Ley Orgánica 2/1979 Tribunal constitucional

El personal al servicio del Tribunal Constitucional está sujeto a su Estatuto.

Los Secretarios de Justicia del Tribunal Constitucional son nombrados y removidos libremente por el Presidente del Tribunal.

El Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional realizará las funciones de asesoramiento jurídico y asistencia técnica que se le encomienden.

Los funcionarios de los Cuerpos Técnicos al servicio de la Administración de Justicia podrán prestar sus servicios en el Tribunal Constitucional.

Los funcionarios destinados en el Tribunal Constitucional percibirán las retribuciones complementarias que se determinen.

El órgano judicial envía la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Cuando el Gobierno requiere a una CCAA para que actúe y esta se declara incompetente, el Gobierno puede iniciar un conflicto.

La inacción de la CCAA dentro del plazo fijado por el Gobierno se considera una declaración implícita de incompetencia.

El Tribunal Constitucional puede rechazar una cuestión de inconstitucionalidad si faltan condiciones procesales o si es notoriamente infundada.

El Gobierno tiene un mes para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, tras el rechazo del requerimiento.

Tras la publicación en el BOE, las partes del procedimiento judicial tienen 15 días para personarse ante el Tribunal Constitucional y 15 días adicionales para formular alegaciones.

El escrito del Gobierno debe indicar los preceptos que obligan a la CCAA a actuar.

El Tribunal Constitucional da traslado de la cuestión al Congreso, Senado, Fiscal General, Gobierno y, si aplica, a la Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional da un mes a la CCAA para presentar alegaciones.

El Tribunal Constitucional dictará sentencia en un plazo de 15 días, que puede extenderse motivadamente hasta 30 días.

Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada, vinculan a los poderes públicos y tienen efectos generales desde su publicación en el BOE.

El Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando si el requerimiento era procedente o improcedente.

Si el requerimiento es procedente, la CCAA debe actuar en el plazo establecido por el Tribunal.

Las sentencias desestimatorias impiden que la cuestión se plantee nuevamente por la misma vía y con el mismo fundamento.

Las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos.

Si el requerimiento es improcedente, la CCAA no está obligada a actuar.

Procedimiento para impugnar actos autonómicos sin rango de ley ante el Tribunal Constitucional.

Título que regula el control de constitucionalidad de Tratados Internacionales.

Título que regula el recurso previo contra Proyectos/Propuestas de Estatutos de Autonomía

Conjunto de normas procesales aplicables a diversos tipos de recursos ante el TC.

Establece el plazo para dictar sentencia en los procesos constitucionales.

Regula la publicación de las sentencias y autos del Tribunal Constitucional en el BOE.

Aborda la posibilidad de solicitar aclaraciones sobre las sentencias del Tribunal Constitucional.

Señala el efecto de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Es el intérprete supremo de la Constitución y está sometido solo a ella y a su Ley Orgánica.

Extiende su autoridad judicial a todo el territorio español.

Recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia, conflictos entre órganos del estado, defensa autonomía local, declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, control previo de inconstitucionalidad, las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución, la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional y las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas.

Reglamentos sobre funcionamiento, organización, régimen de personal y servicios.

Garantiza que los derechos y libertades fundamentales, recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución, sean respetados.

Disputas sobre las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Asegura que los tratados internacionales estén en línea con la Constitución antes de su ratificación.

Evalúa si cumplen con los requisitos constitucionales y legales.

Tras admitir una demanda de amparo, la Sala solicita urgentemente las actuaciones al órgano o autoridad correspondiente, fijando un plazo máximo de diez días.

El órgano, autoridad, Juez o Tribunal debe acusar recibo inmediato del requerimiento, enviar las actuaciones en el plazo indicado, y notificar a las partes del proceso anterior para que puedan comparecer en el proceso constitucional en diez días.

Una vez recibidas las actuaciones y transcurrido el plazo de emplazamiento, se da vista de las mismas al demandante de amparo, a las partes personadas, al Abogado del Estado (si la Administración está involucrada) y al Ministerio Fiscal.

El plazo común para presentar alegaciones no puede superar los veinte días.

La Sala puede optar por resolver el recurso si aplica una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, o bien señalar día para la vista o deliberación.

La Sala, al resolver, puede otorgar o denegar el amparo.

Cuando el recurso de amparo es contra decisiones judiciales, la Sala se limita a determinar si se violaron derechos o libertades y a restablecerlos, sin entrar en otras consideraciones sobre la actuación judicial.