Procedimiento Administrativo y Competencias Autonómicas

Procedimiento administrativo común

• El Tribunal Constitucional define el procedimiento administrativo común como la estructura general del procedimiento y la forma de elaboración, validez, eficacia, revisión y ejecución de los actos administrativos.
• Se trata de un marco general, no un procedimiento uniforme.
• El Tribunal Constitucional destaca las garantías generales de los particulares en el procedimiento administrativo común.

Competencias autonómicas en materia de procedimiento administrativo

• El Tribunal Constitucional inicialmente consideraba que las Comunidades Autónomas solo podían regular especialidades derivadas de su propia organización.
• Posteriormente, ha reconocido la competencia autonómica para dictar normas relacionadas con el procedimiento administrativo común.

Transparencia administrativa

• Se destaca la creación de un inventario único y público de organismos y entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
• Se crea un registro estatal de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, incluyendo los convenios con otras administraciones.
• Se establece una consulta pública previa a la elaboración de propuestas normativas y una evaluación ex post de las iniciativas normativas aprobadas.
• Las Conferencias Sectoriales serán informadas sobre los proyectos normativos que afecten al ámbito competencial de otras Administraciones Públicas.

Régimen jurídico del personal al servicio de las AP (Administraciones Públicas)

• El Estatuto Básico del Empleado Público se aplica al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, Organismos Públicos, Agencias y Entidades de derecho público.
• El sistema de empleo público español se caracteriza por un régimen estatutario para la mayoría de los empleados públicos.
• La integración en la Unión Europea y la descentralización política y administrativa en España no han impedido la regularidad de los servicios públicos, a pesar de las variaciones en su calidad, productividad y en ocasiones, deterioro.
• La rigidez del régimen jurídico de los funcionarios de carrera ha impulsado la incorporación al Derecho laboral común en un porcentaje considerable del empleo público, acompañado de un aumento de la temporalidad.
• El sistema de empleo público se centra en la profesionalidad, con excepciones de nombramientos por razones de confianza política.
• El objetivo del sistema es una Administración transparente, eficaz, bien ordenada y con un sistema moderno de relaciones laborales.
• Se refleja la importancia de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y promoción profesional.
• La gestión de los recursos humanos se basa en la eficacia, desarrollo profesional, transparencia, evaluación y responsabilidad.
• El sistema promueve la negociación colectiva y la participación de los representantes en la determinación de las condiciones de empleo.
• Se destaca la cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
• Se mencionan las normas legales claves que regulan el régimen del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (LI), Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 670/1987 de Clases Pasivas del Estado, de 30 de abril, Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
• Se destacan los principales Reglamentos que desarrollan la normativa sobre el empleo público: Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Real Decreto 1405/1896, de 6 de junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre.  

Este cuestionario abarca el procedimiento administrativo común según el Tribunal Constitucional, así como las competencias autonómicas en esta materia. Se examinan temas como la estructura del procedimiento, las garantías para los particulares y la transparencia administrativa en las entidades públicas. Ideal para estudiantes de derecho o administración pública.