Vigencia Temporal de la Ley Penal

Vigencia Temporal de la Ley Penal

• La vigencia de las leyes penales se extiende desde su entrada en vigor hasta su derogación
• Antes de entrar en vigor, las leyes deben ser aprobadas en las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el Rey, y publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
• El artículo 91 de la Constitución Española establece que el Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes en un plazo de quince días y ordenará su publicación.
• El artículo 2.1 del Código Civil establece que las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, salvo que se disponga otra cosa.
• El período entre la publicación en el BOE y la entrada en vigor se conoce como vacatio legis, y suele durar veinte días, a menos que la ley indique algo diferente.
• La vacatio legis permite a los operadores jurídicos conocer la ley y preparar la infraestructura necesaria para su aplicación, contribuyendo a la seguridad jurídica.
• En leyes penales, dada la importancia de sus consecuencias, la vacatio suele ser mayor a veinte días.
• El cómputo de la vacatio se realiza según las reglas generales del artículo 5 del Código Civil.
• Una vez en vigor, las leyes permanecen vigentes hasta que son derogadas por otras leyes.
• El artículo 2.2 del Código Civil establece que las leyes solo se derogan por otras posteriores, con el alcance expresamente dispuesto, y se extiende a todo lo incompatible en la ley nueva.
• La derogación puede ser expresa, mencionando la ley derogada, o tácita, estableciendo una regulación incompatible.
• La disposición derogatoria del Código Penal refleja ambas modalidades.
• En un Estado constitucional, existen derogaciones por la propia Constitución (si las disposiciones se oponen a ella) y por las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional.
• Las sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos ex nunc (desde ahora), derogando la ley desde su publicación en el BOE, salvo en lo que respecta a las consecuencias favorables para un proceso penal o sancionador.

El Principio General de Irretroactividad de la Ley Penal

• Las leyes penales se aplican a hechos realizados durante su vigencia, sin efecto retroactivo ni ultractivo (después de su derogación).
• La ley aplicable es la vigente al momento de cometerse el hecho enjuiciado.
• Se sigue el criterio tempus regit actum: los hechos son juzgados según la ley vigente en el momento en que se cometieron.
• Por regla general, la ley nueva no se aplica retroactivamente a hechos anteriores.
• Existe un principio general de irretroactividad, pero la propia ley puede atribuirse efecto retroactivo, según el artículo 2.3 del Código Civil.
• En materia penal, la posibilidad de retroactividad está limitada por el artículo 9.3 CE, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.
• Existe un principio general de irretroactividad de la ley penal porque esta suele ser una disposición sancionadora no favorable.
• Este principio se reconoce no solo en el artículo 9.3 CE, sino también en el artículo 25.1 CE como concreción del principio de legalidad.
• El artículo 25.1 CE establece que nadie puede ser condenado por acciones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en el momento de cometerse.
• El Código Penal recoge este principio en sus artículos 1 y 2 al proclamar el principio de legalidad penal para infracciones y sanciones.
• El artículo 1.1 CP establece que ninguna acción será castigada si no está prevista como delito por ley anterior.
• El artículo 2.1 CP establece que ningún delito será castigado con pena no prevista por ley anterior, y las leyes sobre medidas de seguridad no tendrán efecto retroactivo.
• El principio de irretroactividad es básico en los Estados democráticos y está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
• Se fundamenta en el principio de seguridad jurídica y es una manifestación específica del principio de legalidad penal.
• La máxima nullum crimen, nulla poena sine lege (ningún crimen, ninguna pena sin ley) expresa el principio de legalidad penal, aludiendo a una ley escrita, cierta y previa.
• El principio de irretroactividad evita castigos inesperados y garantiza la seguridad de que las acciones no generarán consecuencias jurídicas distintas a las previstas.

La Retroactividad de la Ley Penal Favorable

• Se reconoce la retroactividad de la ley penal favorable, es decir, aquella que elimina un delito o reduce la sanción.
• Se deduce de una interpretación a contrario del artículo 9.3 CE, que solo menciona la irretroactividad de las disposiciones no favorables.
• El Tribunal Constitucional ha dicho que, interpretando a contrario sensu este precepto, puede entenderse que la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal favorable.
• Una parte de la doctrina considera que la Constitución reconoce el principio de retroactividad penal favorable, fundamentándose en una interpretación conjunta de los artículos 9.3 y 25.1 CE, tratados internacionales ratificados, y la importancia de la justicia como valor constitucional, y podría incluso defenderse en amparo.
• Otro sector doctrinal matiza que el artículo 9.3 CE deja abierta la posibilidad de la retroactividad favorable, pero no la garantiza o reconoce a nivel constitucional, ni se deriva del principio de legalidad.
• La retroactividad de la ley penal favorable se recoge en textos internacionales que complementan el principio de irretroactividad de la ley desfavorable.
• El artículo 2.2 CP establece que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
• Se reconoce expresamente en la disposición transitoria 1ª del CP (y otras leyes o reformas penales concretas).
• El artículo 40.1 LOTC establece que las sentencias de inconstitucionalidad no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, salvo en procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores que reduzcan la pena o excluyan la responsabilidad.
• No se fundamenta en los principios de legalidad o seguridad jurídica, sino en las ideas de justicia y necesidad.
• El cambio en la ley refleja un cambio valorativo, por lo que lo correcto es juzgar conforme a las normas y valores vigentes.
• No hay necesidad de proteger a los individuos ni se amenaza ninguna garantía si se aplica retroactivamente una medida favorable.
• La retroactividad se basa en la idea de juzgar con las normas actuales, evitando castigar al sujeto con parámetros considerados inapropiados.
• Carecería de sentido sancionar conductas que han dejado de ser reprochables penalmente o aplicar penas que ya no se consideran adecuadas
• Se debe desvincular el castigo de toda utilidad o razonabilidad.

Determinación de la Ley Penal Favorable

• Para determinar si aplicar la ley anterior o la nueva, se deben comparar ambas leyes y valorar si la nueva es favorable al reo.
• La comparación debe hacerse con la ley en su conjunto, sin combinar medidas favorables de ambas leyes.
• Esto evitaría que los tribunales configuren una ley diferente a las aprobadas por el legislador (lex tertia).
• Este es en general el criterio en la disposición transitoria 2ª del CP sobre el anterior CP de 1973: se considera la pena que correspondería con la aplicación completa de cada código.
• Si una infracción está tipificada en una ley pero no en otra, o si la pena tiene una extensión mayor en un caso que en otro, la determinación puede ser sencilla.
• Lo más probable es que la infracción o las circunstancias de responsabilidad tengan regulaciones distintas en cada ley
• Si la ley anterior establece una pena de prisión de 6 a 12 años y la nueva de 4 a 8, es fácil apreciar que la ley posterior es más favorable. El juez individualiza la pena dentro de esos límites.
• Si se trata de revisar un hecho ya enjuiciado y con sentencia firme, las reglas son distintas: no procede la revisión si la pena impuesta está dentro de los límites de la nueva ley (como el ejemplo anterior).
• La opinión del reo es importante a la hora de valorar cual ley le será favorable.
• En caso de duda sobre la determinación de la Ley, se deberá oír al reo.

Alcance de la Retroactividad

• El artículo 2.2 CP establece que las leyes penales favorables tendrán efecto retroactivo, incluso si ya existe una sentencia firme y el sujeto está cumpliendo condena.
• La aplicación retroactiva es posible durante el proceso penal y tras la sentencia firme.
• Si la sentencia no es firme y está pendiente de recurso, la disposición transitoria 9ª CP establece reglas para invocar la nueva normativa según el tipo de recurso.
• Si la sentencia es firme, se revisará según las disposiciones transitorias 3ª a 6ª del CP, con algunas salvedades.
• Si ya se cumplió la condena, no se permite revisar la sentencia ni aplicar retroactivamente la ley.
• La revisión podrá reconocer la reincidencia si la ley fuere favorable o derogare el delito.
• En casos de indulto parcial no se revisarán las sentencias si la pena resultante está comprendida en un marco imponible inferior al nuevo Código.

Particularidades sobre la Retroactividad

Leyes en Vacatio

• Las leyes penales favorables durante el período de vacatio legis no pueden aplicarse retroactivamente.
• La disposición transitoria 1ª CP establece que sus disposiciones favorables se aplicarán una vez que entren en vigor.
• No es posible aplicar retroactivamente una ley que aún no está en vigor. Para evitar esto, se debe prever en la propia ley su entrada en vigor inmediata.

Leyes Intermedias

• Las leyes intermedias entran en vigor después de cometerse el hecho delictivo, pero son derogadas antes de que se juzgue.
• Problemas surgen porque la ley intermedia (aunque más beneficiosa) no está en vigor ni al cometerse el delito ni al juzgarse.
• La doctrina suele defender su aplicación para evitar injusticias, ya que el sujeto pudo haber sido juzgado con esa ley.
• La jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley penal intermedia más favorable.

Leyes Temporales

• Son leyes no permanentes, aprobadas por un tiempo limitado o vinculadas a una situación extraordinaria (guerra, rebelión, catástrofe).
• Suelen introducir nuevas infracciones o agravar sanciones existentes.
• Se derogan en un plazo breve por leyes posteriores más favorables.
• Si se aplicara la retroactividad favorable, se podría acabar con el sentido de las leyes temporales, porque los hechos cometidos bajo esta ley no podrían ser juzgados bajo esta.
• Frente a este tipo de leyes se debe exceptuar la regla de la retroactividad penal favorable.
• Bajo la vigencia del artículo 24 del antiguo CP de 1973, se solía decir que la retroactividad no procedía porque no había una sucesión de leyes: no cambiaba la valoración del hecho, sino las circunstancias de este.
• El artículo 2.2 CP recoge esta excepción, indicando que «los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».
• Puede ocurrir que la ley posterior a la temporal sea también temporal, optando (frente a la misma situación) por una regulación menos severa, lo que supondría un cambio de valoración.
• Estos criterios se han planteado como un criterio general para la sucesión de leyes y delimitar el alcance de la retroactividad penal favorable.
• En concreto, se ha planteado la posibilidad de utilizar este criterio para valorar la retroactividad de las leyes posteriores que se refieren a cuantías o a elementos secundarios del delito
• Para aplicar retroactivamente la ley posterior favorable, sería necesario comprobar que tal modificación de la cuantía obedece realmente a un cambio de valoración sobre la relevancia o la gravedad del hecho y no simplemente a una actualización motivada por la progresiva devaluación del dinero.
• Para justificar este criterio delimitador de la retroactividad penal, se podría apelar a los mismos argumentos de justicia y necesidad que fundamentan la retroactividad de la ley favorable.

Leyes que Complementan las Normas Penales en Blanco

• Las leyes que complementan las normas penales en blanco pueden ser penales o no penales.
• Se entiende mayoritariamente que, en la medida en que sirven para concretar la ley penal, deben ser aplicadas retroactivamente a favor del reo.

Leyes sobre Responsabilidad Civil Derivada del Delito

• No son propiamente «leyes penales».
• El Tribunal Constitucional ha señalado que este principio solo despliega sus efectos cuando la nueva Ley penal afecta a los presupuestos del delito o de las penas o medidas de seguridad.
• Se debe seguir el criterio general del artículo 2.3 CC, que declara que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que en ellas se disponga lo contrario.

Leyes Procesales

• Existen algunas dudas sobre qué supone realmente su retroactividad.
• El objeto de estas leyes no lo constituye el hecho realizado por el sujeto en el pasado, sino los actos que se van sucediendo progresivamente a lo largo del proceso.
• La aplicación de una ley procesal a un acto procesal actual pero en relación con un hecho anterior no supondría la aplicación retroactiva de esa ley.
• Solo habría retroactividad cuando se dicta un acto procesal en aplicación de una ley y luego se modifica el alcance de ese acto mediante una nueva ley.
• La ley procesal no plantearía especiales problemas de retroactividad; se seguiría siempre el criterio tempus regit actum.
• Hay autores que consideran que (dado que la ley es procesal y no plantea problemas de retroactividad) se debe aplicar la ley posterior desfavorable.
• La doctrina mayoritaria tiende a limitar la aplicación de la ley posterior desfavorable, proponiendo matizar el criterio tempus regit actum o pone en duda el carácter puramente procesal de determinadas normas (como las relativas a la prescripción o a la prisión provisional)
• El TS parece asumir que las leyes procesales no suelen plantear problemas de retroactividad

Cambios Jurisprudenciales

• Los cambios jurisprudenciales en materia penal no están sometidos a las reglas sobre retroactividad.
• Pueden tener efectos retroactivos cuando son desfavorables, pero no son suficientes para dar lugar a un proceso de revisión cuando son favorables.
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que cuando un cambio jurisprudencial da lugar a una modificación normativa que impida a los destinatarios de la norma acceder a la misma, puede vulnerarse la prohibición de retroactividad desfavorable, siempre y cuando se vincule a la falta de previsibilidad de tales cambios

Momento de la Comisión del Delito

• Para identificar la ley aplicable es necesario determinar correctamente en qué momento se ha cometido el hecho delictivo.
• Tradicionalmente, se han utilizado cuatro teorías o criterios para fijar el momento de comisión de delito:
  • La teoría de la acción: el momento es cuando se realiza la acción o, en delitos omisivos, cuando debió realizarse.
  • La teoría del resultado: el momento es cuando se produce el resultado.
  • La teoría unitaria: el momento viene constituido por cualquiera de los momentos en que se realiza algún elemento del delito.
  • La teoría diferenciadora o de la valoración jurídica: se ha de elegir entre un momento u otro en función del sentido o de la finalidad de la norma que deba aplicarse.
• La doctrina mayoritaria toma como punto de partida la teoría diferenciadora por que la cuestión sólo interesa desde un punto de vista jurídico. Se debe elegir entre un momento u otro en función del sentido o de la finalidad de la norma
• A efectos de determinar la ley aplicable, el momento de comisión del delito se corresponde con el momento de la acción
• El artículo 7 CP sigue también la teoría de la acción, y define el momento en el que el sujeto ejecuta la acción

Supuestos Particulares

Delito Integrado por una Pluralidad de Actos

• Si la ley posterior es favorable, en todo caso deberá aplicarse.
• Si la ley posterior es desfavorable, será necesario decidir si la aplicación sería contraria al principio de irretroactividad
• En este caso, la ley posterior desfavorable sólo se aplica si la conducta típica, con todos sus elementos relevantes, se realiza bajo su vigencia.

Delitos Continuados

• En estos, el momento relevante para apreciar la continuidad es el de los diferentes momentos en los que se han realizado los actos delictivos
• No hay problema si varios de esos actos se realizan bajo la vigencia de la ley posterior, y son suficientes para apreciar la continuidad

Delitos Permanentes

• En este, el momento de comisión se mantiene en el tiempo
• es posible que inicialmente el hecho esté bajo la protección de una ley, y finalmente por otra.
• Si la nueva ley introduce una nueva ley agravante, esta nueva ley sólo puede ser aplicada si se produce después de su publicación