Responsabilidad del Estado Argentino

Origen y Evolución de la Responsabilidad del Estado en Argentina

• Inicialmente, el Estado argentino no respondía por sus actos, basándose en la idea de que sus acciones buscaban el bien común y el ciudadano debía renunciar a derechos individuales por el colectivo.
• La interpretación original del artículo 100 de la Constitución Nacional de 1860 limitaba al Estado a ser solo demandante en litigios.
• Se distinguía entre actos de imperio (jure imperii), que no generaban responsabilidad, y actos de gestión (jure gestionis), donde se aplicaban normas del Código Civil sobre responsabilidad de personas jurídicas privadas por incumplimientos contractuales.
• La responsabilidad extracontractual por actos de gestión era generalmente rechazada, basándose en el artículo 43 del Código Civil que eximía a las personas jurídicas de responder por actos ilícitos de sus representantes.
• En 1900, la Ley de Demandas contra la Nación (Nº 3.952) permitió demandar al Estado Nacional tras un reclamo administrativo previo.
• En 1932, la reforma de la Ley de Demandas contra la Nación (Ley 11.634) puso fin al principio de doble personalidad del Estado y admitió su demandabilidad tanto en su actuar público como privado.

El Fallo "Tomás Devoto" y la Responsabilidad Extracontractual del Estado

• En 1933, el caso "Tomás Devoto" marcó un hito al reconocer la responsabilidad extracontractual del Estado Nacional por daños originados por su actividad.
• La demanda se originó por un incendio en un campo causado por empleados del telégrafo.
• La Corte Suprema responsabilizó al Estado aplicando el artículo 1113 del Código Civil, atribuyendo responsabilidad a los "entes ideales" por los hechos ilícitos de sus dependientes.

Teoría del Órgano

• Permite imputar directamente al Estado las consecuencias de los actos cometidos por sus agentes.

El Caso "Vadell" (CSJN, 1984) y la Falta de Servicio

• En "Vadell C/ Provincia De Buenos Aires", se trató la responsabilidad del Estado por errores registrales y la conducta de escribanos.
• Se determinó que la Provincia era responsable si el Registro de la Propiedad cumplía defectuosamente sus funciones, lo que se consideró "falta de servicio".
• Se subraya que quien se obliga a prestar un servicio debe hacerlo adecuadamente, siendo responsable por incumplimiento o ejecución irregular.
• La responsabilidad del Estado en estos casos es directa, no indirecta, por la actividad de sus órganos o funcionarios.
• Se distingue la función del escribano, que si bien cumple una función pública, no configura una relación de empleo público que permita responsabilizar al Estado por sus acciones.

Falta de Servicio y Actividad Ilegítima

• Se reitera que prestar un servicio implica hacerlo en condiciones adecuadas, siendo responsable por el incumplimiento o la ejecución irregular.
• La responsabilidad ilícita exige que el daño sea cierto, probado, mensurable en dinero y actual (visión restrictiva).
• Existe una crítica a la visión restrictiva, ya que no indemniza el daño futuro cierto, lo que atenta contra la igualdad, el derecho de propiedad y la reparación integral

Sacrificio Especial y Actividad Lícita

• El artículo 4° establece que para la responsabilidad estatal por actividad legítima, debe existir un "sacrificio especial" en la persona dañada, diferenciado del resto de la comunidad y afectando un derecho adquirido.
• La relación de causalidad debe ser directa, inmediata y exclusiva.

Evolución Legislativa y el Nuevo Código Civil y Comercial (CCyC)

• Se pasó de la irresponsabilidad absoluta a sistemas de creciente responsabilidad, utilizando el artículo 1112 del Código Civil anterior sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos.
• Existían dos posiciones principales: una que abogaba por regir la responsabilidad estatal exclusivamente por el derecho administrativo y otra que defendía el uso del derecho común para garantizar la reparación plena del daño.

El Anteproyecto y su Modificación

• El Anteproyecto del CCyC establecía en el Art. 1764 la responsabilidad objetiva del Estado por el ejercicio irregular de sus funciones, sin necesidad de identificar al autor.
• El Art. 1765 establecía la responsabilidad concurrente del funcionario/empleado público y del Estado.
• El Art. 1766 establecía la responsabilidad del Estado por actos lícitos que generen un sacrificio desigual en los particulares.
• El Poder Ejecutivo eliminó estos artículos, sustituyéndolos por normas que remiten la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios/empleados al derecho administrativo nacional o local.
• Esta modificación implicó acoger la postura que excluye al derecho común de las responsabilidades públicas por daños.

Ley 26.944 de "Responsabilidad Estatal"

• Sancionada antes que el CCyC, traslada la cuestión de la responsabilidad estatal al derecho administrativo, permitiendo regulaciones nacionales y locales.
• Establece la inaplicabilidad de las normas del CCyC a la responsabilidad del Estado, directa o subsidiariamente.

Responsabilidad Extracontractual por Actividad Ilegítima en la Ley 26.944

• Es una responsabilidad directa del Estado.
• Puede surgir por acción u omisión, pero en el caso de omisión, sólo si se incumple un deber normativo expreso.
• El factor de atribución es objetivo, basado en la "falta de servicio".
• La causalidad debe ser adecuada y entre las eximentes se incluyen el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien el Estado no deba responder, y el caso fortuito o fuerza mayor no asumidos por el Estado.
• Son resarcibles los daños patrimoniales (emergente, lucro cesante, pérdida de chances) y morales que sean consecuencia inmediata y mediata del hecho dañoso.
• No se aplican los daños punitivos contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
• La acción resarcitoria prescribe a los tres años desde la verificación del daño o desde que la acción esté disponible.
• Se entiende que las acciones colectivas son procedentes también respecto a la responsabilidad del Estado.
• Se diferencia la responsabilidad contractual y extracontractual, rigiéndose la primera por las normas específicas de cada situación.

Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos en la Ley 26.944

• Solo existe por actos irregulares.
• El factor de atribución es subjetivo (culpa o dolo), y la culpa no se presume, debiendo ser probada por la víctima.
• Rigen las reglas generales de la causalidad adecuada.
• No se aplican daños punitivos a agentes y funcionarios.
• El Estado tiene derecho a repetir contra los funcionarios responsables lo que pague en indemnización, acción que prescribe a los tres años de la sentencia firme que establece la indemnización (se señala un error en la norma, ya que la acción debería nacer tras el pago).

Análisis del origen y evolución de la responsabilidad del Estado en Argentina. Desde la exención inicial basada en la búsqueda del bien común hasta la Ley de Demandas contra la Nación. Incluye la distinción entre actos de imperio y gestión.