Órganos de Contratación Estatales

Los órganos de contratación son los encargados de representar a las entidades del sector público en materia de contratos.

Los órganos de contratación pueden delegar sus competencias en otras entidades, siempre que se cumplan las normas y formalidades establecidas.

En la Administración General del Estado, los Ministros y Secretarios de Estado son los órganos de contratación para los contratos dentro de su ámbito de competencia.

En los departamentos ministeriales con varios órganos de contratación, el Ministro decide sobre los contratos de suministro y servicios que afectan a varios departamentos, a menos que la Junta de Contratación tenga esa facultad.

Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otras entidades públicas estatales tienen como órganos de contratación a sus Presidentes o Directores.

Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social tienen como órganos de contratación a sus Directores Generales.

Órgano que regula y consulta sobre la contratación pública del sector público estatal, asegurando la correcta aplicación de las leyes y promoviendo la competencia en el sector.

Un organismo creado por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para velar por la correcta aplicación de la legislación de contratación pública. Su objetivo principal es promover la competencia y combatir las ilegalidades en el proceso de contratación.

Un órgano colegiado que forma parte de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Su función es analizar la viabilidad financiera de los contratos de concesión de obras y servicios.

Órganos que proporcionan asesoramiento y orientación en materia de contratación pública a diferentes niveles de la Administración Pública.

Órgano que se encarga de la contratación pública en las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, tiene la responsabilidad de gestionar la contratación pública centralizada, según lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En algunos casos, las entidades del sector público estatal necesitan autorización previa para celebrar contratos.

El Consejo de Ministros debe autorizar contratos con un valor estimado (VE) igual o superior a doce millones de euros.

La autorización del Consejo de Ministros también se requiere para contratos de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra con más de cuatro años de duración.

Los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición con un valor estimado igual o superior a doce millones de euros también necesitan la autorización del Consejo de Ministros.

Una vez que el Consejo de Ministros autoriza un acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición, no se necesita una autorización adicional para celebrar contratos específicos basados en ellos.

Los Ministros y Secretarios de Estado pueden establecer límites para los contratos que requieren su autorización, según el valor estimado del contrato.

Para concesiones con un valor estimado igual o superior a doce millones de euros, se requiere un informe del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública debe emitir un informe vinculante cuando la financiación de un contrato incluye ayuda estatal, préstamo o anticipo, independientemente del valor del contrato.

Los departamentos ministeriales y otras entidades del sector público estatal pueden crear Juntas de Contratación para gestionar ciertos tipos de contratos.

Las Juntas de Contratación pueden adjudicar contratos de obras de reparación simple o de conservación y mantenimiento.

Las Juntas de Contratación también pueden adjudicar contratos de suministro de bienes consumibles o de fácil deterioro.

Las Juntas de Contratación gestionan contratos de servicios no considerados como de contratación centralizada.

Las Juntas de Contratación pueden adjudicar contratos de suministro y servicios que afecten a varios órganos, siempre que no se trate de bienes o servicios de contratación centralizada.