Marco legislativo para personas mayores

• Marco legislativo en la atención a las personas mayores

Ámbito internacional

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, establece el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure salud, bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, incluyendo seguros en casos de vejez.
• En 1982, la ONU celebró la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, donde se advirtió sobre el reto del envejecimiento global.
• Esta asamblea culminó con la aprobación del "Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento".
• En 1991, la Asamblea General de la ONU adoptó los principios a favor de las personas de Edad (resolución 46/61), basados en derechos y responsabilidades relativos a independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
• En 2002, la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid adoptó una Declaración Política y un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.
• El Plan de Acción Internacional de 2002 instó a abordar la relación entre las personas de edad y el desarrollo, desafiando percepciones convencionales sobre el envejecimiento.
• El documento de 2002 establece que el envejecimiento es un logro, no un problema, y un asunto de desarrollo y política económica, no solo de seguridad social.
• En 2002, el Consejo de Europa adoptó la recomendación COM (2002) final, mostrando preocupación por la salud y el bienestar ante la longevidad y la creciente incapacidad de las familias para brindar cuidados.
• La Carta Social Europea de 1961 (artículos 13, 14 y 15) establece el derecho a la seguridad social, asistencia social-médica y servicios de bienestar social para trabajadores y sus dependientes.
• El Tratado de Ámsterdam de 1997 (artículo 13) establece la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad y edad.
• La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) reconoce en su artículo 25 el derecho de las personas mayores a una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.
• El artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se refiere a la protección de la seguridad social y los servicios sociales en situaciones de dependencia o vejez.

Ámbito estatal

• La Constitución Española (CE) de 1978, en su artículo 9.2, encarga a los poderes públicos promover la igualdad y remover obstáculos para la participación en la vida política, cultural y social.
• El artículo 14 de la CE recoge la igualdad de todos los españoles.
• El artículo 15 de la CE establece el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, derechos que a veces son vulnerados en personas mayores a través de maltratos.
• El artículo 39 establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
• El artículo 41 regula el derecho a la Seguridad Social.
• El artículo 49 regula la protección de las personas con discapacidad.
• El artículo 50 garantiza pensiones adecuadas y actualizadas para la suficiencia económica en la tercera edad y promueve su bienestar mediante servicios sociales que atiendan salud, vivienda, cultura y ocio.
• El artículo 50 es el único artículo constitucional que menciona explícitamente el sistema de servicios sociales.
• El artículo 51 establece un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, garantizando asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
• La Ley 26/1990 sobre prestaciones no contributivas en la Seguridad Social fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, que a su vez fue derogado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.
• Actualmente, las Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social están dirigidas a ciudadanos en estado de necesidad sin recursos económicos suficientes para su subsistencia, independientemente de si han cotizado o no.
• Los beneficiarios de pensiones no contributivas tienen derecho a asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
• La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestiona las pensiones no contributivas desde su inicio.
• La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se dirige, entre otros, al colectivo de personas mayores de 65 años.
• La ley contempla que la atención a personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía es un reto clave de la política social.
• La Ley 39/2006 responde a que el 9% de la sociedad presenta alguna discapacidad o limitación y el 21% son mayores de 65 años.
• Dicha ley configura un derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, basado en principios de universalidad, equidad y accesibilidad.
• El artículo 15 de la Ley 39/2006 establece un catálogo de servicios sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
• Estos servicios pueden ser prestados en centros públicos o privados concertados acreditados, cuyo régimen jurídico y condiciones de actuación deben ser establecidos por las Comunidades Autónomas.

Repaso del marco legislativo internacional para la atención de las personas mayores. Se mencionan documentos clave como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los planes de acción de la ONU. Se examinan los principios de independencia, participación y dignidad.