La Constitución de 1978: Claves y Estructura

Necesidad de 2/3 de los votos en ambas cámaras para aprobar una nueva constitución y someterla a referéndum.

Procedimiento para la disolución de las Cortes Generales.

Mecanismo para reclamar la protección de libertades ante los Tribunales ordinarios.

Mecanismos para proteger los derechos fundamentales.

Un tipo de jurisdicción que trata las violaciones de derechos fundamentales.

Alto cargo que supervisa la actividad de la administración para la defensa de los derechos.

Órgano encargado de defender la legalidad, los derechos y el interés público.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La séptima Constitución de España, vigente desde 1978, que marcó la transición a la democracia tras el franquismo.

La sección de la Constitución que establece los principios, valores, y derechos fundamentales que guían la organización del Estado.

El primer capítulo de la Constitución que define los valores, principios, y la forma de Estado.

El poder supremo del pueblo español, base de la Constitución, que se ejerce a través del sistema democrático.

Un sistema que otorga autonomía a las regiones de España, con sus propias instituciones y competencias.

El castellano es la única lengua oficial del Estado, pero otras lenguas españolas son oficiales en sus regiones.

La sección de la Constitución que define los 'Derechos y Deberes Fundamentales' de los ciudadanos.

La Constitución de 1978 fue aprobada por consenso político y popular, marcando un cambio de dictadura a democracia.

El principio que establece que todos, incluyendo los ciudadanos y los poderes públicos, deben someterse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

La separación de poderes en el Estado de derecho, como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar la concentración de poder en un solo ente.

Los derechos y libertades son protegidos por la Constitución y garantizan la igualdad y la libertad de todos los españoles.

El Título Primero se divide en capítulos que abordan diferentes aspectos de los derechos y libertades, como la nacionalidad, la igualdad y las libertades públicas.

El reconocimiento de los derechos fundamentales en un Estado de derecho, como la libertad, la igualdad y la seguridad, como pilares para la dignidad humana.

Este capítulo trata sobre la ciudadanía, la mayoría de edad y los derechos de los extranjeros en España.

El principio democrático que establece que el poder del Estado proviene del pueblo.

Este capítulo establece los principales derechos y libertades de los españoles, divididos en dos secciones.

La democracia reconoce la diversidad de grupos sociales y sus intereses, permitiendo que todos puedan participar en el proceso político.

Este capítulo establece los principios básicos que guían las políticas social y económica de España.

Un sistema democrático que fomenta la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Este capítulo establece los mecanismos para proteger y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

La obligación de que la actuación de los poderes públicos siempre se ajuste al ordenamiento jurídico.

La organización de las normas jurídicas según su rango y nivel de importancia, donde las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior.

Este capítulo contempla las excepciones a los derechos y libertades, en situaciones de emergencia o estado de excepción.

La Constitución de 1978 se basó en un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para establecer un sistema democrático y estable.

La Constitución Española del 78 está escrita en un documento formal que es la ley suprema del país, a diferencia de sistemas como el inglés donde las leyes derivan de costumbres y textos históricos.

La Constitución de 1978 es extensa porque contiene una gran cantidad de normas, derechos, y principios que no se limitan a un pacto mínimo, sino que buscan orientar el funcionamiento del Estado en diferentes aspectos.

La Constitución Española es rígida, solo se puede modificar a través de procedimientos especiales, más complejos que la aprobación de leyes ordinarias, para proteger el sistema democrático y evitar cambios drásticos.

La Constitución de 1978 establece una serie de valores fundamentales que guían la organización del Estado y las relaciones entre ciudadanos, como la democracia, el Estado de Derecho, y los derechos humanos.

La Constitución española garantiza un extenso catálogo de derechos y libertades, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La Constitución define las relaciones entre las Cortes Generales (el Parlamento) y el Gobierno, estableciendo un sistema de checks and balances para que ningún poder tenga demasiado poder.

La Constitución Española permite que la estructura territorial del país se pueda adaptar a las necesidades y deseos de las regiones, permitiendo la creación de comunidades autónomas.

Valores fundamentales del Ordenamiento Jurídico español, establecidos en el artículo 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

Los valores superiores tienen carácter normativo inmediato, lo que significa que vinculan a los poderes públicos en su actuación, incluyendo su función legislativa e interpretativa.

Los valores superiores obligan a todos los poderes públicos, incluyendo el legislativo y el judicial. Vinculan al legislador al momento de crear leyes y a los jueces al momento de interpretarlas.

La libertad está protegida por la Constitución a través de varios artículos, incluyendo el 17 CE (libertad personal), el 9.2 CE (realización de la libertad e igualdad) y el 25.3 CE (prohibición de sanciones que impliquen privación de libertad).

Derecho a la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida ilegalmente. El artículo 17 CE establece la ley que regula este procedimiento.

El artículo 24 CE reconoce el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos.

El artículo 25 CE establece este principio en relación con las sanciones, lo que significa que únicamente se pueden imponer sanciones en casos y formas previstos por la ley.

El artículo 117.1 CE destaca la independencia del Poder Judicial, que se administra en nombre del Rey. Los jueces son responsables únicamente ante la Ley.