Teoría del Delito: Culpabilidad y Acción

La acción típica y antijurídica es un elemento fundamental en la teoría del delito. Se refiere a una acción humana, voluntaria y externa que infringe la ley penal.

La tipicidad se refiere a que la acción realizada se ajusta a la descripción de un delito específico definido en la ley penal.

La antijuridicidad se refiere a que la acción realizada no está justificada por ninguna causa legal que la permita o exima de responsabilidad penal.

La culpabilidad se refiere a la responsabilidad penal del individuo por la acción realizada. Se evalúa si la persona era consciente de la ilegalidad de sus actos y si podía haber actuado de forma diferente.

El dolo se refiere a la intención de producir el resultado delictivo. Implica el conocimiento de la ilegalidad de la acción y la voluntad de llevarla a cabo.

La culpabilidad se basa en el hecho de que el individuo actuó en contra de lo que se esperaba de él, es decir, no cumplió con las normas sociales y legales. Se busca determinar si la persona actuó de manera consciente y culpable, y no si representa un peligro para la sociedad.

El modelo tradicional del sistema penal se basa en la idea de que existen delitos con una naturaleza ontológica, es decir, intrínsecamente malos. Se centra en la peligrosidad del individuo y busca prevenir futuras infracciones.

El modelo crítico del sistema penal sostiene que los delitos son creados por el legislador, y por lo tanto, su naturaleza es definitoria. Se centra en la culpabilidad del individuo y la responsabilidad por sus actos.

El sistema penal es un conjunto complejo de normas, instituciones y procesos que se encargan de responder a las acciones delictivas. No solo se basa en leyes, sino también en la forma en que se aplican.

La selección primaria del sistema penal implica elegir qué conductas serán consideradas delictivas. Se basan en la lesión a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico.

El principio de legalidad establece que solo se pueden considerar delitos aquellos que se encuentran expresamente establecidos en una ley. Es decir, no se puede castigar una acción que no haya sido previamente definida como delito.

El segmento legislativo del sistema penal es el encargado de definir qué conductas se califican como delictivas. Selecciona estas conductas a través de un proceso de creación de leyes.

Un principio que busca adaptar las leyes penales a las posibilidades reales del sistema administrativo.

Este principio enfatiza que las leyes penales deben ser aprobadas por razones sólidas y no como reacción a eventos aislados o para calmar a la sociedad.

El garantismo defiende la protección del sistema penal mediante principios para evitar abusos y arbitrariedades.

El principio de legalidad busca que las leyes penales sean aplicadas de manera estricta, solo cuando la conducta acusada está definida en la ley.

Se refiere a la necesidad de probar efectivamente la conducta acusada en un juicio, no solo basarse en la mera existencia de la ley que la define.

Este principio reconoce que el poder del Estado es mucho mayor que el de una persona acusada de un delito.

El "más débil" cambia de posición según la etapa del proceso penal. En la creación de la ley, el "más débil" es el que la va a sufrir. Luego, la víctima suele ser más débil que el acusado y, finalmente, cuando el acusado está detenido, es él quien se encuentra en una situación de debilidad frente al Estado.

El principio de legalidad es crucial para garantizar un sistema penal que respete la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos.

El garante del sistema penal debe ser el Estado, asegurando que sea aplicado de manera justa y equitativa.

El derecho penal debe ser un dique de contención para evitar la expansión del poder punitivo.

Modelo que busca crear leyes penales que se ajusten a la realidad de América Latina, considerando las particularidades de la región.

El desprecio por la peligrosidad como factor determinante de la pena, y la priorización del concepto de culpabilidad.

La susceptibilidad de un individuo al poder punitivo, que disminuye la culpabilidad debido a una menor posibilidad de reproche.

La exposición a factores que dificultan la resistencia al poder punitivo, como la falta de redes de apoyo o oportunidades.

El castigo debe ser proporcional a la capacidad de resistencia del individuo al poder punitivo.

La capacidad de un individuo para comprender y actuar de acuerdo con la ley, considerando su acceso a recursos y oportunidades.

El derecho penal debe establecer reglas mínimas para limitar el poder punitivo, como lo hace el ius bellum en la guerra.

La capacidad de ser considerado responsable por un delito, que depende de la madurez mental y la comprensión de las normas.

La capacidad de reprocharle a un individuo su conducta, teniendo en cuenta su capacidad de comprender las normas y resistir la presión.

Esta teoría combina la prevención general positiva (reafirmar el derecho) y la especial positiva (reeducación e reinserción) para justificar el uso de la pena.

Esta teoría se centra en la prevención del delito en la sociedad en general, con un enfoque en la reafirmación del derecho.

Esta teoría se centra en la prevención del delito por parte del individuo que cometió el delito, enfocándose en la reeducación y reinserción.

Se aplica al momento de crear las leyes penales. Busca generar un mensaje a la sociedad sobre la importancia de la ley y la confianza en el sistema judicial.

Se aplica al momento del juicio y sentencia. Se centra en el individuo que cometió el delito, buscando la reparación del daño y la reeducación.

Es el momento de la ejecución de la pena, donde se busca la reinserción del delincuente en la sociedad

Representa el principio de que la culpabilidad es el límite para aplicar una pena.

Esta teoría propone la compensación del daño causado por el delito mediante la pena, buscando un equilibrio entre el crimen y la sanción.

El derecho penal debe ser subsidiario, solo se debe aplicar si es ineludible para garantizar la vida comunitaria.

El estado tiene el derecho de castigar la lesión de los bienes jurídicos, protegiendo la vida comunitaria.