Tema 4

Ley española sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Principio de divulgación de información pública.

Derecho de ciudadanos a solicitar y obtener información pública.

Principio de gestión pública honesta y efectiva.

Plataforma online para el acceso a la información pública.

Quiénes están obligados a publicar información.

Divulgación voluntaria de información pública.

Datos sobre estructura y funcionamiento de la entidad pública.

Datos financieros, presupuestos y estadísticas de la entidad.

Organismos y entidades mencionados en el apartado previo, letras a) a d).

Partidos políticos, sindicatos, empresas y entidades privadas que reciben ayuda o subvenciones públicas importantes.

Las ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros en un año, o cuando al menos el 40% de los ingresos anuales sean de este tipo, siempre que alcancen al menos 5.000 euros.

Personas físicas y jurídicas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas deben entregar información a la Administración vinculada.

También están obligados a suministrar información las personas que ganan contratos del sector público, según lo especificado en el contrato.

Los sujetos del artículo 2.1 publicarán información relevante para transparencia.

Reglamentos locales sobre transparencia pública que pueden complementar la legislación nacional.

Límite al derecho de acceso a la información pública, basado en el derecho a la protección de la privacidad individual.

Las infracciones menos graves, sancionadas con una amonestación.

Infracciones de gravedad intermedia, pudiendo conllevar publicación de incumplimiento en BOE.

Infracciones muy serias que pueden resultar en destitución del cargo y prohibición de cargos futuros.

Castigos impuestas por infracciones, variando según la gravedad de la falta.

Sanción que puede aplicarse en infracciones graves si conlleva una indemnización.

Sanción de destitución del cargo para infracciones muy graves.

Prohibición de ocupar cargos importantes por un periodo determinado tras una infracción muy grave.

Factores a considerar (naturaleza, gravedad del peligro, ganancias, etc.), para decidir la gravedad de una falta.

Infracción que implica la posibilidad de acciones penales al llegar a esta instancia.

Autoridad encargada de la Fiscalía en procesos legales.

Acciones u omisiones que violan una norma administrativa, dando lugar a un procedimiento sancionador.

Proceso administrativo para determinar y aplicar sanciones por infracciones administrativas.

Conjunto de leyes o reglamentos específicos que regulan determinados aspectos de una actividad o sector.

Ley general que regula la gestión fiscal y presupuestaria, incluyendo infracciones.

Obligación de una persona o entidad de reparar el daño económico causado por una acción o inacción.

El acto formal de iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial o sancionador.

Entidad con la facultad de decidir sobre la incoación de un procedimiento administrativo.

Órgano administrativo encargado de instruir procedimientos sancionadores relacionados con conflictos de intereses de altos cargos públicos.

Queja presentada por un ciudadano sobre una posible infracción administrativa.

Conjunto de normas, trámites y actos que rigen la tramitación de un procedimiento ante una administración pública.

El Presidente interpreta uniformemente las obligaciones de la ley, supervisa la publicidad, resuelve reclamaciones, responde consultas, inicia procedimientos sancionadores y aprueba presupuestos.

El Consejo se rige por la Ley General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Disposiciones jurídicas que imparten instrucciones o amplían las leyes.

El documento preliminar del presupuesto anual del Consejo, creado por el mismo y enviado al Gobierno para su aprobación.

Disposición legal que establece las normas para la elaboración y aprobación de los presupuestos del Estado.

Normativa que regula las contrataciones entre administraciones públicas y terceros.

Determina quién tiene la autoridad para imponer sanciones a los altos cargos, dependiendo de su función y adscripción.

Órgano competente para imponer sanciones a altos cargos que sean miembros del Gobierno o Secretarios de Estado.

Órgano competente para imponer sanciones a altos cargos de la Administración General del Estado.

Competentes para imponer sanciones a altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, según sus propios reglamentos.

Periodos de tiempo para que las infracciones dejen de poder ser sancionadas (muy graves 5 años, graves 3 años, leves 1 año).

Ley que regula los plazos y causas de interrupción de la prescripción de las sanciones.

Organismo público creado para promover la transparencia y buen gobierno en la administración.

Ministerio al que está adscrito el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Mecanismo para impugnar resoluciones dictadas en procedimientos sancionadores.