Instrumento para la Protección de la Transmisión

El fenómeno en el que los gastos en prestaciones sociales aumentan en relación con la inversión pública.

La inversión pública ha disminuido significativamente en España en los últimos 20 años.

Las prestaciones sociales incluyen las prestaciones en efectivo y las transferencias sociales en especie.

El gasto en prestaciones sociales en España ha aumentado notablemente desde la crisis de 2008, especialmente en términos de PIB y per cápita.

El envejecimiento de la población es una de las principales razones del aumento del gasto en prestaciones sociales.

La mayoría del gasto en prestaciones sociales en España se destina a las pensiones.

El gasto en inversión y transferencias de capital en España está por debajo de la media europea.

El gasto en desempleo aumenta en épocas recesivas.

El aumento constante de los tipos de interés puede aumentar significativamente los gastos por intereses, creando preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El sector público español se caracteriza por una gran participación de la remuneración por asalariados en su gasto total, en comparación con otros países europeos, lo que muestra diferentes modelos para la provisión de bienes y servicios.

La composición del gasto público se divide en varias categorías, con las principales siendo protección social, servicios de las AAPP, salud, asuntos económicos y educación, concentrando en conjunto el 90% del gasto total.

España presenta un gasto público menor que la media de la UE-15, aunque en algunas partidas menores, como orden público, medioambiente y ocio, el gasto es ligeramente superior.

El gasto en protección social representa una importante parte del gasto público, habiendo aumentado en los últimos años tanto en España como en la UE-15.

El gasto en educación en España es menor que en la UE-15, tanto en relación al PIB como en peso sobre el gasto total.

El gasto en sanidad es una partida grande y ha aumentado en los últimos años, pero ha mostrado una tendencia decreciente entre 2008 y 2019.

El gasto social, que incluye la sanidad, la educación y la protección social, ha aumentado significativamente en los últimos años, tanto en España como en la UE-15.

Las subvenciones son el segundo mayor instrumento de inversión en asuntos económicos, representando un porcentaje similar al de la UE-15 (23% del total de gasto en asuntos económicos).

El gasto en transporte abarca casi dos tercios del gasto total en asuntos económicos en España. Las subvenciones y el gasto de capital son las principales formas de inversión.

El gasto en servicios públicos generales incluye: pago de intereses de la deuda pública, contribución al presupuesto de la UE, gastos operativos de las AAPP y investigación básica.

España destina un porcentaje ligeramente superior al promedio de la UE en gasto en servicios públicos generales, aunque la composición y la dinámica del gasto son similares.

Las transacciones de deuda representan la mayor parte del gasto en servicios públicos generales. Incluye el pago de intereses de la deuda pública y ajustes financieros.

La subfunción de investigación básica se centra en el avance del conocimiento científico sin aplicación práctica inmediata.

El gasto en protección social es el mayor tanto en España como en la UE. España dedica un mayor porcentaje en relación a sus agregados europeos.

La comparación internacional del gasto en protección social debe tener en cuenta las diferencias institucionales entre países.

El gasto social neto de España, que incluye salud y políticas activas de empleo, es del 51,6%, superando la media de la UE-15 (45,4%).

El gasto en protección social representa el 93% del gasto total en este capítulo en España.

Las transferencias sociales asociadas a la edad avanzada (pensiones) son una parte importante del gasto en protección social en España.

En España, se gasta una parte considerable en protección social relacionada con enfermedades y discapacidades, además del gasto en desempleo.

El gasto en orden público incluye servicios como la policía, los bomberos, los tribunales de justicia y las prisiones.

El gasto en ocio, cultura y religión abarca servicios recreativos, culturales, de radio y televisión, y religiosos.

Este tipo de gasto incluye la gestión de residuos y aguas residuales, la reducción de la contaminación y la protección de la biodiversidad y el paisaje.

Este capítulo incluye el gasto en defensa militar, ayuda militar exterior y la investigación y desarrollo relacionados con la defensa.

Un sistema de financiación para Cataluña que busca una mayor autonomía fiscal, con la gestión independiente de impuestos y la transferencia de competencias del Estado.

El acuerdo propone que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione gradualmente todos los impuestos en Cataluña, aumentando su capacidad normativa.

La Generalitat haría una contribución al Estado por los servicios que este siga prestando, mediante un porcentaje de los ingresos tributarios.

La aportación de la Generalitat a las finanzas del Estado incluye una contribución a la solidaridad para apoyar a regiones con menor renta.

La gestión de la financiación autonómica en Cataluña busca cubrir los costes de los servicios públicos y promover la solidaridad interterritorial.

Se propone una gradual transferencia de competencias del Estado a la Generalitat en materia de gestión tributaria.

El acuerdo se basa en una relación bilateral con el Estado, implicando la transferencia de medios materiales y personales para la gestión tributaria.

La Generalitat busca un aumento importante de su capacidad normativa en materia tributaria.

La solidaridad entre regiones no se ve afectada por las decisiones fiscales internas de cada región. El sistema de financiación calcula la contribución de cada región antes de que estas bajen o suban sus impuestos.

El principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómica implica que las autonomías deberían recibir una financiación proporcional a su contribución al sistema.

La reducción de impuestos por parte de una región no implica una mayor asignación de ingresos ni una reducción de su contribución al sistema de financiación.

Un gobierno regional no puede pretender estar fuera del régimen común de financiación y al mismo tiempo influir en su diseño.

Si una región baja sus impuestos, debe asumir las consecuencias, como peores servicios o prestaciones, ya que no recibirá más financiación.

Las regiones que reclaman una mejor financiación debido a un sistema desfavorable no tienen derecho a reclamar una compensación por la reducción de impuestos.

La valoración de la financiación regional debe hacerse antes de cualquier cambio en los impuestos, para evaluar la situación "a igual esfuerzo fiscal".

El sistema de financiación autonómica debe ser justo y equitativo, considerando la contribución de cada región y las necesidades de la población.