Ley Orgánica 2/2009 sobre Extranjería

La ley orgánica 2/2009 busca crear un marco legal que garantice los derechos y libertades de los extranjeros en España.

La ley fomenta un sistema de inmigración legal y ordenado, conectando la capacidad de España para aceptar trabajadores con las necesidades del mercado laboral.

La ley busca combatir la inmigración ilegal aumentando las sanciones para quienes ayudan a personas a entrar o permanecer ilegalmente en España.

La ley impulsa la integración como un elemento central, fomentando la convivencia de diferentes culturas y fomentando la participación de los inmigrantes.

La ley busca adaptar la legislación a las competencias de las autonomías en cuanto a trabajo e integración, fortaleciendo la cooperación entre diferentes administraciones para brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

La Ley Orgánica 4/2000 ha sido modificada en varias ocasiones desde su aprobación en 2000 (8/2000, 2/2003, 14/2003 y 2/2009), adaptándose a la realidad migratoria cambiante en España.

El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (2008) establece como objetivos: inmigración legal y ordenada, lucha contra la inmigración ilegal e integración de inmigrantes legales.

La Ley Orgánica 4/2000 incorporó la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, adaptando su texto a la Constitución, y transpuso directivas europeas sobre inmigración.

El Real Decreto 557/2011, del 20 de abril (Reglamento de Extranjería) desarrolla y amplía las regulaciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se refiere a personas que no poseen la nacionalidad española, incluyendo a los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes se les aplica el régimen comunitario.

La Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, fue modificada por la Ley 2/2009, estableciendo que los ciudadanos de la UE y aquellos que aplican el régimen comunitario están sujetos a las normas que lo regulan.

El Gobierno tiene la responsabilidad de definir, planificar, regular y desarrollar la política de inmigración, aunque las Comunidades Autónomas y las Autoridades Locales también pueden asumir ciertos poderes.

Los extranjeros en España disfrutan de los derechos y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, bajo los términos establecidos en los tratados internacionales y la legislación nacional.

Los extranjeros en España pueden ejercer actividades remuneradas y acceder al sistema de seguridad social. Sin embargo, esto depende de la política de inmigración y las condiciones establecidas en las leyes.

Los extranjeros residentes en España tienen derecho a acceder a los beneficios y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. Esto incluye la posibilidad de recibir prestaciones sociales generales y específicas, así como las atención especial necesaria para extranjeros con discapacidad, menores de 18 años o con residencia habitual en España.

La Ley Orgánica 4/2000 establece que los extranjeros tienen derecho a afiliarse a sindicatos o asociaciones profesionales en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. También tienen derecho a ejercer el derecho a la huelga bajo las mismas condiciones.

Para trabajar y residir en España, los extranjeros mayores de 18 años deben solicitar autorización administrativa previa. Esta autorización se concede normalmente junto al permiso de residencia. Hay excepciones que se establecen por reglamento.

La Ley Orgánica 4/2000 establece que los extranjeros residentes que cumplan los requisitos tienen derecho a trabajar por cuenta propia o ajena, así como a acceder a la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.

El principio de igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social es un elemento clave de la normativa sobre inmigración en España.