Ley de Procedimiento Administrativo Común

Ley de Procedimiento Administrativo Común

• Objetivo: Regular los requisitos de validez y eficacia de actos administrativos, procedimientos administrativos en todas las Administraciones Públicas, y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• Supresión de trámites previos: Elimina las reclamaciones previas en vía civil y laboral, consideradas poco útiles.
• Participación ciudadana: Incorpora la necesidad de recabar opiniones de ciudadanos y empresas antes de elaborar una norma, incluyendo aspectos como problemas a solucionar, necesidad y oportunidad de la norma, objetivos y alternativas.
• Planificación normativa ex ante: Las Administraciones públicas elaborarán un Plan Anual Normativo para presentar propuestas de leyes/reglamentos del año siguiente.
• Evaluación ex post: Se fortalece la evaluación de la aplicación de las normas para comprobar su cumplimiento de objetivos y la justificación de los costes.
• Principios de buena regulación: La normativa debe ajustarse a principios como jerarquía, publicidad y buena regulación.
• Registros y sistemas: Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adherirán a los registros y sistemas de la Administración General del Estado para una mayor eficiencia.
• Especialidades por materia: La Ley establece procedimientos específicos para algunas materias, como tributos, Seguridad Social, Desempleo, tráfico, etc.
• Disposiciones transitorias: La Ley regula los procedimientos en curso al momento de su entrada en vigor, archivos, registros y Punto de Acceso General electrónico.

Ámbito Subjetivo

• Sector público: La ley se aplica a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y el sector público institucional.
• Sector Público Institucional: Incluye organismos públicos, entidades de derecho privado vinculadas a las Administraciones Públicas, Universidades públicas, Corporaciones de Derecho Público.
• Capacidad de obrar: Las personas físicas o jurídicas con capacidad conforme a las normas civiles tienen capacidad para actuar ante las Administraciones Públicas.
• Menores de edad: Menores con capacidad legal para actuar por sí mismos en defensa de sus derechos e intereses pueden hacerlo sin asistencia.

Interesados

• Concepto de interesado: Son interesados aquellos que promueven el procedimiento por titulares de derechos legítimos, que tengan sus derechos afectados por la resolución o cuyos intereses puedan resultar afectados por la resolución aunque no hayan iniciado el procedimiento, y asociaciones/organizaciones representativas con intereses económicos/sociales legítimos..
• Sucesión de intereses: En caso de relación jurídica transmisible, el derecho-habiente asume la condición de interesado en cualquier estado del procedimiento.
• Representación: Los interesados pueden actuar por medio de apoderados, salvo manifestación expresa en contra. La representación debe ser acreditada y constar en registros electrónicos para un mejor control.

Registros

• Registros electrónicos de apoderamientos: Las Administraciones tendrán registros electrónicos para inscribir apoderamientos necesarios para actuar en nombre de otros ante las Administraciones. Los registros deben ser interoperables y contener información del poderdante y apoderado, fecha, período y tipo de poder.