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• El Pleno del Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 953/2020.
• El caso se refiere a la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas (TID) en zonas declaradas en estado de emergencia.
• El expediente relacionado es el 00011-2019-PI/TC.
• El 10 de noviembre de 2020, los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada emitieron una sentencia por mayoría.
• La sentencia declara INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad que originó el Expediente 00011-2019-PI/TC.
• El magistrado Espinosa-Saldaña Barrera emitió un voto singular declarando fundada la demanda.
• El magistrado Blume Fortini emitió un fundamento de voto que se entregará posteriormente.
• Los magistrados firmantes de la sentencia son Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera.

Tabla de Contenidos

• La norma impugnada es la Ley 30796.
• Los parámetros de control son los artículos de la Constitución Política del Perú: 8, 43, 118 (incisos 4 y 14), 137, 164, 165, 166 y 167.

Antecedentes

• Incluyen el petitorio constitucional y el debate constitucional.
• El debate se divide en la demanda y la contestación de la demanda.

Fundamentos

• Se delimita la controversia y analiza los presuntos vicios de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 30796.
• Se discute el control del orden interno durante los estados de emergencia nacional.
• Se abordan las acciones de interdicción de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia dispuestas en la Ley 30796.
• Se analiza la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el artículo 8 de la Constitución.
• Se analizan los presuntos vicios de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 30796.

Sentencia del Tribunal Constitucional

• El 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional se reunió en sesión del Pleno Jurisdiccional en Lima.
• Se discutió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30796, que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas contra el tráfico ilícito de drogas.
• El Congreso solicitó que la demanda sea infundada en todos sus extremos, con fecha 8 de septiembre de 2020.

Argumentos de la demanda

• El procurador de la parte demandante sostiene que las operaciones de interdicción contra el TID forman parte del control del orden interno.
• La Ley 30796, al autorizar a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) a llevar a cabo estas acciones en estados de emergencia, contraviene las disposiciones constitucionales.
• La labor esencial de la Policía Nacional del Perú (PNP) se relaciona con el orden interno.
• La PNP debe garantizar, mantener y restablecer el orden, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; funciones que deben realizarse tanto en normalidad como durante los estados de excepción según el artículo 137 de la Constitución.
• La finalidad primordial de las FF. AA. es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, y solo excepcionalmente pueden asumir acciones de orden interno con autorización del Presidente y previa declaración de estado de excepción.
• La Ley 30796 otorga facultades a las FF. AA. en materia de control del orden interno en estados de emergencia.
• La Constitución reconoce al Presidente la dirección del Sistema de Defensa Nacional, siendo la PNP la entidad responsable del orden interno, tanto en situaciones de normalidad como en estados de excepción.
• El Decreto Legislativo 1241 hace referencia al Ministerio Público y a la PNP como entidades competentes para la lucha contra el TID.
• La ley cuestionada atribuye competencias a las FF. AA. desconociendo plazos y garantías fundamentales que corresponden a los investigados.

Contestación de la demanda

• El Congreso argumenta que, según los principios de conservación de la ley e in dubio pro legislatore democrático, se debe verificar si la Ley 30796 tiene alguna interpretación conforme a la Constitución.
• Se remite a varias sentencias del Tribunal Constitucional que declararon infundadas demandas al encontrar un sentido interpretativo conforme a la Constitución.
• Concluye que las disposiciones de la Ley 30796 tienen al menos una interpretación conforme a la Constitución.

Delimitación de la controversia

• La controversia gira en torno a la Ley 30796, que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el TID.
• El artículo 1 de la norma busca que las Fuerzas Armadas realicen autónomamente acciones de interdicción terrestre, acuática y aérea contra el TID en zonas declaradas en estado de emergencia.
• El artículo 2 introduce reformas en el Decreto Legislativo 1241.

Análisis de los presuntos vicios

• El Poder Ejecutivo alega que la acción de interdicción del TID pertenece al control del orden interno de la PNP.
• La autorización para que las FF. AA. brinden apoyo es competencia del Poder Ejecutivo y no del Congreso.
• Los artículos 1 y 2 están relacionados y deben analizarse conjuntamente.

Control del orden interno durante los estados de emergencia nacional

• El artículo 118 otorga al Presidente la responsabilidad de velar por el orden interno y de emplear las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
• El artículo 164 señala que el Presidente dirige el Sistema de Defensa Nacional, y el artículo 167 lo reconoce como el Jefe Supremo.
• El orden interno implica garantizar tranquilidad y paz, permitiendo el desarrollo del proyecto de vida de los ciudadanos en libertad y seguridad.
• La conservación del orden interno es imprescindible para los regímenes democráticos.
• El artículo 166 establece que las labores de garantizar, mantener y restablecer el orden interno corresponden a la PNP.
• El Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial establece que las acciones de la PNP deben ser respetuosas de los Derechos Humanos.
• El orden interno comprende la seguridad ciudadana, la estabilidad de la organización política y el resguardo de las instalaciones y servicios públicos esenciales.
• La Constitución reconoce a la PNP como el órgano para el control del orden interno, aunque puede recibir el apoyo de las FF. AA.
• El Presidente puede decretar el estado de emergencia con acuerdo del Consejo de Ministros por un plazo máximo de 60 días.
• Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente.
• El Presidente tiene competencia exclusiva para decretar el estado de emergencia.
• Las FF. AA. pueden asumir el control del orden interno cuando se haya declarado el estado de emergencia y el Presidente haya dispuesto su intervención.
• La Ley 30796 permite a las FF. AA. realizar acciones de interdicción contra el TID en zonas declaradas de emergencia, afectando las competencias del Presidente.
• Las acciones de interdicción están relacionadas con el control del orden interno.
• DECRETO SUPREMO NÚMERO 006-2016-IN señala las acciones de interdicción son las operaciones policiales.

Acciones de interdicción

• Las acciones de interdicción del TID son competencia de la PNP, pero en estados de emergencia el Presidente puede autorizar el apoyo de las FF. AA.
• Las competencias atribuidas a las FF. AA. se limitan a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y solo en zonas declaradas en estado de emergencia.
• Los artículos 18, 19 y 20 del Decreto Legislativo 1241 ya contemplaban la participación de las FF. AA. en las acciones de interdicción.

Posible interpretación

• Las FF. AA. realizan acciones de interdicción de manera directa poniendo a disposición de la PNP a los detenidos, la droga decomisada y especies.
• Las FF. AA. solo pueden realizar acciones de interdicción directa cuando el Presidente haya dispuesto que estén a cargo del control del orden interno.
• El principio de conservación de las leyes obliga a buscar un sentido interpretativo de las disposiciones acorde con la Constitución.
• Efectivamente, se debe procurar la conservación de la ley.
• El Tribunal exige al juez constitucional ‘salvar' la constitucionalidad de una ley impugnada.
• La realización directa de operaciones no implica desconocer las competencias de la PNP si el Poder Ejecutivo ha previamente dispuesto que asuman el control del orden interno.
• Las competencias que ejercen las FF. AA. deben ser comprendidas bajo el principio de subsidiariedad: para así, limitar sus intervenciones a situaciones de emergencia.
• Debe tenerse en cuenta el el DECRETO LEGISLATIVO 1241 que las especies decomisadas son entregadas al Ministerio publico, por lo que corresponde garantizar el marco legal vigente.

Acciones de interdicción

• Abarca en la aplicación: 1) la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 2) durante los estados de emergencia.
• Las acciones de interdicción que realicen deberán enmarcarse a las competencias que reconoce la Constitución.
• Como surge del artículo 137 de la constitución, se puede decretar el estado de emergencia: por una: perturbación de la paz o del orden interno.

Razonabilidad y proporcionalidad.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos: En la Opinión Consultiva OC-8/87: un régimen de excepción no suspenden las garantías básicas ni los derechos protegidos por ellas.
• Código Procesal Constitucional: Los procesos constitucionales no se suspenden durante los regímenes de excepción,

Razonabilidad y Proporcionalidad

• Corte IDH: Los agentes estatales facultados para hacer uso de la fuerza deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
• La constitución no implica que estos puedan incurrir a actos y extralimitacion de las funciones
• EL estado está obligado a sancionar y combatir el trafico ilícito
• La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas estableció que uno de los ejes era combatir los ilícitos del trafico
• La producción de drogas ilícitas debe de estar penadas para por proteger el estado de la persona y bienes En el Estado Constitucional, toda persona investigada o procesada tiene derecho a pruebas fiables y obtenidas lícitamente la Ley Contra el Crimen Organizado, establece reglas procesales que debe cumplir la Policía Nacional del Perú
• Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia este protocolo Tiene como objeto el evitar las pruebas contaminadas en efecto, no es necesario que pierda la eficacia la prueba del delito, hay mas formas de investigar, lo que implica que las exigencias sean muy altas para el momento probatorias. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán establecer las acciones contra el tráfico ilícito de drogas

Vicios con infracción al artículo 3

• DECRETO LEGISLATIVO 1241

• El artículo 3 establece los programas para que el policía este instruido y entrenado contra el tráfico ilícito de drogas

• No puede haber contradicción alguna con los principios y bienes constitucionales

• El Tribunal considera que EL Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia deben coordinar estas áreas de la intervención contra el tráfico ilícito de drogas,

Voto singular del Magistrado Espinosa

• No es claro que se hayan competencias, se haya declarado estado de excepción, al margen de las leyes habituales de patrullaje, y que no estén relacionadas con el artículo 137 o los artículos de Defensa.

Los puntos resolutivos

• Se plantean a modo adicional de reconocimiento, al poner los ministerios en acuerdo de estos temas.