moderna, y se caracteriza porque el poder reside en una única persona que manda sin rendir cuentas a un parlamento o la sociedad en general. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, centralizado, inalienable, incontrolable y pleno. Dos vertientes políticas distintas trataban de justificar el poder absoluto del monarca: la legitimidad divina, donde el poder emanaba de Dios y el monarca ejercía dicho poder sin necesidad de atenerse a ningún tipo de limitación jurídica; y el contrato social, donde Hobbes justifica un poder absoluto mediante un contrato social de todos los hombres, quienes ceden su capacidad de decisión a un monarca. En cuanto a la soberanía, destacamos la soberanía absoluta, donde el soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Cada una de las personas que componía el estamento era portadora o no de privilegios, en función de su pertenencia a una u otra categoría. Los estamentos privilegiados de la sociedad eran clero y nobleza, mientras que el pueblo llano componía el sector no privilegiado de la población (el más amplio). El monarca concentraba y detentaba el poder absoluto, no había ningún tipo de división de poderes, como hay hoy en los estados modernos. El rey tomaba la potestad de fijar leyes y decretos, asesorado por un grupo de consejeros. Por ello, el mandato predominante era el imperativo, en función del cual los electores otorgan a sus elegidos instrucciones concretas a las que han de sujetarse necesariamente. El Estado Liberal es un tipo de Estado basado en el principio de la voluntad general de la nación como ideología inspiradora. Se consolida tras las revoluciones liberales que tienen lugar en Francia y EEUU hacia finales del siglo XVIII y se convierte en la principal forma de Estado durante el siglo XIX e incluso se extiende hasta principios del siglo XX. Se caracteriza por seguir el esquema de la división de poderes. Si nos centramos en el tipo de legitimidad, podemos destacar la racional-legal, donde el Estado crea la ley, pero también está sometido a ella a la hora de tomar decisiones, basada en la racionalidad y donde ningún órgano puede ejercer un poder que no emane de la voluntad general (sufragio censitario por parte de la sociedad civil). En cuanto a la soberanía, podemos destacar la soberanía nacional, donde el poder político recae en la nación, compuesta por los ciudadanos o miembros de la sociedad civil. De aquí que aparezcan derechos personales de libertad como el derecho a la vida o a la propiedad. Los poderes del Estado dejan que actúe el libre mercado, donde solo intervendrán cuando el funcionamiento del mercado sea amenazado. El tipo de mandato predominante en el Estado Liberal es el mandato representativo, donde el representante es independiente, no se encuentra sometido a instrucciones en el ejercicio de sus funciones, ni puede ser objeto de revocación. El diputado representa a la nación en su totalidad, no ya a un estamento. Se fundamenta en el principio de soberanía nacional. Ruptura con el viejo mandato imperativo. Muchos de los estados liberales del siglo XIX contarán con constituciones: conjunto de normas habitualmente dotadas de supremacía formal sobre el resto del ordenamiento jurídico, recogidas por lo general en un documento jurídico escrito, que determinan las reglas básicas sobre la organización y el funcionamiento del Estado y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos. Una Constitución es el acuerdo colectivo explícito sobre las reglas del juego político. Su elaboración suele producirse en una situación de cambio profundo del sistema político. Dentro de esto, podemos destacar lo siguiente: - Poder constituyente. Con carácter general y en su sentido más amplio, es el poder de decisión sobre la Constitución. Actualmente, solo este poder puede limitar el poder y garantizar la libertad, y su titular es el pueblo, por lo que a mayor intervención del pueblo, mas carácter democrático: es el encargado de elegir un Parlamento constituyente, y de ratificar la Constitución mediante un referéndum. El poder constituyente es originario, unitario, inalienable, extraordinario, permanente, y ejercido en un contexto democrático. Por ello, podemos hablar de un poder constituyente originario (elaboración de la Constitución) y un poder constituyente derivado (reforma constitucional). - Proceso constituyente. Es el momento de negociación política sobre los asuntos fundamentales de la convivencia social, participando los actores relevantes del sistema según sus probabilidades y recursos. La iniciativa puede provenir desde el pueblo o sus representantes democráticamente elegidos (constitución espontánea), o de las Asambleas parlamentarias que elaboran la legislación ordinaria. Lo más frecuente es que se designe un grupo de expertos encargado de redactar un proyecto constitucional, que luego será sometido a discusión y votación por parte de la asamblea. En el momento en el que se apruebe el texto, es necesario su ratificación por parte del propio pueblo. Podemos destacar muchos tipos de constituciones, desde su forma (escrita y consuetudinaria) hasta su origen (impuestas, otorgadas y pactadas). Si nos centramos en su efectividad, podemos destacar tres tipos: normativas, hay coincidencia entre la realidad y el texto constitucional; nominales, no responden a la realidad del país porque se han promulgado pensando en el futuro o porque la situación sociológica no lo permite; y semánticas, donde no responde a las funciones que debe cumplir una Constitución. En cuanto a su estructura, podemos encontrar una parte dogmática en la que se encuentran los principios y valores fundamentales sobre los que se asiente el sistema político, y una parte orgánica, en la que se recoge lo relativo a la distribución del poder como sus funciones u órganos. Las funciones de la Constitución son las siguientes: legitimadora, pues legitima al Estado y la actuación al Estado y la actuación de los órganos que lo componen; jurídica, pues traza las lineas generales del ord. Jurídico; organizativa, porque organiza los poderes del Estado; social y económica, marcando un marco de las relaciones sociales, reconociendo la realidad y tratando de modificarla; y política, donde se recoge quien dirige a quien, y establece la relación entre gobernantes y gobernados, pero también entre las estructuras de poder para que unos no interfieran en otros. La victoria del liberalismo democrático, a partir de las revoluciones de primera mitad del siglo XIX (1820, 1830, 1848), sobre el liberalismo doctrinal dará paso a un nuevo objetivo del Estado liberal: suplir los problemas sociales que genera el capitalismo. Uno de los primeros pasos hacia lo que denominamos estado liberal-social se da cuando se aprueba en la II República Francesa el sufragio universal. En definitiva, el Estado liberal-social reconoce una serie de derechos sociales y derechos políticos (derechos de segunda generación) como el sufragio universal masculino (finales de siglo y principios del XX masculino y femenino), libertad de expresión, pluralidad informativa (libertad de prensa), libertad de asociación, libertad para organizar partidos políticos, libertad para organizar sindicatos. En un principio predominan los partidos con mayor influencia y que consiguen mejores resultados, pero finalmente se permite la participación de aquellos partidos menos dotados, lo que confluye en un reparto del poder entre los partidos de mayoría y de la oposición. Entre los factores que permiten la socialización del Estado liberal, destacan: - Ambito económico: expansión del capitalismo industrial de producción a gran escala - Ambito político: creación de partidos políticos fuera del Parlamento, y la capacidad de los sindicatos y partidos de orientación socialista y comunista. - Ambito internacional. Comenzó a desgastarse hacia los años setenta del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX debido al aumento de la inestabilidad monetaria, el descontento y malestar de la población hacia situaciones como la discriminación laboral, y la incapacidad de cubrir las necesidades de la sociedad. La aparición de la política de masas y la democratización del Estado nos lleva a distinguir entre gobiernos democráticos y no democráticos o dictaduras, caracterizadas por la concentración de la capacidad política de decisión en pocas manos, un acceso difícil y selectivo a los medios que permiten influir en el proceso político, y las decisiones políticas se adaptan sistemáticamente a favor de los mismos sectores sociales. se organizan cuando la idea de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, la política de masas, está ya en el orden del día y cuenta con quien la promueve y la intenta poner en práctica. Las dictaduras son amplias y diversas, y se pueden clasificar mediante la identificación del actor colectivo que acapara el poder político, y la ideología declarada del grupo en el poder. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que toda clasificación tiende a ignorar la evolución que experimenta cada sistema. Los rasgos esenciales de los regímenes monocráticos que hemos definido anteriormente pueden presentarse en grados variables de intensidad. Esta variación ha permitido desarrollar una distinción entre sistemas totalitarios y sistemas autoritarios. Si nos centramos en los sistemas totalitarios, Arendt definió esto como un modo de dominación nuevo que es diferente a las antiguas formas de tiranía y despotismo. Friedrich identifica al totalitarismo mediante la ideología oficial, el partido único, un sistema de terror físico y psicológico, un control de los medios de comunicación, de las armas de combate, y de la economía. En cambio, los sistemas autoritarios exhiben rasgos similares a los anteriores, pero con menor grado de intensidad. El poder está concentrado en una coalición reducida de actores, la legitimación del sistema dictatorial destaca mediante la invocación de grandes principios, y recurren a la acción represiva. Juan J.Linz explica que para poder diferenciar al autoritarismo y al totalitarismo, hay que centrarse en el grado de pluralismo, en la ideología, en la movilización, y en el tipo de liderazgo. El autoritarismo destaca por un pluralismo político limitado, sin una ideología clara, sin movilización política recurrente, y donde el líder ejerce el poder en términos formalmente definidos y predecibles. En cambio, el totalitarismo no tiene pluralismo político y social, tiene la ideología elaborada de manera que sea una guía, realiza movilizaciones intensivas y permanentes, y tiene una arbitrariedad de la represión. En algunos casos, algunos autores hablan también de estados post-totalitarios; aquellos estados que tras por un régimen de este tipo no han sido capaces de transicionar completamente a un régimen liberal. Se caracterizan por un pluralismo político inexistente, una ideología estatal como parte de la realidad social, una movilización de rutina de la población dentro de las organizaciones estatales, y un control del liderazgo vía estructura partidistas y procedimientos internos. LECCIÓN 3. LA DEMOCRACIA 3.1. Teoría política de la democracia Para los autores de la Grecia clásica, la democracia entendida como “poder del pueblo” no era un régimen político aconsejable, pero esta apreciación negativa se modificó a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, pues se extendió la exigencia de llevar a la práctica la idea de la igualdad humana y del derecho de todos a intervenir en política. Con esta exigencia, la democracia pasó a ser una bandera movilizada de energía política. Con esta valoración positiva de la democracia se han dado lugar a múltiples definiciones, cada una de las cuales pone el acento en alguno de los rasgos que se presentan como característica de la política democratizadora. Las diferentes definiciones que se atribuyen a la democracia se pueden sintetizar en dos grandes categorías. 3.1.1. Teoría política empírica La teoría política empírica centra su atención en los medios o en lo que denominamos democracia instrumental o procedimental, que atiende sobre todo a las reglas del proceso político que han de ser claras e iguales para todos los participantes en el mismo. Esta perspectiva se orienta a la fase del input y su preocupación es asegurar el juego limpio entre todos los actores, garantizando que tengan su oportunidad de intervención. Su aspiración es construir un concepto de democracia que sea capaz de reflejar analíticamente lo que la democracia es de hecho, por lo que se trata de una concepción positivista que entiende la democracia como un procedimiento para la toma de decisiones. Esta teoría da lugar a varias definiciones: - La titularidad última de poder atribuida a todos los miembros de la comunidad, aunque él ejerció de este líder sea confiado a una parte minoritaria de la misma (Rousseau, Jefferson). - La protección de los derechos de cualquier minoría frente a la mayoría, evitar el abuso de esta y que la minoría pueda ser algún día mayoría (Bentham, j Mill). - La selección de los gobernantes mediante decisión popular en un proceso de competencia abierta entre pluralidad de contendientes (Schumpeter y Dahl). - La democracia es un procedimiento que garantiza la propia democracia. 3.1.2. La teoría politica normativa La teoría política normativa, centrada en los fines, o lo que denominamos democracia sustantiva o material, toma como referencia los objetivos políticos: el sistema será tanto más democrático cuanto más disminuyan las desigualdades económicas y sociales existentes entre los miembros de la comunidad. Esta versión atiende más al output político, pues no se conforma con la fidelidad a reglas de procedimiento, sino que reclama determinados resultados en el ámbito económico y social, por lo que reclama determinados resultados. Esto da lugar a dos definiciones democráticas: - La intervención popular en las decisiones socioeconómicas y no sólo políticas con el objetivo de promover el pleno desarrollo de las capacidades individuales y garantizar la progresiva igualdad de condiciones entre ciudadanos (Marx, Macpherson). - La capacidad de los ciudadanos de influir directamente sobre el contenido de las decisiones políticas de tal manera que exista correspondencia entre las acciones del gobierno y las aspiraciones de quienes resultan afectados por las mismas (Barber). 3.1.3. Condiciones y requisitos de un sistema democrático Todas las definiciones de democracia levantan objeciones porque presentan dificultades conceptuales y porque penetran en el ámbito de las valoraciones, pues cada definición presupone una toma de posición de quien la formula respecto de lo que entiende por política y espera de ella. La idea de política que condiciona una determinada concepción de la democracia, pues si hacer política equivale a la gestión de los conflictos de una comunidad, la democracia consistiría en hacerlo mediante la intervención más amplia posible de los ciudadanos en los diferentes momentos de dicha gestión. En pocas palabras, esta concepción de la democracia exige deliberación y decisión, por lo que no se limita a facilitar la decisión, requiere que esta decisión se precedida de un dialogo libre y bien informado entre quienes han de tomarla. No reuniría condiciones democráticas un sistema que niegue capacidad política a un grupo de la comunidad por razón de clase social o género, ni sería democrático un sistema que descansara sobre mecanismos de intervención opacos o inaccesibles al colectivo interesado, como ausencia de elecciones libre o represión de toda forma de critica y oposición a las autoridades. Finalmente, sería discutible la condición democrática de un sistema que produjera de forma sistemática decisiones con resultados discriminatorios para ciertos individuos o grupos, en lugar de favorecer la equiparación de condiciones entre todos ellos. Así pues, según los medios o desde la democracia procedimental, el mínimo común denominador de las democracias estaría constituido por: - Libre acceso a la actividad política de todos los miembros de la comunidad sin excluir de los derechos de ciudadanía por razones de género, clase, raza, lengua, religión, etc. Es decir, sufragio universal. - La designación electoral de las autoridades en competición libre equilibrada y periódica. Es decir, elecciones libres. - Existencia de un control permanente sobre la actuación de dichas autoridades para hacerlas responsables de su actuación. - Capacidad para asociarse en organizaciones autónomas e independientes de las autoridades, es decir, libertad de reunión y de asociación. - Garantía efectiva de la libertad de expresión que permita la crítica y la posición a las autoridades y sus decisiones. - La pluralidad de fuentes de información asequibles a la ciudadanía o derecho a la información. Más difícil es señalar los fines o los objetivos que un sistema democrático debe de alcanzar, por ello que la dificultad de definir una democracia de fines conduce a veces a conformarse con la democracia de los medios o a dejar de lado la democracia sustantiva y concentrarse en una democracia instrumental. Por tanto, no hay que ponerlo en riesgo debatiendo sobre los valores o los fines que una democracia debe ambicionar. Sin embargo, admitir la regla democrática de una participación sin exclusiones plantea una cuestión que va más allá de lo instrumental: ¿por qué se exige la participación de todos y no se reserva exclusivamente a los más competentes? Si no está claro que la democracia sea el método más eficaz para resolver diferencias que la política debe regular, ¿qué justifica este principio de intervención universal que ninguna concepción de la democracia se atreve a negar? Dar respuesta a todo esto nos lleva de nuevo al terreno de los valores y con todo esto volvemos al ámbito de los fines. Con todo esto, podemos sacar los siguientes requisitos o fines: - Exigencia de la participación ciudadana en la vida política y en la toma de decisiones, tanto para garantizar el autogobierno colectivo como para crear una ciudadanía informada y comprometida con el bien público (no basta con votar sino involucrarse). - Deliberación conjunta en las distintas esferas públicas. - Autodesarrollo individual a través de la participación. - Sufragio universal y uso ciudadano de las instituciones mediadoras. - Participación en otro tipo de instituciones mediadoras y en otras esferas sociales. - Democracia considerada como una forma de vida no sólo como un conjunto de instituciones. - Participación ciudadana en la gestión y organización de los recursos. - Las diversas formas de participación directa deben completar los instrumentos representativos y las instituciones. 3.2. El mapa de las poliarquías contemporáneas: el Estado liberal-democrático La democracia es el resultado de experiencias históricas que corrigen las insuficiencias demostradas por el Estado liberal ante la irrupción de la política de masas. Las correcciones afectan a aspectos políticos y a aspectos socioeconómicos hasta producir un tipo estatal que aparece como hegemónico en un área reducida del planeta, pero que comprende a las sociedades más avanzadas e influyentes: Europa occidental, EEUU y Canadá, y Australia y Nueva Zelanda. Con esto, el proceso de democratización del Estado Liberal es el siguiente: - La relación política fundamental se define como una relación entre el poder y los miembros de un grupo, clase o colectivo. El poder dialoga y negocia con actores colectivos que tienen sus representantes en diferentes órganos y escenarios. - Se amplía el contenido de los derechos civiles y políticos propios del modelo liberal, pues no solo se extiende del derecho al voto, sino que también se extienden derechos políticos y sociales como propios de los miembros de un mismo grupo (partidos, sindicatos, consumidores, jóvenes o tercera edad). - La elaboración de las leyes como decisiones formales que regulan el conflicto colectivo, no es resultado de un debate entre individuos ilustrados. Es el resultado de pactos negociados entre los intereses de los grupos que los partidos trasladan al parlamento. Cada grupo participa por medio de sus representantes en las diferentes fases de la Ema de decisiones e intenta que sus propuestas sean aceptadas por los demás. - El poder se comparte y distribuye entre los partidos de la mayoría y de la oposición, y entre los diversos grupos activos en el escenario político. De esta poliarquía resultan equilibrios más o menos duraderos que evitan la imposición absoluta de unos sobre otros. Los colectivos no pueden ignorar de manera permanente los intereses de los menos dotados para no poner en riesgo su posición. - Se modifica a fondo la relación que el estado liberal mantenía con el ámbito social y económico, donde el Estado asume ahora responsabilidades económicas de importancia (crisis del capitalismo, regula el mundo laboral, etc.). Todo ello configura lo que se ha denominado un sistema de economía mixta porque en este modelo se combinan intervenciones del sector público y del sector privado. - La sociedad confía al Estado la función de cubrir algunos riesgos que amenazan a sus grupos más vulnerables, y también garantiza determinados umbrales de bienestar para los ciudadanos y ello le convierte en prestador de servicios y bienes sociales. - Las aportaciones a su base ideológica, como la ampliación de la base social del sistema por parte de ciertas orientaciones liberales (John Stuart Mill o John Maynard Keynes), el pensamiento social cristianos, y la tradición socialdemócrata europea, que es la que está mas asociada a la propuesta del estado liberal-democrático, como la socialdemocracia alemana (Eduard Bernstein) o el laborismo británico. La transformación hacia el Estado liberal-democrático ocurrió gracias a la propia expansión del capitalismo industrial que generaba pleno empleo, la capacidad de presión de los sindicatos y partidos de orientación socialista y comunista y la explotación económica ejercida por los países europeos sobre sus colonias. Podemos destacar también la Guerra Fría, ya que gracias a ella se hicieron algunas concesiones del capitalismo para contrarrestar las presiones revolucionarias en el seno de las democracias liberales, que hicieron posible el llamado gran pacto social entre el capital y el trabajo asalariado. Durante casi cuarenta años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 70, este pacto social fue gestionado con éxito en la mayoría de los países de la Europa occidental, pero después de tres décadas de éxito el modelo empezó a dar señales de desgaste. X 3.3. Hacia el declive del Estado liberal-democrático y la gran crisis de 2007-2008 A finales de los años 60 del siglo XX, se hicieron perceptibles el estancamiento gradual del crecimiento económico, un fuerte incremento de la inflación, una mayor inestabilidad en el sistema monetario internacional y el aumento del desempleo. En el orden social, se intensificó la reivindicación de prestaciones públicas exigidas por el envejecimiento la población, además de los movimientos de protesta contra situaciones aceptadas hasta entonces, como la discriminación de la mujer o la degradación del mundo natural. El efecto de todo esto fue una creciente dificultad del estado liberal-democrático para gestionar políticamente una acumulación de viejos y nuevos conflictos sociales, y por ello aumentaron las expresiones de malestar y descontento ciudadano. De ahí la perdida de legitimidad del modelo y las presiones para su transformación. El pacto táctico que había originado el estado liberal-democrático o del bienestar integraba tres cláusulas esenciales: cierto control público sobre la economía capitalista, ámbito territorial del propio estado y explotación de los recursos naturales de los países excoloniales o en vías de desarrollo. Pero este acuerdo entró en crisis gradual al hacerse más difícil el cumplimiento de las condiciones. El capital consideró que la regulación estatal dificultaba un mayor crecimiento económico y con ello impedía el aumento de sus beneficios. Por esta razón presionó para que las grandes decisiones económicas fueran sustraídas a la intervención de los gobiernos elegidos, reclamando que fueran los mercados donde más influían los grandes actores financieros los que las determinaran. Al mismo tiempo, un pacto de ámbito estatal perdía eficacia ante la internacionalización acelerada de las interacciones socioeconómicas impulsadas por una nueva revolución tecnológica. La digitalización de la información o el uso de la fibra óptica desencadenaron procesos socioeconómicos y culturales que desbordaban la capacidad estatal de intervención territorial. Aumento la internacionalización del capital y del comercio sin que los estados pudieran evitarlas. Por su parte, la presión reivindicativa de los países productores de materias primas * básicas, especialmente de petroleo y gas, disminuyó también las ventajas comparativas de los Estados desarrollados que se habían beneficiado hasta entonces de la explotación a bajo coste de la riqueza natural de aquellos países. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos en materia de información contribuyeron al crecimiento industrial de países en desarrollo, en concreto en el Extremo Oriente Asiático. Los efectos políticos de todo ello condujeron a una transformación del Estado promovida por una versión radical del liberalismo: el neoliberalismo. Se dio una política de privatización del sector público (banca, energía, comunicaciones, etc.) y se disminuyó el control sobre actividades mercantiles. Agrupadas en el llamado “consenso de Washington” (Williamson, 1989) y apadrinadas por el FMI y el Departamento del Tesoro de los EEUU, estas medidas se presentaron como receta para remediar todos los males económicos, donde la versión más radical de esta aproximación, inspirada en autores neoliberales como Hayek, Friedman o Nozick y en grupos catalogados como “libertarios o anarquistas de derechas”, orientó las políticas conservadoras de los gobiernos de Thatcher (1979-1990) en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos (1980-1988). El empeño por llevar a cabo esta transformación derivó en la crisis de 2007-2008, pues sin el papel moderador que el estado liberal.democrático había ejercido, el capitalismo financiero inició una carrera de expansión desordenada. El volumen de las transacciones de carácter especulativo se multiplicó rápidamente y excedió en mucho el valor de los intercambios de la economía real, además de que poco a poco la desconfianza en la solvencia de algunas entidades financieras provocó la pérdida de credibilidad del sistema que constituían. Ante el riesgo de un impago en cadena de las deudas, los mismos dirigentes del capitalismo financiero rectificaron su posición, pues ahora reclamaban a los Estados el rescate de sus entidades mediante inyecciones masivas de dinero público. La conmoción producida por la crisis y la constatación del fracaso del modelo neoliberal que la había provocado han dado lugar a nuevos debates sobre como deberían ser las relaciones entre el Estado, la democracia y el sistema económico. 3.4. La respuesta contemporánea a las exigencias democráticas, y avances y retrocesos de la democracia 3.4.1. La respuesta contemporánea a las exigencias democráticas El desgaste del estado libera-democrático que intentaba combinar capitalismo económico e intervención política popular ha provocado toda una gama de reacciones, destacando un modelo posrdemocrático y la recuperación de la radicalidad del proyecto democrático. La visión posdemocrática se ampara en creciente desconfianza hacia el rendimiento de las instituciones políticas y administraciones, y propugna que buena parte de sus funciones sean transferidas a actores privados o a órganos públicos no sometidos al control electoral. Se trata de que las grandes decisiones políticas queden en manos de expertos “neutrales” y escapen al debate político y a la influencia de la opinión ciudadana y electoral. Aunque la crisis de 2007-2008 haya debilitado sus argumentos sobre la bondad de la acción de dichos expertos, la tendencia sigue viva en el escenario político y se convierte en una amenaza para la subsistencia de las democracias avanzadas (Crouch). La recuperación de la radicalidad del proyecto democrático, inspirada en posiciones neomarxistas y libertarias, insisten en el carácter esencial de la función redistribuidora de la política y exigen una intervención pública más enérgica en las relaciones sociales y económicas. Apelan al potencial de las nuevas tecnologías que crean nuevos espacios * de intervención y permiten a los ciudadanos constituir redes virtuales de debate. Se busca el acercamiento de la toma de decisiones a quienes son afectados por ellas. Como resultado se hace posible la coparticipación ciudadana en decisiones hasta ahora reservadas al control exclusivo de políticos y expertos mediante instrumentos de democracia directa como el referéndum o los consejos cívicos. Por este motivo adquiere ahora mayor importancia la acción de movimientos y plataformas sociales constituidas sin deformaciones jerárquicas o burocráticas. Se fundan en la necesidad de recuperar el componente dialogante de la democracia, ampliando los momentos de debate sobre alternativas: sólo de este modo sería posible evitar la simplificación tecnocrática de los expertos que dejan a la intervención ciudadana en simple aprobación o rechazo de los que tales expertos han elaborado (Habermas). El objetivo sería aproximarse a una democracia fuerte (Barber) como alternativa a la democracia débil. 3.4.2. Avances y retrocesos de la democracia La relación estado-democracia no alcanza nunca un equilibrio permanente ni ha seguido el mismo curso ni el mismo ritmo a lo largo del planeta. La experiencia del estado liberal- democrático no es irreversible ni se ha extendido de modo general. En las sociedades desarrolladas del área euro-atlántica, el estado liberal-democrático había representado un paso adelante hacia el ideal democrático gracias a una disminución de las desigualdades socioeconómicas y a la consiguiente extensión de la intervención ciudadana en la política. Pero a finales del siglo XX se impuso la influencia neoliberal, y la retirada del Estado hizo que la sociedad empezara a agudizar su dualización: mientras un sector minoritario conservaba una situación cada vez más protegida de riesgos, una parte creciente de la población corría el peligro de la marginalidad o quedaba condenada a ella. Con ello, se hacía más difícil el ejercicio efectivo de derechos y libertades y les llevabas a un alejamiento de política a costa de la calidad democrática de sus sistemas de gobierno. Por su parte, algunas sociedades en América Latina y en el Oriente asiático han evolucionado en una dirección diferente, pues el gradual desarrollo económico y la disminución relativa de desigualdades sociales han dado lugar a la conquista de mayores grados de libertad y de pluralidad política. La capacidad para intervenir en el debate y la decisión pública se ha extendido gradualmente a capas más amplias de la población y se han afianzado poco a poco las instituciones representativas de carácter electivo. A la vez, se han iniciado políticas de redistribución económica y protección social que pueden llevar en el futuro a una distribución más equitativa de la riqueza generada por su sistema productivo y con ello a la disminución de la desigualdad que todavía se da entre grupos sociales. La realidad política actual presenta también evoluciones de signo opuesto cuando se examina la influencia del idea democrático sobre la organización política. Con ello se confirma que la realización de aquel ideal no sigue una línea de progreso continuo, pues experimenta movimientos de avance y de retroceso que se suceden a lo largo de la historia (Tilly). La aplicación parcial del ideal democrático no es una conquista irreversible, así pues, quienes optan por la defensa de los valores de la igualdad política y de la justicia social deben asumir un compromiso permanente en favor de la democracia si quieren evitar su debilitamiento gradual o su desaparición brusca. X Por lo demás, la evolución de cada proyecto democrático estatal está sometida irremisiblemente a la influencia de determinaciones que transcienden su propio ámbito territorial de decisión. Ni siquiera los estados que se presentan como grandes potencias pueden ignorar la influencia de otros actores sobre sus decisiones ni la repercusión que sus decisiones tendrán sobre los demás. Es esta interrelación múltiple la que determinará en el futuro si es posible una propuesta de organización democrática capaz de responder a las demandas políticas y sociales que hoy no satisface ya la forma histórica del estado liberal-democrático. Será probablemente un proceso tan largo y agitado como los que la humanidad ha vivido en el pasado ante desafíos semejantes. 3.5. Calidad de la democracia La preocupación creciente en torno al funcionamiento de las democracias y la incapacidad a la hora de definir qué estados son o no poliarquías (algunos hablan de que son alrededor de 30/200 estados, otros de 100/200), ya no nos puede llevar como en el siglo XX a distinguir entre democracias y dictaduras. Ahora consiste en analizar qué estados son más y menos democráticos. Nos basaremos en el democracy index (The Economist, desde 2006), cuyo criterio es más restrictivo que el de otros índices, no sólo estudiando las normas y procedimientos, sino también los resultados de los procesos políticos y su aceptación social. El índice se elabora a partir de informaciones aportadas por expertos y encuestas a la población general. Mide 5 elementos en 167 países diferentes: 1. El pluralismo y los procesos electorales. Contempla la libertad en la celebración de elecciones, la competencia política justa y otras cuestiones vinculadas con la libertad política. 2. La eficacia gubernamental. Calidad del funcionamiento del gobierno, es la categoría que mide la capacidad y voluntad de los gobiernos para implementar las decisiones o propuestas. 3. La participación política. Mide niveles de participación en cada país, considerando la predisposición de la ciudadanía para contribuir al debate público, para involucrarse en partidos o movimientos políticos y para acudir a las urnas con regularidad. 4. La cultura política. Es la categoría que indicaría en qué medida las sociedades tienen asimiladas las reglas del juego electoral y son capaces de sobrellevar adecuadamente los resultados electorales. 5. La libertades políticas y “civiles. Libertades civiles y derechos humanos básicos, alude a la capacidad de cada país para garantizar derechos humanos y derechos de las minorías, así como también libertad de culto, de reunión y asociación, etc., aún cuando la voluntad que impere sea la de las mayorías. Teniendo en cuenta estos cinco factores, distingue entre: - Democracias plenas. Engloba a aquellos países que tienen una cultura política sólida, además de garantizar cabalmente derechos y libertades políticas y civiles. Además de esto, en los países con democracia plena los medios de comunicación son plurales y diversos, existe un sistema eficaz controles y equilibrios entre poderes, y el funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los problemas en el funcionamiento de la  democracia son muy limitados en los países que pertenecen a esta categoría de democracia. - Democracias defectuosas o democracias imperfectas. En aquellos países que tienen elecciones justas y libres, donde también se respetan las libertades políticas y civiles básicas, pero que a su vez presentan desarrollo insuficiente de la cultura política, tienen bajos niveles de participación y presentan problemas de gobernanza. - Regímenes híbridos. Los regímenes híbridos serían aquellos en los que los resultados electorales no son confiables. Generalmente los gobiernos ejercen presiones sustantivas sobre los partidos o candidatos opositores y la baja intensidad de la cultura política, la participación y el funcionamiento del gobierno es más marcada que en la categoría anterior. En estos regímenes la corrupción está muy extendida y el Estado de derecho es débil. No existen el equilibrio y la división de los poderes del estado, y el trabajo de los medios de comunicación está condicionado por las presiones de los poderes fácticos. - Regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios son aquellos que se asemejan a las dictaduras y engloba con este rótulo a los países en los que si se celebran elecciones no son justas ni libres, tienen instalada la censura y se ejerce de manera sistemática la persecución a la diferencia ideológica. No hay respeto alguno por las libertades civiles, por el derecho de las minorías y el derecho a la información. La división de poderes no existe. 3.6. Poliarquía En sentido etimológico significa “muchos gobernantes” y por lo tanto, se oponen a la oligarquía. En 1953, Robert Dahl (autor de una teoría empírica de la democracia que se enmarca dentro de las corrientes pluralistas), utiliza el término para designar el conjunto de procesos sociales existentes en los sistemas políticos democráticos. Define la democracia moderna como el resultado del paso de un sistema oligárquico competitivo a un sistema de poliarquía inclusivo. En esta medida las democracias no existen en estado puro, sino como aproximación en un continuo (siguiendo la propuesta de los tipos ideales de Max Weber), que partiendo del autoritarismo/totalitarismo, pueden ser más o menos democráticas. Por ello, existe una importante distancia entre las democracias del mundo real, y el ideal normativo de la democracia y sus principios inspiradores. Con poliarquías designamos esas “democracias imperfectas” que sí se dan en la realidad, que no llegan a cumplir con las exigencias normativas de la democracia ideal pero que aun así necesitan de sus instituciones. Reserva, en cualquier caso, el término democracia para referirse al sistema ideal. La democracia exige un conjunto de instituciones políticas y de convicciones, de principios y de garantías institucionales. El proceso exige una serie de condiciones y de criterios generales, que podemos aplicar para establecer si este es o no democrático: Existencia de una igualdad de base en el acceso al voto, igualdad de oportunidades de participación en las decisiones, igualdad de oportunidades en los procesos a través de los cuales se aprende a comprender que quiere uno y de la delimitación de los intereses y metas y valores, control final de los asuntos públicos y de las decisiones por los ciudadanos, y el cuerpo de los ciudadanos debe ser inclusivo ya que no debe ser excluida de los derechos una parte sustancial de la población del país. Solo una minoría de los países de la Tierra están regidos actualmente por poliarquias. Dahl apunta cuales son las instituciones que deben estar presentes de una manera efectiva para que un orden político pueda ser clasificado como poliarquía: cargos electivos para el control de las decisiones políticas, elecciones libres periódicas e imparciales, sufragio inclusivo (universal), derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno, libertad de expresión, existencia y protección por ley de variedad de fuentes de información, y derecho a constituir asociaciones u organizaciones autónomas, partidos políticos (libertad de asociación) LECCIÓN 4. EL ESTADO CONTEMPORÁNEO COMO ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 4.1. Origen y concepto de Estado de Bienestar. Ruptura con la doctrina laissez-faire y la aparición del Estado del Bienestar Herman Heller acuñó el término “Estado Social de Derecho” por primera vez en 1929 aunque su uso generalizado no se da hasta después de la Segunda Guerra Mundial, incluyéndose por primera vez en la ley fundamental de Bonn de 1949 (“La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. ”). Ante los problemas del estado liberal, Heller propone que la solución no es renunciar al mismo sino dotarlo de contenido económico y social realizando dentro de su nuevo marco un nuevo orden social y de distribución de bienes. Aquí se rompe con el primero de los principios del Estado liberal-clásico. Frente a la “no intervención de Estado en la economía”, Keynes y su Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936) abre el camino a la intervención estatal en el campo económico, es decir, a la política social. En su Informe sobre la Seguridad Social (1942) propone la intervención del Estado en la economía, pero no para suplantar la iniciativa privada ni las reglas de mercado, sino para crear unas condiciones objetivas de intercambio necesarias para la recuperación de la actividad económica tras la crisis del 29 y la guerra. Entre las bases de la economía keynesiana podemos encontrar lo siguiente: - Sistema de producción en masa que genera bienes ociosos masivos que permite la creación de la sociedad del consumo como mecanismo de satisfacción de necesidades y deseos e integración social. - Intervención económica cuya política económica es el logro de la demanda efectiva y la creación de infraestructuras y cuya política social consiste en la redistribución de la renta entre clases sociales y la creación de servicios de reproducción social de carácter universal como el sistema sanitario o las políticas educativas. - Sistema de concertación social entre trabajadores y empresarios - Modelo de división internacional del trabajo basado en el mercado libre. En 1945, tras el triunfo del partido laborista en Gran Bretaña se pone en marcha la primera realización del Estado de Bienestar (Welfare State). Numerosos gobiernos siguen este ejemplo, basado en un elevado nivel de impuestos y una actividad de redistribución de la renta a través del gasto público. Para Julio Segura, politólogo español, el Estado del bienestar es el sistema social desarrollado en las democracias occidentales tras las Segunda Guerra Mundial y cuyo fundamento jurídico-político no es otro que el Estado social y democrático de derecho: un estado cuyo objetivo esencial es lograr la igualdad real de los ciudadanos una vez lograda la igualdad formal de los mismos. Vicenç Navarro, politólogo y sociólogo español, lo define como “conjunto de intervenciones públicas encaminadas a aumentar la calidad de vida y bienestar de la población que incluyen aspectos primordiales en el devenir vital de las personas como: seguridad social, creación y protección de empleo, salud y sanidad pública, educación, servicios de ayuda a las familias, así como programas de inclusión social y desarrollo social y económico”. El concepto de estado de bienestar se asocia a un aparato institucional lo suficientemente desarrollado como para acometer con garantías de éxito la resolución de todos los problemas que se presentan en el funcionamiento de la sociedad democrática y más concretamente en los desajustes producidos por el funcionamiento del sistema capitalista. La expresión estado social de derecho, que es con la que jurídicamente se suele denominar al estado de bienestar no hace más que admitir el reconocimiento constitucional de una serie de derecho económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, que para los teóricos de la filosofía del derecho constituyen el punto final de los derechos fundamentales de la persona, después de los derechos civiles y políticos. Según Juan Brandés, para el Estado de bienestar podemos encontrar tres objetivos clave: - Seguridad económica. Mantener ciertos estándares o niveles de vida básicos a todos los ciudadanos para protegerlos de determinados riesgos y contingencias derivados de las incertidumbres esperadas (vejez) o inesperadas (desempleo, enfermedad o incapacidad...) sobre los flujos de ingresos de los individuos. Aunque la consideración de estos estándares serán distintos según el régimen del que se trate, en general tal protección suele canalizarse a través de varias vías como son las prestaciones económicas de la Seguridad Social, que permiten la garantía de recursos económicos (prestaciones por desempleo, pensiones, incapacidad temporal, ayudas familiares...), y de la prestación de servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, cultura...) que contribuyen a la socialización evitando que ésta dependa únicamente de la provisión privada del mercado. - Reducción de la desigualdad económico-social. Modificar la estructura de la distribución de la renta, tanto por medio del sistema impositivo como por la provisión pública de determinados bienes y servicios públicos con el fin de corregir las externalidades negativas que el mercado no interioriza, así como para mejorar la distribución de las oportunidades vitales de los individuos. - Lucha contra la pobreza. Integración social de los excluidos a través de programas de protección social como las prestaciones o subsidios por desempleo, prestaciones no contributivas, salario mínimo, servicios sociales, etc. 4.2. Fases históricas de la construcción de lo social y el Estado de Bienestar Si nos centramos en las fases históricas de la construcción de lo social y del Estado de Bienestar, podemos encontrar las tres siguientes: 1. Asistencia social (1814 - 1833). Se eliminaron las leyes de pobres y la protección social de beneficencia era casi inexistente, residual y asistencial. 2. Seguridad social (1884 - 1944). Vinculada a la nueva dinámica de ascenso de la democracia política. Aparecen los seguros sociales, sobre todo de invalidez, enfermedad y retiro obrero así como algunos institutos de previsión social. Es una etapa marcada por las contradicciones económicas, políticas y de clase. 3. Estado de bienestar, última fase de la reforma social (1945 - actualidad). Se superan las contradicciones y se combinan el fortísimo productivo y la protección social. En expresión de TH Marshall, el estado de bienestar es la última fase de la reforma social al materializar los derechos sociales como culmen de los derechos civiles (1814 - 1880) y de los derechos políticos (1880 - 1940). Si nos centramos en el territorio español, las fases mencionadas del Estado de Bienestar surgieron con otro ritmo y se incorporó con retraso tras un largo proceso lleno de interrupciones, tensiones financieras y conflicto. Debido a ello, se pasa a un sistema residual de Estado de Bienestar hasta 1963, a una construcción de un Estado autoritario de Bienestar (1963-1977), y acaba con la consolidación del Estado democrático de Bienestar próximo a nuestros días. A su vez, este ultimo se ha caracterizado como un proceso de universalización contenida, progresivamente abierto a la privatización, que ha transcurrido desde el consenso (1977-1981), hasta una posterior incertidumbre, contención y racionalización de las políticas sociales (1981-1984), hasta una cierta reestructuración y extensión de un Estado de Bienestar universal parcialmente asistencial (1984-1988) que culmina en la ruptura del consenso (1988-2003) por las presiones privatizadas que, si bien no han mermado las políticas de cobertura y universalización del Estado de Bienestar, sí han reducido su intensidad protectora. 4.3. Características básicas y distintos modelos de Estado de Bienestar Cada régimen es la consecuencia de dos fuerzas: del grado de desmercantilización (grado de subsistencia sin dependencia del mercado) y del tipo de estratificación social (extensión de los derechos de ciudadanía o solidaridad social). Según esto, tendríamos tres regímenes de bienestar: El modelo socialdemócrata o escandinavo es solidario, universalista y desmercantilizador. El Estado, a través de programas universalistas consigue una elevada desmercantilización de las relaciones sociales en la que el individuo alcanza la máxima independencia personal, emancipados de la dependencia del mercado con el reconocimiento de una renta mínima ciudadana sin prueba de medios. Este modelo es propio de los países nórdicos. El modelo continental o corporativista habla de que los derechos sociales están vinculados a la clase y el status. El Estado tiene un escaso impacto residstributivo cumpliendo un papel subsidiario con respecto a la familia e interviniendo sólo allí donde el asistencialismo familiar no llega. Por lo tanto, la desmercantilización es modesta y la esfera de solidaridad es de tipo corporativista y familista. En este modelo se incluiría a países como Alemania, Francia, Bélgica o Austria, pero también podemos meter a Italia y a España. El modelo liberal, donde el mercado es la estructura fundamental y dominante de ↑ Manoen bienestar y el Estado se caracteriza por las ayudas a los pobres, subsidios modestos a personas de clase baja, discretas transferencias universales y por limitar el alcance de los derechos sociales mediante un acceso asistencial a prestaciones bajo carga de prueba de medios o means tests. En este modelo se incluyen países como Estados Unidos, Canadá y Australia. (Españacalia 4.4. Los medios clásicos y las concepciones del Estado de Bienestar El Estado como empresario o función empresarial. El Estado interviene activamente como sujeto en la esfera económica como empresario o patrón, extendiéndose el sector público de manera significante, creciendo la burocracia y la administración debido a la asunción de nuevas competencias. Se plasma mediante la nacionalización y creación de monopolios estatales como la energía o los transportes, o la creación de empresas públicas, donde el Estado se convierte en empresario en aquellos sectores que son indispensables para la economía pero que el capital privado no quiere ni puede intervenir. El Estado como regulador o función reguladora. El Estado interviene en la vida social y laboral regulando las condiciones sociales por medio de la norma. El grueso de la actividad legislativa corre a cargo del gobierno. Podemos destacar la regulación económica, los impuestos progresivos, la expansión monetaria, derechos laborales, etc. El Estado como benefactor. El Estado es prestador de servicios públicos denominados de cotidianeidad por su vinculación directa con la calidad de vida y que contribuyeron a la socialización evitando que esta dependa únicamente del mercado (sanidad, educación o vivienda). Se encarga de las trasferencias sociales y prestaciones económicas como pensiones de vejez o viudedad, pues estos fondos provienen del Estado, de los empresarios y de los trabajadores a través de las cotizaciones. También se encarga de las acciones normativas dirigidas a proteger los derechos del ciudadano que implican un desarrollo en su bienestar, donde el Estado protege al ciudadano en su condición de trabajador (salud e higiene laboral), de consumidor (protección al consumidor) y como residente (salud ambiental). Por último, se encarga de las acciones públicas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de la población potencial. 4.5. Derechos sociales y económicos desde la Constitución Española de 1978 (Práctica) Frente a los derechos de primera generación o derechos civiles del Estado liberal-clásico y los derechos de segunda generación de derechos políticos, nos encontramos con toda una nueva serie de derechos que nacen a raíz del Estado social y democrático. Se exponen a continuación la formas de constitucionalizar los derechos desde el caso español: - Normas de carácter programático. Norma que no contiene proposiciones imperativas ni establece mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limita a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o declarar derechos cuya consagración definitiva, dotando a las normas definitivas de eficacia plena, se deja a la intervención posterior del legislador secundario. - Norma de organización. Mandatos dirigidos a los poderes públicos en la forma de atribución de competencias a los órganos que los componen, en materias de interés económico y social. - Garantías institucionales. Mandatos dirigidos al legislador a fin de obligarlo a respetar el contenido esencial de un determinado derecho o institución de interés político, social o económico. - Derechos subjetivos. Conjunto de facultades que una persona tiene por obrar lícitamente, a fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica natural o positiva, quedando a su arbitrio la posibilidad de sus ejercicio y defensa. LECCIÓN 5. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO: VIEJAS Y NUEVAS FORMAS EN LA GESTIÓN POLÍTICA DEL ESPACIO. 5.1. Los Estados unitarios En estados de extensión muy reducida, el poder estatal actúa en exclusiva sobre la totalidad del territorio, pero en mayoría de los casos, cuando una misma organización estatal abarca territorios y poblaciones de mayor magnitud, la acción del poder tiene en cuenta la existencia de ámbitos territoriales subestatales: ciudades, comarcas, regiones, etc. En cada uno de estos territorios se dan instituciones políticas propias, cómo ayuntamientos, consejos comarcales o provinciales, gobiernos regionales, cuyas competencias se limitan a una determinada área territorial dentro del mismo estado. Estas instituciones, por tanto, coexisten con el poder estatal que alcanza a todo el territorio y mantienen con él vinculaciones de distinto carácter. Esta conexión ha dado lugar a la configuración de diferentes modelos de estado, según el grado de dispersión o concentración que presenta el ejercicio del poder. En el Estado unitario, el poder político reside en un único centro desde el cual se proyecta sobre todo el territorio. Para su ejercicio más eficaz, este poder central puede delegar competencias y distribuir recursos entre instituciones que se ocupan de gobernar demarcaciones subestatales: municipios, comarcas, condados, provincias, etc. En algunos casos, las competencias ejercidas por las instituciones que corresponden a estos ámbitos subestatales pueden llegar a ser revocadas por el centro mediante decisión unilateral. Los recursos que controlan dependen también de la voluntad del centro político que los cede o transfiere de su arbitrio. En este modelo, una clara jerarquía vertical caracteriza la relación entre instituciones centrales e instituciones territoriales con competencia sobre una parte del mismo. Los estados liberales tendieron inicialmente a adoptar este modelo para asegurar la igualdad de trato de todos los ciudadanos y con el fin de no discriminar entre ciudadanos por razón de su lugar de residencia. Con ello se pretendía contrarrestar la diversidad de situaciones territoriales que favorecía a los grupos privilegiados tradicionales en sus respectivos ámbitos locales. Cuando se habla de modelo jacobino de estado para referirse a esta orientación se está aludiendo a una versión extrema de esta centralización, pues alude a un sector radical de los revolucionarios franceses de 1789 que defendían la centralización estatal como garantía de la igualdad entre los ciudadanos. Con todo, los estados unitarios han albergado desde siempre entidades políticas locales, pues son las entidades que constituyen lo que se denomina gobierno local o administración local. En estas entidades políticas subestatales existe un órgano elegido encargado de desarrollar las funciones políticas que la ley estatal les tiene atribuidas. Estas funciones pueden ser más o menos extensas, según la tradición política, pero estas funciones siempre están definidas por el estado, tuteladlas por las autoridades el Estado y financiadas con recursos que en gran parte provienen de una dotación o subvención estatal. El poder central del Estado puede, además, modificar o suprimir estas unidades locales territoriales, variar sus funciones y recursos y someter su actuación a determinados controles. La emergencia de necesidades sociales más complejas y la dificultad de satisfacerlas siguiendo un patrón uniforme para todo el territorio ha llevado a muchos estados unitarios contemporáneos a moderar el centralismo de sus orígenes y a buscar fórmulas de cooperación interterritorial y de descentralización. Con ello se persigue una mejor satisfacción de las demandas de los ciudadanos. En un estado unitario descentralizado o regionalizado, el poder central ha transferido parte de sus competencias y recursos de que determinadas actuaciones serán mejor acogidas y más eficientes si corren a cargo de las autoridad locales. Este nuevo equilibrio centro-periferia en el seno del propio estado unitario no quita que la titularidad última del estado, desde las que se decide el ámbito de actuación permitido a las instituciones locales o territoriales. Son varias las razones por las cuales se tiende a justificar la descentralización del poder de los estados: funcionales, por las ventajas prácticas que una comunidad política obtiene según el modelo de estado (tratamiento igual entre todos los miembros, reducción de costes en la gestión de ciertos servicios, desajustes por desconocimiento y distancia); simbólicos, pues la organización territorial del poder ha de tener en cuenta este sustrato cultural; y el principio de proximidad, que presupone que una comunidad local es capaz de resolver por sí misma las cuestiones de interés colectivo que se le plantean de mejor manera que un órgano centralizado, y sólo cuando se demuestre su incapacidad deberá incurrirse a una institución política territorial superior. 5.2. Los estados compuestos: federación y autonomía Lo que distingue a los estados compuestos es que el poder político se reparte originariamente entre instituciones que controlan ámbitos territoriales diferentes, ya que hay un acuerdo político para compartir poder entre niveles de gobierno sin que un centro político único pueda imponerse a los demás actores institucionales en todos los campos de intervención. En este modelo predomina el principio de coordinación horizontal entre instituciones. A este modelo se ajustan las federaciones o estados federales. Tiene origen en la Italia de finales de los años cuarenta, cuando tras el fin del régimen fascista y en medio de la reconstrucción de la nación italiana, se institucionaliza el estado regional en 1947, como reconocimiento a una larga historia de autonomías en ciudades y regiones en la península itálica. Cuando se estableció hubo regiones con unas competencias mayores en unas regiones (norte, sur). Por lo que se trató de un regionalismo asimétrico. Las regiones o entidades subestatales se caracterizan por contar con un gobierno propio, con capacidad de dirigir y administrar la entidad territorial de acuerdo a sus propias políticas, por medio de organismos administrativos y legislativos propios. Se confieren poderes y recursos a las instituciones de determinados territorios subestatales. Las leyes regionales tienen el mismo rango que las elaboradas por el parlamento del Estado para todo su territorio. A su vez, se les confiere la capacidad de imponer o modificar tributos en sus territorios. No hay instituciones centrales que cuenten con representaciones subestatales, a diferencia de los estados federales. A diferencia de los estados federales, se intenta delimitar las competencias asignadas a las entidades subestatales; las competencias del estado son la regla, las de las autonomías son la excepción. Las federaciones o estados federales constituyen el caso más frecuente de estado compuesto, agrupando entidades políticas que reciben nombres diferentes, como estados, länder o cantones. Casi la mitad de la población mundial habita en estados de estructura federal o parafederal, distribuidos en veinticinco federaciones en todos los continentes. Pero hay que advertir que bajo el rótulo de federación o estado federal se incluyen configuraciones muy dispares y prácticas muy diferentes debido a que no existe un único modelo federal. Sin embargo, si tomamos como referencia el federalismo de Estados Unidos o de Suiza, las principales características de un estado federal serían las siguientes: - Una distribución constitucional de competencias que especifica de modo estricto las que corresponden a la federación y deja para los estados o cantones federados todas las demás. En principio, se trata de señalar que las competencias de la federación son excepciones contadas y bien establecidas: lo que no se confía a la federación se presupone competencia de las entidades federadas que no han renunciado a ello. - En esta distribución de competencias ocupa un papel revelaste el reparto de la capacidad tributaria, señalando cómo se distribuye entre la federación y los estados el derecho a imponer tributos y el rendimiento de los mismos. - La existencia de instituciones federales como una cámara legislativa con representación de las entidades subestatales o un gobierno federal, en cuya composición y actividad intervienen de alguna manera los estados o entidades federadas. - La existencia de una constitución propia en cada uno de los estados. O entidades federadas en la que se precisan las instituciones de gobierno de cada una de ellas - El establecimiento de un tribunal central o federal con atribuciones para decidir sobre los conflictos que enfrenten a la federación con los estados o a los estados entre sí. Si nos centramos en los orígenes de las federaciones y sus evoluciones, debemos de hablar de tres factores principales que pueden influir en la construcción de un estado federal. En primer lugar, la voluntad de integrar en una unidad política única a entidades previamente existentes, poniendo en común recursos y competencias que aseguren mejor su viabilidad frente a desafíos exteriores. En otros casos, la construcción del estado federal trata de organizar en una sola unidad estatal a un conjunto de territorios diversos undos por la dependencia colonial, como en Brasil, México o Canadá. Finalmente, la federación puede nacer de la voluntad política de dispersar un poder excesivamente concentrado y dar respuesta a la diversidad territorial, cultural o religiosa de un estado unitario. No suelen actuar aisladamente, pues es frecuente que el origen de una federación responda a la influencia combinada de más de uno de ellos. Por lo que hace a su evolución, en los estados federales más consolidados, la dinámica política ha conducido a intensificar la cooperación entre la federación y las entidades federadas con el fin de hacer frente a problemas colectivos que ya no son solubles con la sola intervención de un único nivel territorial (grandes infraestructuras, asistencia sanitaria pública y la coordinación de políticas). Esta evolución se ha producido en paralelo a la que han seguido algunos estados unitarios tradicionales. Con la redistribución del poder mediante federaciones, se trata de dar una respuesta más satisfactoria a la adecuación a demandas sociales singularizadas que un poder muy centralizado no puede identificar y una mayor facilidad para exigir responsabilidades a quienes deciden en representación de los destinatarios de la decisión. En ambos casos se intensifican las relaciones intergubernamentales, ya que la razón que gran parte de los conflictos que la política ha de regular en las sociedades actuales exigen la intervención simultanea y coordinada de diferentes instancias territoriales de poder: estatal, subestatal, local y, en algunos casos, poderes políticos que se sitúan más allá del mismo estado. Junto al modelo federal se dan otras variantes del estado compuesto. Se sitúan a medio camino entre la federación y el estado unitario descentralizado. España desde 1978 y Gran Bretaña desde 1997 presentan variantes de estado compuesto que no encajan  plenamente en el federalismo clásico. Sobre la base de acuerdos políticos que implican a las poblaciones afectadas (referéndum o consulta a sus representantes) se confieren poderes y recursos a las instituciones de determinados territorios: las 17 comunidades autónomas en España o Escocia, Gales e Irlanda del Norte en Gran Bretaña. Sus respectivos parlamentos pueden elaborar leyes en las materias que se les han asignado y dichas leyes tienen el mismo rango que las elaboradas por el parlamento del estado para todo su territorio. Al mismo tiempo se les confiere la capacidad de imponer o modificar tributos en sus respectivos territorios. En este modelo se intentan delimitar las competencias asignadas a las entidades subestatales, las competencias reservadas al · estado e incluso en algún caso una relación de competencias compartidas. El modelo también se distingue de las entidades federales por la inexistencia de instituciones centrales (cámara legislativa, tribunal federal, etc.) que cuenten con representación de las entidades subestatales. Debemos de diferenciar el federalismo como teoría y la estructura institucional federal, pues la idea federal presupone el valor de las diversidades en sí misma y planta qué tipo de organización es la adecuada para promoverla y mantenerla, de ahí que el principio federal sea un principio organizativo. En cambio, la estructura federal sería sería su posible plasmación práctica. Esto quiere decir que la aplicación de los principios federales no conduce necesariamente a l