ODS y Legislación 2024-2025

Estos expertos deben tener experiencia y competencia en cuestiones medioambientales y estar facultados para supervisar el progreso de las empresas en relación con sus compromisos.

Las empresas deben garantizar que las conclusiones periódicas de los terceros expertos estén a disposición de las personas consumidoras.

Las autoridades competentes pueden llevar a cabo inspecciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva.

Un nuevo marco de información no financiera que requiere a las empresas de reportar información ESG.

La información que las empresas deben proporcionar sobre temas no financieros, como el impacto social y ambiental.

Un conjunto de indicadores clave no financieros que cubren las áreas de impacto social y ambiental.

El sistema de compliance se refiere a las políticas, procesos y controles que se implementan dentro de una organización para garantizar que sus operaciones se lleven a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

El Chief Compliance Officer es responsable de supervisar el sistema de cumplimiento de la empresa y garantizar que se cumpla con todos los requisitos legales y éticos.

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental es la ley principal que regula la protección del medio ambiente en España. Define los principios para evaluar el impacto ambiental de las actividades, asegurando el cuidado de la naturaleza y la salud humana.

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental establece las responsabilidades que deben asumir las empresas para prevenir, evitar y reparar cualquier daño que causen al medio ambiente.

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados regula la gestión de residuos generados en los procesos productivos, incluyendo medidas para evitar la contaminación del suelo y proteger la salud de los seres vivos.

El Real Decreto 56/2016 sobre eficiencia energética establece medidas para mejorar el uso de la energía, incluyendo auditorías energéticas, acreditación de proveedores y auditores, y la promoción de la eficiencia energética.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas promueve la adopción de prácticas responsables por parte de las empresas, incluyendo aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno.

El Real Decreto 1/2016 sobre residuos electrónicos establece el marco legal para la producción y gestión de productos electrónicos y sus residuos, con medidas para prevenir su generación y reducir su impacto ambiental.

La Directiva (UE) 2024/825 es una ley creada para luchar contra el greenwashing, protegiendo a los consumidores de prácticas comerciales engañosas y ayudando a la transición ecológica.

Las empresas tienen que asegurarse de entregar información transparente y precisa a los consumidores sobre las características ambientales, sociales y de sostenibilidad de sus productos.

La obsolescencia programada se refiere a la práctica de diseñar productos con una vida útil limitada para que los consumidores los reemplacen más rápido.

Las prácticas comerciales engañosas incluyen la planificación deliberada de la obsolescencia temprana, publicidad de beneficios irrelevantes y la falta de información sobre la sostenibilidad real de los productos.

Las empresas deben proporcionar información clara sobre las opciones de entrega y servicio posventa, incluyendo servicios de reparación, para promover la sostenibilidad.

Las empresas deben informar a los consumidores sobre las actualizaciones de software y sus efectos en el funcionamiento de los bienes digitales.

Las empresas que hacen afirmaciones ambientales sobre sus productos pueden ser requeridas a someterlas a verificaciones independientes por expertos.

Las empresas deben cumplir con una serie de requisitos en la Directiva (UE) 2024/825 para evitar prácticas comerciales engañosas y promover la transición ecológica.

Es una norma de la UE que busca impulsar las inversiones en proyectos amigables con el clima y el medio ambiente.

Esta directiva obliga a las grandes empresas a evaluar los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente dentro de sus cadenas de suministro.

Es un fondo que apoya a las regiones y sectores más afectados por la transición a una economía verde.

Es la ley principal de España para cumplir los compromisos climáticos y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Este decreto establece medidas urgentes para apoyar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética en España.

Esta ley regula la gestión de residuos en España, promoviendo la economía circular, el reciclaje y la reducción de residuos.

Es una estrategia que busca impulsar un modelo económico sostenible en España, basado en la reutilización de recursos y la minimización de residuos.

Ley española que regula la calidad del aire y establece objetivos, límites y umbrales para las emisiones de gases y partículas.

Norma ISO que certifica la eficiencia energética en las empresas, ayudándolas a reducir gastos y mejorar su imagen ante clientes y la sociedad.

Estándar internacional que define los procedimientos de gestión ambiental que las empresas deben implementar.

Normativa medioambiental que certifica los Sistemas de Gestión de Energía, impulsando un uso eficaz de los recursos energéticos.

Estándar internacional que regula la seguridad y la salud en el trabajo, asegurando un ambiente laboral óptimo y previniendo accidentes y enfermedades.

El Pacto Verde Europeo es un plan ambicioso de la Unión Europea para alcanzar la sostenibilidad ambiental y la neutralidad climática para 2050. Define objetivos específicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la economía circular, proteger la biodiversidad y garantizar una transición energética justa.

Este reglamento de la UE define qué actividades económicas se consideran sostenibles desde un punto de vista ambiental.

Establece los métodos para certificar la eficiencia energética en las empresas.