Ley del Código de Ética de la Función Pública

El Código de Ética de la Función Pública define los principios, deberes y prohibiciones que deben seguir los servidores públicos en Perú.

Este código se aplica a todos los trabajadores de las entidades públicas y las empresas públicas en Perú, con el objetivo de garantizar un servicio público eficiente y ético.

La función pública se refiere a cualquier trabajo que se realiza en nombre del estado, ya sea temporal o permanente, remunerado u honorario.

El objetivo principal de la función pública es servir a la nación y mejorar la eficiencia del gobierno, priorizando la atención a la ciudadanía y el uso responsable de los recursos públicos.

Esta directiva establece incentivos y estímulos por el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, así como mecanismos de protección para quienes denuncien su incumplimiento.

La Oficina Nacional Anticorrupción fue creada mediante esta norma para combatir la corrupción en el Perú.

Esta norma aprueba un manual que detalla las operaciones y funciones de la Oficina Nacional Anticorrupción.

Esta norma aprueba una directiva que regula el acceso de los usuarios a la información pública del Seguro Integral de Salud.

Esta norma aprueba el Código de Ética y Conducta para los servidores públicos del INGEMMET, estableciendo pautas éticas para su desempeño.

Ley que establece el Código de Ética para los empleados públicos en Perú, definiendo los principios y valores que deben regir su conducta.

Esta norma aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asegurando la transparencia y equidad en estos procesos.

La Ley Nº 27815 fue modificada por la Ley Nº 28496, cambiando el término "servidor público" por "empleado público" para alinearla con la Ley Marco del Empleo Público (Ley Nº 28175).

Esta norma regula el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo.

Una serie de normas y directrices emitidas por diferentes entidades del Estado peruano complementando y aplicando el Código de Ética establecido.

Esta norma establece normas de conducta y desempeño para el personal de la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional.

El documento legal que establece el Código de Ética para los empleados públicos en Perú.

Esta norma define la transparencia y la ética en la conducta de los funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República.

Esta norma establece la ética en los empleados públicos del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero.

Esta norma busca garantizar la neutralidad y transparencia de los empleados públicos durante los procesos electorales.

Esta norma busca garantizar la neutralidad y transparencia de los empleados públicos del Ministerio de Salud durante los procesos electorales.

Es la violación de los principios, deberes y prohibiciones establecidos en el Código de Ética de la Función Pública.

Son medidas que se aplican a los servidores públicos que infrinjan el Código de Ética.

El reglamento del Código de Ética define las sanciones específicas por cada infracción.

No se exime a los servidores públicos de responsabilidades legales adicionales, como las administrativas, civiles o penales.

Todo servidor público debe informar a la Comisión de Ética o al organismo equivalente sobre cualquier acción que viole el Código de Ética.

La entidad aplica las sanciones a los servidores públicos que infrinjan el Código de Ética, después de consultar con el asesor legal.

El servidor público debe actuar de manera abierta y accesible, permitiendo que cualquier persona conozca la información sobre sus actuaciones.

Es la aptitud técnica, legal y moral necesaria para acceder y ejercer la función pública. Implica que los servidores públicos deben tener la capacidad y el compromiso para desempeñar sus funciones de manera eficiente y ética.

Significa que los servidores públicos deben ser honestos y transparentes en sus relaciones con sus colegas, ciudadanos y organismos externos, asegurando la verdad en la información proporcionada.

El servidor público debe mantener la confidencialidad de la información a la que tiene acceso durante el desempeño de sus funciones, salvo que las normas de acceso a la información pública lo permitan.

Consiste en la fidelidad y lealtad hacia la institución y cumplimiento de las órdenes del superior jerárquico, siempre y cuando estas estén en armonía con la ética y la legalidad.

El servidor público no puede tomar represalias contra otros servidores públicos o ciudadanos, ni ejercer coerción, como consecuencia de su labor.

El servidor público debe cuidar y utilizar responsablemente los bienes del Estado que están a su cargo, evitando el abuso, el desperdicio o el uso para fines particulares.

Significa que el servidor público debe ser justo y equitativo en el trato con los ciudadanos, las instituciones y sus compañeros.

La lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho es fundamental para los servidores públicos.

El servidor público tiene la responsabilidad de cumplir con sus deberes de manera integral y eficiente. En situaciones excepcionales, puede realizar tareas que no son propias de su cargo, si estas son necesarias para superar una situación crítica.

Conocer las normas del Código de Ética de la Función Pública es fundamental para que el servidor público cumpla con sus deberes éticos.

Es la obligación de los servidores públicos de actuar sin favorecer a ningún partido político, ideología o interés económico.

El servidor público debe actuar con transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, demostrando su compromiso con la ética y la legalidad.

El servidor público está prohibido de realizar cualquier acto que implique el uso indebido de su cargo, el enriquecimiento ilícito o la discriminación.

El servidor público debe utilizar los recursos públicos de manera responsable y eficiente, priorizando el bienestar de la ciudadanía.

El servidor público está prohibido de realizar cualquier acto que implique el uso indebido de su cargo, el enriquecimiento ilícito o la discriminación.