TEMA 3 Ley 39/2015:LA INSTRUCCIÓN

• La instrucción, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comprende los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos relevantes.
• Estos actos se realizan de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramita el procedimiento.
• Se mantiene el derecho de los interesados a proponer actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos.
• Los actos de instrucción que requieren la intervención de los interesados deben practicarse de la forma más cómoda para ellos, siendo compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
• El órgano instructor debe asegurar el pleno respeto a los principios de coordinación e igualdad de los interesados en el procedimiento.
• El instructor, según la Ley 39/2015, puede decidir la apertura de un período extraordinario de prueba, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días.
• Los informes, según la Ley 39/2015, son, salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
• Si un informe preceptivo no se emite en el plazo señalado, se puede suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
• El informe emitido fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución correspondiente.
• Los informes se emitirán a través de medios electrónicos en el plazo de diez días, salvo que una Ley o los plazos del procedimiento permitan otro plazo.
• En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la Ley 39/2015 exige solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento causó la presunta lesión indemnizable.
• El plazo para la emisión de este informe no puede exceder de diez días.
• El dictamen del Consejo de Estado (o el órgano consultivo autonómico) es necesario si las indemnizaciones reclamadas son iguales o superiores a 50.000 euros o lo que establezca la legislación autonómica.
• En reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial.
• El informe debe ser evacuado en un plazo máximo de dos meses.
• El dictamen sobre la relación de causalidad entre el servicio público y la lesión deberá emitirse en el plazo de dos meses, según la Ley 39/2015.
• Los interesados pueden aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, según la Ley 39/2015.
• En un procedimiento administrativo, los interesados pueden alegar y presentar documentos justificantes en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15.
• El trámite de información pública deberá tener una duración no inferior a 20 días.
• El trámite de audiencia tendrá lugar, según la Ley 39/2015, una vez instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
• Si la Administración no considera ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exige, el período de prueba no excederá de treinta días ni inferior a diez.
• La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.
• Quienes participan en el trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
• Las pruebas propuestas por los interesados podrán rechazarse por resolución motivada del órgano competente para instruir el procedimiento.
• El inicio de la práctica de pruebas se comunicará a los interesados con una antelación mínima, incluyendo el lugar y la fecha de realización.
• Si deben efectuarse pruebas cuyo gasto no corre a cargo de la Administración, podrá exigirse el anticipo de los mismos.
• El plazo para alegar defectos de tramitación puede presentarse hasta el trámite de audiencia.
• Según la Ley 39/2015, el instructor del procedimiento acordará la apertura de un período de prueba cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.
• El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento es aquél que podrá acordar un período de información pública, cuando lo aconsejen razones de interés público, según la Ley 39/2015.
• Quienes presenten alegaciones en el trámite de información pública tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
• En el procedimiento administrativo caben todos los medios de prueba admisibles en derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
• La Administración puede prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos, alegaciones y pruebas diferentes a los del interesado.
• El plazo para formular alegaciones en el trámite de audiencia será inferior a un mes.
• El instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
• Los interesados pueden alegar defectos de tramitación en cualquier momento del procedimiento que podrán exigirse con la responsabilidad disciplinaria del puesto de trabajo.
• Los interesados, podrán adjuntar alegaciones en cualquier momento del procedimiento y además podrán aportar documentos u otros elementos de juicio necesarios.

Explicación de la instrucción según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que incluye los actos para determinar los hechos relevantes. Se realizan de oficio y electrónicamente, respetando el derecho de los interesados a proponer actuaciones. Se busca la máxima comodidad para los interesados.