Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra

Un acto legal que reúne todas las modificaciones, correcciones y derogaciones de una ley, con el objetivo de facilitar la consulta de la legislación vigente.

La capacidad legal para crear y aprobar leyes sobre un tema específico.

Principios que garantizan la equidad, la transparencia y la no discriminación en los procesos de contratación pública.

El proceso de adaptar una norma de un territorio a las normas y directrices de la Unión Europea.

La Ley Foral 6/2006 de Navarra, que regula el procedimiento para realizar contratos públicos en la región.

Un tratado internacional que establece las normas que deben seguir los países europeos para la contratación pública.

La ley que define los derechos y competencias de la comunidad autónoma de Navarra.

El proceso de integrar las normas internacionales dentro del marco legal de un territorio.

La Ley Foral de Contratación Pública de Navarra se adapta a la normativa europea, asegurando que los poderes adjudicadores cumplan con los objetivos de interés público.

La ley establece una regulación general para todos los poderes adjudicadores, independientemente de su naturaleza, con reglas específicas adicionales para las administraciones públicas.

Incluye como poderes adjudicadores a organizaciones reguladas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones/asociaciones vinculadas a ellos si cumplen ciertos requisitos.

La ley indica claramente los contratos y negocios jurídicos que no están incluidos en su ámbito de aplicación, como los contratos patrimoniales y las campañas políticas.

Se establecen reglas específicas para los 'entes instrumentales', que son entidades que realizan servicios para los poderes adjudicadores.

Un 'poder adjudicador' es una entidad que realiza contrataciones. El 'órgano de contratación' es la parte que lleva a cabo el proceso de contratación.

La ley regula las centrales de compras y la contratación conjunta, que son herramientas para que los poderes adjudicadores agrupen sus compras y obtengan mejores precios.

La exclusión de un licitador en el proceso de contratación debe ser la última medida, solo se aplica cuando no se puede garantizar la igualdad de oportunidades.

Los licitadores deben demostrar que han tomado medidas para ser fiables y evitar ser excluidos si cumplen con los criterios de prohibición.

La ley establece requisitos de solvencia económica más flexibles para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES).

La ley establece una serie de prohibiciones para contratar, que tienen como objetivo luchar contra la corrupción.

La ley busca que los poderes adjudicadores compartan información con los licitadores para garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación.

Las nuevas regulaciones apuntan a una mayor flexibilidad en los procesos de contratación, promoviendo la igualdad de oportunidades y la transparencia.

La ley actualiza la regulación de la contratación pública en Navarra, adaptándola a las exigencias del mercado actual y a la normativa europea.

El máximo valor que se puede exigir a las empresas que participan en una licitación pública, y este valor debe estar justificado y ser proporcional al valor del contrato.

Principio que busca que las empresas tengan igualdad de oportunidades para competir en una licitación, sin que un requisito excesivo excluya a empresas capaces.

Proceso de evaluar la capacidad financiera de una empresa para cumplir con las obligaciones que se derivan de un contrato.

Un tipo de contrato donde se combinan diferentes tipos de servicios, por ejemplo, obras y servicios.

El riesgo que asume el concesionario de un contrato de concesión, que puede ser económico, técnico o jurídico.

Un contrato que se reserva para empresas que favorecen la integración social y profesional de personas en riesgo de exclusión social.

Un sistema de adjudicación que permite a empresas sin ánimo de lucro acceder a licitaciones de servicios específicos.

Un nuevo sistema que exige al órgano de contratación la división de contratos en lotes, con la posibilidad de reservar lotes para empresas sociales.

Un tipo de oferta conjunta para varios lotes de un contrato, donde se combinan los recursos y capacidades de diferentes empresas.

Consultas informales con el mercado para recopilar información y preparar mejor las licitaciones.

Una declaración responsable que acredita la capacidad del licitador para participar en una licitación.

Un documento oficial a nivel europeo que simplifica la presentación de información sobre el licitador.

Un contrato para la realización de obras, como la construcción de un edificio o una carretera.

Un contrato para la entrega de bienes, como la compra de materiales o equipos.

Un contrato para la prestación de servicios, como la gestión de un centro de atención telefónica o la limpieza de un edificio.

La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra, fue modificada para transponer las directivas europeas sobre contratación pública, mejorando los mecanismos de transparencia y eficiencia.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra fue creado para garantizar la legalidad en los contratos públicos y resolver las reclaciones.

Las directivas europeas de cuarta generación, que forman el nuevo paquete europeo en contratación pública, derogan las anteriores normas, buscando mayor eficiencia y transparencia.

La contratación pública busca contribuir a un desarrollo económico que genere empleo, productividad y cohesión social, utilizando los fondos públicos de forma eficiente.

Las directivas europeas persiguen objetivos como promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de pequeñas empresas y usar la contratación pública para impulsar políticas sociales, ambientales e investigativas.

La Comisión Europea considera que un mercado único y competitivo permite alcanzar mejores niveles de eficiencia en el gasto público.

Para lograr la eficiencia y competitividad se necesitan normas simples y eficaces, facilitando el trabajo para los poderes adjudicadores y empresas.

Las directivas europeas se enfocan en facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.

Las directivas europeas buscan simplificar el procedimiento para la contratación pública, reduciendo las cargas administrativas.

Las directivas europeas fomentan el uso de la contratación pública para promover la igualdad de género, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

Las nuevas normas requieren que se cumplan las leyes de igualdad de género, bienestar social y medio ambiente en todas las etapas de la contratación.

La licitación electrónica se vuelve obligatoria, promoviendo la digitalización y eficiencia en la contratación pública.

Se busca promover la innovación en áreas donde la actuación pública es mayoritaria para optimizar los servicios públicos.

Se implementan medidas para aumentar la transparencia y combatir la corrupción, promoviendo la ética en la contratación pública.

La ley foral busca mejorar aspectos como la invalidez de los contratos y el régimen de penalidades.

El DEUC es un documento electrónico que se utiliza para realizar contratos públicos en Navarra. Es obligatorio para contratos con un valor estimado superior al umbral comunitario, y opcional para contratos con un valor menor.

Un procedimiento que se utiliza para adquirir productos o servicios que mejor se adapten a las necesidades del órgano de contratación cuando no se pueden definir los medios ideales para satisfacerlas.

Un tipo de etiqueta que demuestra que un producto, servicio u obra cumple requisitos de calidad específicos, incluyendo aspectos sociales y medioambientales.

Un nuevo procedimiento para contratos de menor valor, en el que se invita a las empresas que se consideran adecuadas para la ejecución del contrato.

Un nuevo procedimiento que permite la colaboración entre empresas y órganos de contratación para el desarrollo de proyectos innovadores.

Un acuerdo marco es un contrato que define las condiciones generales para la realización de futuros contratos. Las partes del acuerdo no pueden ser modificadas durante su vigencia.

La utilización de medios electrónicos para presentar ofertas y notificaciones en los procesos de licitación.

Una plataforma web que se utiliza para la licitación electrónica en Navarra. Es obligatoria para entidades sujetas a la ley foral.

La adjudicación de contratos públicos se debe realizar a la oferta más ventajosa económicamente, priorizando criterios de calidad y no solo el coste.

Los pliegos reguladores de la contratación son un único documento que incluye las condiciones particulares, de tipo jurídico, administrativo y económico, y las prescripciones técnicas del contrato.

Para contratos menores de 15.000 euros para suministros o servicios, y 40.000 euros para obras, se permite la contratación sin un procedimiento reglado.

Los plazos de licitación se han reducido para simplificar los procedimientos. Sin embargo, el plazo debe ser adecuado al objeto del contrato.

El órgano de contratación debe determinar el plazo de licitación adecuado caso por caso, asegurando que cumple con los principios de concurrencia e igualdad de trato.

La ley foral que regula el procedimiento para realizar contratos públicos en Navarra.

Conjunto de todos los costes asociados a un bien, servicio o proyecto a lo largo de su vida útil, desde la planificación hasta la eliminación.

El proceso de integrar una normativa europea en la legislación nacional de un país.

Estos costes pueden ser internos, como la investigación y desarrollo, o externos, como la contaminación por la extracción de materiales.

El precio de un bien o servicio debe ser lo suficientemente alto para cubrir todos los costes, tanto internos como externos, de su ciclo de vida.

Criterio de adjudicación de un contrato público que considera la experiencia del personal que trabajará en el proyecto.

Definición de qué ofertas se consideran anormalmente bajas en un contrato público, considerando las circunstancias específicas del proyecto.

Rechazar ofertas que sean anormalmente bajas debido a una vulneración de derechos sociales, laborales o ambientales.

Publicación de todas las adjudicaciones de contratos públicos, independientemente de su importe.

Ajustar la regulación de la contratación pública a la Directiva 24/2014, incluyendo un porcentaje máximo de modificación de los contratos.

Las condiciones especiales de ejecución de un contrato público deben reflejar los principios sociales, laborales y medioambientales.

Reconocimiento de las organizaciones sindicales como sujetos legitimados para interponer reclamaciones especiales.

En las concesiones de obras y servicios, el riesgo operacional debe ser transferido al contratista.

Condiciones especiales de ejecución de los contratos que deben reflejar los principios sociales, laborales y medioambientales.

El precio del contrato debe cubrir todos los costes del ciclo de vida, incluyendo los costes ambientales.

El precio de un medicamento de uso hospitalario se fija mediante un proceso administrativo entre la administración del Sistema Nacional de Salud y el proveedor farmacéutico, sin la necesidad de licitación pública.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2 de junio de 2016 estableció la posibilidad de negociar condiciones generales para la adquisición de medicamentos, permitiendo la incorporación posterior de otros proveedores.

En el sistema regulado en la disposición adicional vigesimoprimera, se permite la incorporación posterior de otros proveedores en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario.

La contratación pública debe incorporar criterios sociales y medioambientales que guarden relación con el objeto del contrato, buscando una mejor relación calidad-precio y eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Se facilita el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas de economía social a la contratación pública.

Las entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006 deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de igualdad de género, medioambiental, social y laboral.

Se debe programar la actividad de contratación pública, y el plan de contratación debe ser público junto con la aprobación de los presupuestos.

Los contratos públicos son aquellos celebrados por escrito entre entidades públicas y empresas o profesionales para la ejecución de obras, suministro de productos, prestación de servicios o concesiones.

Se consideran contratos públicos las entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones, asociaciones, etc., si las Administraciones Públicas financian más de la mitad de su actividad o tienen influencia dominante sobre ellas.

Las organizaciones sometidas a la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos, las organizaciones sindicales, las empresariales, y las fundaciones y asociaciones vinculadas, están sujetas a la Ley Foral 6/2006 si cumplen los requisitos establecidos en la letra e) del apartado 1.

Los contratos de obras de ingeniería civil y construcción de ciertos edificios subvencionados en más del 50% por entidades públicas son considerados contratos públicos, aunque sean celebrados por personas o entidades privadas.

Los contratos de servicios vinculados a contratos de obras subvencionados en más del 50% por entidades públicas, también son considerados contratos públicos.

Los contratos públicos pueden adjudicarse directamente a una sociedad de capital mixto que combina capital público y privado, siempre que se cumplan ciertos requisitos y no se modifique el objeto del contrato.

El proceso de selección de un socio privado para un proyecto público, donde se establecen las reglas y condiciones de la asociación, incluyendo la relación contractual y los estatutos de la empresa conjunta.

Un tipo de contrato público donde el poder adjudicador y un socio privado se unen para realizar un proyecto. El socio privado aporta capital y recursos para la realización del proyecto.

Un contrato público que se adjudica a una sociedad de capital mixto, con el fin de llevar a cabo un proyecto.

Un acuerdo que establece la relación jurídica entre la Administración o el contratista que presta un servicio público y los usuarios que deben pagar para utilizarlo.

Los contratos relacionados con campañas políticas, como estudios de opinión pública o producción de videos de propaganda.

Contratos que abarcan servicios financieros como emisión, compra, venta o transferencia de valores o instrumentos financieros.

Los contratos de servicios y suministros para proyectos de investigación, desarrollo e innovación que implican retornos científicos, tecnológicos o industriales.

Acuerdos de colaboración entre poderes adjudicadores públicos, entre sí o con otras administraciones, o entre la Administración de la Comunidad Foral y personas físicas o jurídicas.

Acuerdos entre la Administración Pública de Navarra y entidades sin ánimo de lucro para gestionar servicios sociales, culturales, educativos y sanitarios.

La participación de entidades y asociaciones de carácter cultural, deportivo u otras de similar naturaleza sin ánimo de lucro en actividades organizadas por las entidades locales de Navarra.

Contratos celebrados por entidades que atienden obligaciones contraídas en el marco de un contrato público al que habían concurrido como operador económico o contratista.

Los contratos derivados de un acuerdo internacional, según el Tratado de la Unión Europea, relativos a obras o suministros para proyectos conjuntos.

Los contratos públicos declarados secretos o que requieren medidas de seguridad especiales, debido a intereses esenciales que necesitan protección.

La invalidez de la norma mencionada, con efectos futuros, manteniendo los contratos relacionados con servicios jurídicos celebrados antes de la sentencia.

Se declara cuando una persona o empresa no puede participar en licitaciones públicas debido a acciones previas que dañaron los intereses públicos.

Es un órgano creado para velar por la transparencia y correcta gestión de las compras del gobierno.

Una entidad estatal que realiza compras (como un gobierno o una universidad) está obligada a cumplir con la ley, incluso en los contratos.

La prohibición de contratar puede durar hasta 5 años, dependiendo del daño causado y si fue intencional.

La ley establece reglas especiales en el procedimiento de licitaciones para asegurar la participación de pequeñas y medianas empresas.

Cada licitador debe demostrar que tiene la capacidad económica y técnica para realizar el trabajo contratado.

La ley busca asegurar que todas las empresas tienen la misma oportunidad de participar en licitaciones públicas.

Es importante que las empresas que quieren participar en licitaciones públicas conozcan las reglas y las cumplan.

Cuando alguien que quiere participar en una licitación pública no puede presentar las referencias solicitadas, puede demostrar su solvencia económica y financiera con otros documentos que la entidad pública considere adecuados.

Para ser seleccionado como posible adjudicatario de un contrato público, se debe demostrar la capacidad técnica y profesional para realizarlo. Esto se acredita con experiencia previa en proyectos similares o por tener el personal y los equipos especializados.

La entidad pública puede pedir que se presenten los antecedentes de las obras realizadas en los últimos 5 años, con certificados de buena ejecución y detalles del proyecto.

La entidad pública puede pedir que se presenten los antecedentes de los principales suministros o servicios prestados en los últimos 3 años, con detalles del importe, fecha y cliente.

La entidad pública puede pedir que se presente información sobre el personal técnico que participará en el proyecto, especialmente los responsables del control de la calidad.

La entidad pública puede solicitar un control externo, realizado por un organismo oficial, sobre la capacidad de producción o la capacidad técnica del proveedor de servicios.

La entidad pública puede solicitar muestras, descripciones o fotografías de los productos que se van a suministrar, o certificados de calidad de organismos oficiales.

En los contratos de suministro, se puede exigir a las empresas una acreditación específica para garantizar la trazabilidad de la cadena de suministro y el cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

Se pueden considerar las sociedades que pertenecen a un grupo empresarial, siempre y cuando se demuestre que la empresa principal tiene acceso a los recursos necesarios para ejecutar el contrato.

Si la solvencia se basa en la subcontratación, la empresa que licita debe presentar un documento que demuestre el compromiso formal con los subcontratistas.

La entidad pública puede reutilizar información de una empresa que ya fue adjudicataria de un contrato anterior, si las circunstancias no han variado.

Una persona o empresa que participó en la elaboración del contrato solo será excluida del procedimiento si no hay otra forma de garantizar la igualdad de trato y la libre competencia.

La entidad pública informará a las demás personas interesadas sobre la participación de otro licitador en la elaboración del contrato, incluyendo la información a la que accedió.

La entidad pública establecerá plazos adecuados para la presentación de ofertas después de comunicar la participación de un licitador en la elaboración del contrato.

Una entidad que realiza servicios para los poderes adjudicadores, como una empresa pública, un consorcio o una fundación.

La condición que se debe cumplir para que una entidad instrumental no sea considerada como un poder adjudicador cuando recibe un encargo de un poder adjudicador.

Un ente instrumental no es un poder adjudicador si la mayoría de sus actividades son realizadas para el poder adjudicador que lo controla o para otras entidades controladas por el mismo.

La orden de realizar un encargo cuyo valor es mayor que el límite para los contratos de menor cuantía.

Publicación de la orden de realización de un encargo en el Portal de Contratación de Navarra.

Publicación de la orden de realización de un encargo en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Requisitos para la ejecución de encargos por entidades instrumentales.

Posibilidad de contratar terceros para realizar una parte de la prestación.

Excepciones a la regla del porcentaje de contratación, con justificación de la economía, eficacia o eficiencia.

Acuerdos de colaboración entre entidades públicas y entidades instrumentales.

Organismos responsables de la celebración de contratos en representación de los poderes adjudicadores.

Organización creada para centralizar las compras de varios poderes adjudicadores.

Proceso de contratación que se realiza conjuntamente por varios poderes adjudicadores.

Responsabilidad conjunta de los poderes adjudicadores en la contratación conjunta.

Ser excluido de licitar contratos públicos debido a incumplimiento de obligaciones tributarias o de seguridad social.

Ser excluido de licitar contratos públicos por no cumplir el requisito de contratar a personas con discapacidad.

Ser excluido de licitar contratos públicos por no contar con un plan de igualdad de género.

Personas que se encuentran inhabilitadas para ejercer cargos públicos o están sujetas a incompatibilidades.

Ser excluido de licitar contratos públicos por haber sido condenado por un delito relacionado con la corrupción.

Ser excluido de licitar contratos públicos por incumplimiento de obligaciones con la administración pública.

Ser excluido de licitar contratos públicos por haber trabajado en un cargo público y luego pasar a una empresa relacionada con este cargo.

Ser excluido de licitar contratos públicos por proporcionar información falsa sobre la empresa.

Ser excluido de licitar contratos públicos por incumplimiento de las condiciones de un contrato anterior.

Prueba suficiente de la no concurrencia de la causa de prohibición de contratar establecida en el punto (a).

Prueba suficiente de la no concurrencia de las causas de prohibición de contratar, excepto la establecida en el punto (a).

Procedimiento para verificar la situación personal de quien licita, si existen dudas sobre las causas de prohibición.

Las prohibiciones de contratar establecidas en el apartado (c), (d), (e), (f), (g) y (h) se aplican automáticamente.

Las empresas o profesionales que se adjudican un contrato, no pueden ser seleccionadas para supervisar, controlar o dirigir la ejecución de ese mismo contrato.

Se define como empresa vinculada a un contratista a aquella en la que el contratista tiene una influencia dominante, ya sea directa o indirecta, por razones de propiedad, participación financiera o normas internas.

Se presume influencia dominante cuando una empresa controla la mayoría del capital social, los votos o puede designar a más de la mitad del consejo de administración de otra empresa.

Para acreditar el cumplimiento de normas de aseguramiento de la calidad, se deben presentar certificados de organismos independientes que se basen en normas europeas vigentes.

Los certificados equivalentes expedidos por organismos autorizados en otros países de la Unión Europea serán reconocidos.

Se aceptan pruebas de medidas equivalentes de aseguramiento de la calidad, incluso si no se tienen los certificados necesarios.

Las personas o entidades que han sido condenadas por ciertos delitos, están excluidas de la participación en las licitaciones públicas.

Las empresas que tienen administradores condenados por los delitos mencionados, también están prohibidas de participar en licitaciones.

Las personas o entidades sancionadas por infracciones graves en materia profesional o muy graves en materia medioambiental, laboral, social, etc., quedan excluidas de las licitaciones.

Quienes consten en el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales también están excluidos de las licitaciones.

Las personas o entidades que están en concurso de acreedores o tienen alguna inhabilitación legal están impedidas de participar en licitaciones.

Las personas o entidades que están sujetas a una prohibición de contratar por sanción administrativa también están impedidas de participar en licitaciones.

Cada poder adjudicador es responsable por sus obligaciones según la ley foral en los contratos que gestiona.

Personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, sin prohibiciones, incompatibilidades o conflictos de intereses, y con solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Grupo de empresas que se unen temporalmente para presentarse a una licitación. Se crea un documento privado con detalles de la participación y un representante único.

Se puede exigir a los licitadores que demuestren su inscripción en un registro profesional o mercantil, de acuerdo con la legislación específica.

Las empresas de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo deben acreditar su habilitación para realizar la prestación según la legislación de su país.

Se pueden exigir autorizaciones especiales o la pertenencia a una organización específica, especialmente en contratos de servicios.

Las empresas de países fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo deben acreditar su capacidad de obrar, solvencia y también demostrar que su país permite la participación de empresas españolas en su país.

La empresa propuesta como adjudicataria debe demostrar su solvencia económica y financiera para ejecutar el contrato.

El volumen de negocios mínimo anual exigido no excede una vez y media el valor estimado del contrato.

Se puede exigir un patrimonio neto o una ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico, igual o superior al indicado en la licitación.

El órgano de contratación puede exigir que el periodo medio de pago a proveedores no supere un límite establecido, considerando la normativa sobre morosidad.