Lección 8

Es la forma de impugnar un reglamento al cuestionar un acto administrativo que lo aplica.

El recurso indirecto se interpone contra el acto de aplicación del reglamento; el recurso directo, contra el reglamento en sí.

Tanto la Administración como la jurisdicción contencioso-administrativa pueden conocer de impugnaciones indirectas.

Se interpone directamente contra el reglamento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante la Administración.

Una sentencia favorable anula el reglamento.

Suele anular el acto de aplicación, pero no necesariamente el reglamento.

Proceso posterior al recurso indirecto que puede declarar nulo el reglamento.

Es posible interponer el recurso indirecto sin importar si hubo o no uno directo antes, y si éste fue desestimado.

Todos los reglamentos viciados son nulos de pleno derecho, no hay reglamentos anulables. Son válidos o nulos, por vulnerar la Constitución, las leyes o reglamentos superiores, o por cualquier otro vicio, incluyendo los de procedimiento.

Los reglamentos pueden ser inválidos en su totalidad o parcialmente (alguno/s de sus preceptos) dependiendo del vicio.

Los tribunales controlan la potestad reglamentaria, y el control judicial de la administración administrativa corresponde a los tribunales contencioso-administrativos, que son los encargados de declarar la nulidad.

Evaluación general de la validez de un reglamento sin una situación específica. Se estudia el reglamento en sí de forma independiente.

Los plazos para impugnar un reglamento son cortos (dos meses) a partir de su publicación.

Las acciones legales que se pueden iniciar para desafiar un reglamento, se realizan por medio de la vía administrativa o la contencioso-administrativa, dependiendo del caso.

Las declaraciones de nulidad, en general, no afectan a los actos administrativos previos ni a las sentencias previas que ya aplicaron el reglamento nulo.

Una sentencia que declara la nulidad de un reglamento no puede especificar la nueva redacción para reemplazar el reglamento anulado.

Los vicios de procedimiento en los reglamentos solo se pueden invocar en recursos directos, no en recursos indirectos.

Los jueces y tribunales no aplicarán reglamentos contrarios a la Constitución, la ley o la jerarquía normativa.

Los reglamentos se consideran válidos a menos que se declare su nulidad.

Los tribunales no están obligados a asumir la validez de un reglamento hasta que no se declare judicialmente nulo.

La administración sí debe asumir la validez de los reglamentos. Si considera un reglamento inválido, debe solicitarse formalmente su nulidad.

Establece que los jueces y tribunales no aplicarán reglamentos contrarios a la Constitución, la ley o la jerarquía normativa.

Un reglamento es una norma general y abstracta que establece un marco regulador para determinados ámbitos, dictada por la administración y que se integra en el ordenamiento jurídico.

Los reglamentos son generales y abstractos, se integran en el ordenamiento jurídico, mientras que los actos administrativos son individuales y concretos, no forman parte del ordenamiento jurídico.

Los reglamentos se integran en el ordenamiento jurídico por su carácter abstracto y general, es decir, se aplican de forma general a una cantidad ilimitada de casos.

El criterio distintivo es la abstracción, es decir, la aplicación generalizada a un número indefinido de casos.

La abstracción permite que el reglamento se aplique a un sinfín de casos concretos, en lugar de solo uno.

La integración implica que el reglamento forma parte del sistema legal y su aplicación es obligatoria para todos.

La abstracción permite la aplicación repetida del reglamento a diferentes casos que cumplan sus condiciones.

El reglamento se integra en el ordenamiento jurídico por medio de los órganos competentes que lo aprueban y mediante su publicación.

El Poder Legislativo no puede aprobar todas las normas necesarias, por lo que se delega la función de crear reglas a la Administración.

La Constitución otorga la potestad reglamentaria al Gobierno y, aunque no explícitamente, a las Comunidades Autónomas.

La potestad reglamentaria se deriva de las Constituciones y las leyes, no es un poder que la Administración se adjudica por sí misma.

La potestad reglamentaria es un poder propio que la Constitución atribuye directamente al Gobierno, similar al poder legislativo de las Cortes.

Las Comunidades Autónomas no tienen una atribución explícita de la potestad reglamentaria en la Constitución. Su propio ordenamiento jurídico determina su alcance.

Permite a la Administración crear reglas detalladas que complementan y desarrollan la ley.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas ejercen la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Es fundamental para el funcionamiento del Estado ya que permite la creación de normas detalladas y específicas que facilitan la aplicación de las leyes.

El poder que tiene una comunidad autónoma para crear leyes y regulaciones dentro de su ámbito de actuación.

Son reglamentos que solo se pueden aprobar cuando el Estado tiene la capacidad de legislar y la Comunidad Autónoma solo tiene la capacidad de ejecutar esas leyes.

Leyes generales que el Estado debe aprobar en ciertas materias para establecer los principios y normas básicas.

El rango de actuación de una Comunidad Autónoma para crear reglamentos depende de su propio ordenamiento jurídico.

La potestad reglamentaria de las comunidades autónomas está definida por su propio ordenamiento jurídico.

Conjunto de principios que deben guiar la elaboración de los reglamentos para garantizar su legalidad, eficiencia y eficacia. Estos principios incluyen la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

La capacidad de la Administración para elegir la mejor opción dentro de los límites establecidos por la ley al crear un reglamento.

La posibilidad de que los tribunales revisen la legalidad y la correcta aplicación de los reglamentos.

El proceso legal para desafiar la validez de un reglamento, ya sea por un particular o por la propia Administración.

Conjunto de pasos específicos que se deben seguir para crear un reglamento, con el objetivo de garantizar su legalidad, transparencia y rigor.

Los reglamentos se consideran válidos hasta que no se demuestre lo contrario por un tribunal de justicia.

Los jueces y tribunales no aplicarán reglamentos que sean contrarios a la Constitución, las leyes o los principios de jerarquía normativa.

El Presidente del Gobierno tiene la facultad de crear, modificar y suprimir departamentos ministeriales, según el artículo 2.j) de la Ley del Gobierno (LG).

Los Ministros solo pueden aprobar reglamentos sobre la organización de su propio Ministerio, sin afectar los derechos de los ciudadanos (artículo 4.b) LG).

Las leyes pueden dar a los Ministros o incluso a órganos inferiores la capacidad de crear normas específicas, como se ve en la Ley de Tráfico y la Ley de Seguridad Aérea.

Las leyes pueden otorgar potestad reglamentaria a entidades independientes, no solo a la Administración General del Estado.

Los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros se publican como Reales Decretos, mientras que los aprobados por Ministros se publican como Órdenes Ministeriales.

Estos decretos son aprobados por el Consejo de Ministros y luego adaptados por la Presidencia del Gobierno.

Las leyes delimitan el ámbito de los reglamentos locales al establecer las competencias de los entes locales. Si las leyes no otorgan competencias a los entes locales en una materia, estos no pueden aprobar reglamentos sobre ella.

Las competencias ejecutivas son las que permiten a los entes locales dictar reglamentos en una materia. Para aprobar reglamentos, las leyes deben otorgar a los entes locales competencias ejecutivas, no solo la capacidad de crear reglamentos.

Los reglamentos locales no pueden contradecir las leyes estatales o autonómicas. Aunque no hay una jerarquía estricta, las leyes tienen supremacía sobre los reglamentos locales.

Las leyes estatales y autonómicas tienen supremacía sobre los reglamentos locales, por lo que estos no pueden contener regulaciones contrarias a ellas.

Si un ente local no tiene competencia en una materia, puede que su competencia sobre otra le permita dictar reglamentos que afecten tangencialmente a aquélla. Esto significa que los reglamentos pueden tener efectos indirectos en otras áreas.

Los reglamentos locales no pueden violar las leyes estatales o autonómicas. Aunque no haya una jerarquía formal, las leyes son superiores a los reglamentos locales.

Los tribunales tienen el poder de revisar la validez de los reglamentos locales, asegurándose de que no violen las leyes estatales o autonómicas.

Los reglamentos locales se consideran válidos hasta que un tribunal los declare nulos. La presunción de validez significa que se consideran válidos hasta que se demuestre lo contrario.

Los reglamentos autonómicos solo pueden regular las materias en las que la Comunidad Autónoma tenga competencias normativas, respetando las competencias del Estado.

La amplitud de la potestad reglamentaria de una comunidad autónoma está limitada por su propio ordenamiento jurídico interno.

La facultad que tiene el Gobierno y, en menor medida, las Comunidades Autónomas para crear normas generales que detallan y complementan las leyes.

La Constitución otorga la potestad reglamentaria al Gobierno, mientras que las Comunidades Autónomas la ejercen dentro de su propio ordenamiento jurídico.

Los reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros se publican como Reales Decretos, mientras que los aprobados por los Ministros se publican como Órdenes Ministeriales.

Las leyes estatales y autonómicas delimitan el ámbito de los reglamentos locales, otorgando competencias a los entes locales en ciertas materias.

Normas generales y abstractas creadas por la Administración para regular ciertos ámbitos. Se integran en el ordenamiento jurídico.

Los reglamentos son generales y abstractos, se integran en el ordenamiento jurídico. Los actos administrativos son individuales y concretos, no forman parte del sistema legal.

Las leyes establecen las competencias de los entes locales. Si una ley no les da competencia en una materia, no pueden aprobar reglamentos sobre ella.

Un reglamento es nulo de pleno derecho si viola la Constitución, la ley o las normas de rango superior.

Un reglamento puede ser inválido por violar la Constitución, las leyes o las normas de rango superior.

Un reglamento inválido no tiene efectos legales y debe ser eliminado.

La impugnación directa se interpone contra el reglamento, mientras que la indirecta se interpone contra un acto que lo aplica.

Cualquier persona puede impugnar un reglamento si considera que es inválido.

El Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba los reglamentos andaluces.

Los reglamentos andaluces se aprueban por Decreto, Orden o Resolución, dependiendo del órgano que los apruebe.

El procedimiento es similar al estatal. Comienza con un proyecto de reglamento, informes, participación ciudadana y dictamen del Consejo Consultivo.

El Consejo de Gobierno de Andalucía tiene la competencia reglamentaria general, pudiendo aprobar cualquier reglamento que corresponda a Andalucía.

La Ley de Gobierno de Andalucía (LGA) establece un sistema de competencias reglamentarias similar al del Estado.

La LGA establece dos tipos de reglamentos: los meramente organizativos y los que afectan a la organización administrativa.

El procedimiento es similar al andaluz pero con algunas diferencias: comienza con un proyecto, informes, participación ciudadana y dictamen del Consejo de Estado.

Los ciudadanos pueden participar en la elaboración de los reglamentos a través de los procedimientos establecidos.

Un recurso que se presenta contra un acto administrativo que aplica un reglamento supuestamente ilegal, buscando que se anule el acto, y en algunos casos, el reglamento.

El Consejo de Gobierno de Andalucía tiene la competencia general para aprobar reglamentos, dentro de los límites de la Constitución y la legislación estatal.

Las leyes estatales y autonómicas delimitan el ámbito de los reglamentos locales, otorgando competencias a los entes locales en ciertas materias.