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Los derechos que tienen las personas al interactuar con las Administraciones Públicas, como comunicarse electrónicamente, recibir asistencia, usar idiomas oficiales, acceder a información pública, y ser tratados con respeto.

Las personas pueden elegir entre comunicarse electrónicamente o no con las Administraciones Públicas, salvo obligación expresa.

Plataforma electrónica para la comunicación con las Administraciones Públicas.

Las personas pueden utilizar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma en sus interacciones con las Administraciones Públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a información pública, archivos y registros, siguiendo las leyes vigentes.

Las autoridades y empleados públicos deben tratar con respeto y deferencia a los ciudadanos, facilitando sus derechos y obligaciones.

Los ciudadanos pueden exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando corresponda legalmente.

Los ciudadanos tienen derecho a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica.

Los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales, incluyendo la seguridad y confidencialidad de los datos en los archivos de la Administración.

Razón o impulso que lleva a actuar.

Establece el formato de los actos administrativos.

Validez y alcance de los efectos de un acto administrativo.

Imposibilidad de modificar un acto administrativo de forma aislada.

Capacidad de los actos administrativos para ser aplicados de forma obligatoria.

Consecuencias jurídicas de un acto administrativo.

Comunicación formal de un acto administrativo a una persona.

Acto administrativo carente de validez desde su origen.

Acto administrativo con vicios, pero que puede ser declarado inválido.

Restricciones al alcance invalidez de un acto administrativo.

Posibilidad de transformar un acto administrativo inválido en uno válido.

Mantenimiento de registros de actos y procedimientos administrativos.

Ratificación de un acto administrativo inválido, convirtiéndolo en válido.

Protecciones legales para la persona afectada por el procedimiento administrativo.

Comienzo formal de un procedimiento administrativo.

Obligación de utilizar medios electrónicos para trámites administrativos, excepto en casos específicos.

Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, representantes de interesados y empleados públicos.

Casos en los que la Administración puede, mediante regulación, exigir o no la comunicación electrónica en trámites.

El castellano es la lengua oficial, pero se puede usar la cooficial en caso de tramitación en Comunidades Autónomas.

La normativa autonómica determina el idioma en procedimientos de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Si hay desacuerdo en la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, pero los documentos se expedirán en la lengua elegida por los interesados.

El ciudadano puede cambiar el medio de comunicación elegido con la Administración Pública en cualquier momento.

Interacciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos fuera de la propia administración.

Poder de la administración para dictar actos que afectan directamente a los ciudadanos.

Autoridad de la administración para crear normas.

El Gobierno toma decisiones políticas y dirige a la Administración, que la ejecuta.

Eficacia y legalidad; la administración debe ser eficiente y cumplir la ley.

Conjunto de pasos para asegurar el equilibrio entre la actuación de la administración y los derechos de los ciudadanos.

Ley que regula las interacciones entre la administración y los ciudadanos, complementándose con normas presupuestarias.

Sección de la Constitución que define las relaciones entre el Gobierno y la Administración.

Ley fundamental en materia de finanzas públicas.

Marco jurídico que busca cumplir objetivos regulatorios, incentivar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas.

Evaluación previa y posterior de las normas para ver cómo afectan a la economía y a los ciudadanos.

Incluir a los ciudadanos en la creación de las normas para que las leyes sean más adecuadas para sus necesidades.

Certeza en las leyes para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y responsabilidades.

Ley importante que estableció las bases para la mejora de la elaboración de leyes.

Ley que impulsó los principios de buena regulación, especialmente en el ámbito de la actividad económica.

Ley que facilitó la información a la ciudadanía sobre el proceso de creación de normas.

Conjunto de leyes y normas buenas, que cumplen un objetivo, fomentan la economía y reducen la carga administrativa.

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad.

Conjunto de normas y pasos que deben seguirse en cualquier actuación de las Administraciones Públicas.

Variaciones en el procedimiento según el tema o materia, con normas propias y supletoriedad.

Actuaciones administrativas relacionadas con la aplicación, revisión y gestión de impuestos.

Procedimientos como encuadramiento, afiliación y aportaciones económicas relacionadas.

Procedimientos para aplicar sanciones en diferentes áreas como tributos, social, tráfico.

Disposiciones para procedimientos en curso, archivos, registros y Punto de Acceso General a la entrada en vigor de la ley.

La Ley se aplica al Sector Público, incluyendo la Administración General del Estado.

Solo la ley puede añadir trámites distintos a los de esta ley, cuando sea necesario, eficaz y proporcionado.