Ley de Uso de la Fuerza por Parte del Estado

Objeto y Ámbito de la Ley

• La presente Ley regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a las servidoras y servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
• El objetivo es proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas, y precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes.
• La Ley es de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional.

Derecho a la Resistencia y conceptos relacionados

• El derecho a la resistencia es el derecho constitucional protegido de las personas y colectivos para oponerse a acciones u omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
• Evasión o fuga: acción mediante la cual una persona se libera o elude la vigilancia a la que está sometida.
• Graves alteraciones del orden en los centros de privación de libertad: amotinamiento, toma de rehenes o eventos adversos que afecten la seguridad del centro de privación de libertad.

Principios para el uso legítimo de la fuerza

• Legalidad: el uso de la fuerza se sustentará en la protección de los derechos y garantías de las personas, y se regirá por los principios establecidos en la ley y en el derecho internacional de los derechos humanos.
• Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a las situaciones en que no existan o no sean disponibles otros medios para tutelar la vida y la integridad de la persona o situación que se pretende proteger.
• Proporcionalidad: el uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza o agresión, y se determinará caso por caso en función de los contextos específicos.
• Precaución: las operaciones y acciones se planificarán tomando todas las precauciones necesarias para evitar o minimizar los efectos de uso de la fuerza física o potencialmente letal.
• Humanidad: el principio de humanidad prohíbe las medidas de violencia innecesarias y enfatiza la distinción entre personas que constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas que no presentan esa amenaza.
• No discriminación: el uso de la fuerza no se utilizará de manera discriminatoria contra ninguna persona o grupo de personas en base a criterios como etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, etc.
• Rendición de cuentas: las servidoras y servidores públicos están sujetos a control y rendición de cuentas por las disposiciones que impartan y los actos ilícitos cometidos.

Gestión de reuniones y manifestaciones pacíficas

• Es deber del Estado y de las servidoras y servidores policiales garantizar y proteger el libre ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, participación y de resistencia de las ciudadanas y los ciudadanos.
• La dispersión solo será autorizada por autoridad competente, de manera excepcional, con el único propósito de evitar una amenaza o peligro grave para la vida o la integridad física de las personas y cuando no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger estos derechos.

Intervención policial y militar en centros de privación de libertad

• La seguridad interna de los centros de privación de libertad corresponde, en circunstancias ordinarias, al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
• En casos de operativos de seguridad, motines o graves alteraciones al orden, se contará con el apoyo inmediato de la Policía Nacional.